¿APROBARÁN LAS CORTES DE ARAGÓN UNOS PRESUPUESTOS INCONSTITUCIONALES?

Esta Asociación se dirigió, a los pocos días de publicarse el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2010, en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, al Presidente de las Cortes de Aragón, al Presidente de la Comisión de Economía y Presupuestos y a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para advertirles sobre una serie de aspectos del régimen de gastos de personal que, a juicio de esta Asociación, resultaban manifiestamente ilegales y contrarios al Estatuto Básico del Empleado Público.

También nos dirigimos a todos los miembros del Gobierno de Aragón y a los titulares de las Secretarías Generales Técnicas de todos los Departamentos de la Administración autonómica, apelando a su sentido de la responsabilidad pública para que corrigiesen previsiones de gasto público -en materia de retribuciones a funcionarios- manifiestamente ilegales.

Si las retribuciones básicas de un funcionario son las correspondientes a su Cuerpo de pertenencia, como se señala en el Estatuto Básico, cómo puede decir el Proyecto de Ley de Presupuestos que, en ciertos supuestos, cabrá percibir las retribuciones básicas de un Cuerpo superior. No caben excepciones. Tal previsión es contraria a la legislación básica en materia de función pública y, consecuentemente, vulnera el régimen de distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, es decir, el bloque de constitucionalidad a que quedan sujetas tanto las leyes estatales como las leyes autonómicas.

Ni el Gobierno de Aragón ni las Cortes de Aragón ignoran cuál es el vicio en que incurre una Ley que vulnera el bloque de constitucionalidad: vicio de inconstitucionalidad. ¿Qué poderosas razones pueden llevar al Gobierno de Aragón a quebrantar la legislación básica estatal en una cuestión tan irrelevante como las retribuciones básicas de ciertos funcionarios? ¿Qué razones pueden llevar a las Cortes de Aragón a aprobar dicha previsión? La intrascendencia del tema, sin embargo, ilustra hasta qué punto se ha perdido por los titulares de nuestras instituciones políticas el sentido del sometimiento a la legalidad y del respeto a la Constitución.

¿Cabe reunirse a celebrar la Constitución con altisonantes discursos, como el del Presidente de las Cortes de Aragón, mientras se vulneran sus preceptos al mismo tiempo, aprobando un proyecto de ley de presupuestos que infringe el régimen competencial en materia de función pública? ¿Cabe alertar del peligro de la corrupción, cuando se pretende al mismo tiempo fijar retribuciones superiores a las permitidas por la ley? ¿Cabe deslegitimar de un modo mayor a las Cortes de Aragón que promoviendo la aprobación de leyes inconstitucionales?

Es posible que quienes hoy dirigen las instituciones autonómicas se permitan despreciar una y otra vez nuestras razones -es posible que se sientan cómodamente parapetados tras sus mayorías, sus pactos y todas las prerrogativas que otorga el poder-, pero pueden estar seguros que no hay poder posible que, en un Estado de Derecho, triunfe sobre la Ley. No responden, no dan razones, no respetan leyes ni derechos. No son, sin embargo, tiempos de bonanza para que los ciudadanos se despreocupen sobre la gestión del dinero público. No son tampoco tiempos en que la confianza ciudadana exima de controles y rendiciones de cuentas.

Esta Asociación, porque está compuesta por funcionarios públicos, no va a tolerar que se vulnere la legalidad retributiva de la función pública. No vamos a aceptar, como si fuesen una dádiva de gobierno y sindicatos, retribuciones ilegales. Es fácil ser generoso con el dinero ajeno, el de los ciudadanos. Queremos ser escrupulosos con el gasto público, y eso empieza por las retribuciones propias.

No criticaremos las dietas que perciben los miembros del Gobierno de Aragón por su presencia en consejos de administración de empresas públicas -una percepción que se prohibe expresamente en la Administración General del Estado-, sin criticar antes y en primer lugar los conceptos irregulares que este Gobierno ha incorporado a la nómina de los empleados públicos de la Administración autonómica. Que nadie espere ningún pacto de silencio sobre esta cuestión por parte de esta Asociación.