Zaragoza, 2 de julio de 2009.
El próximo día 14 de julio, en lugar y hora todavía a determinar, se celebrará el primer Coloquio público de la Asociación, para el que se contará con la presencia de un Asesor de la Oficina del Justicia de Aragón, que realizará un resumen del tratamiento que las cuestiones relativas a la Administración y la Función Pública han recibido durante el pasado año 2008 por parte de la Institución.
Dicho análisis partirá de las actuaciones y resoluciones recogidas en el último Informe Anual elaborado por el Justicia de Aragón, cuya presentación a las Cortes de Aragón tuvo lugar el pasado día 25 de junio, en un Pleno extraordinario de la Cámara convocado a tal efecto.
La celebración de coloquios públicos, como fórmula de debate e intercambio de ideas, a partir de la exposición inicial de un ponente, es una iniciativa acordada por la Junta Directiva de la Asociación para profundizar en el análisis de cuestiones relevantes para el buen gobierno y la buena administración. Para estrenar dicha fórmula, se ha considerado oportuno aprovechar la reciente presentación del Informe Anual del Justicia de Aragón, para sostener un diálogo con un representante de dicha Institución y conocer la percepción que desde el Justiciazgo se tiene de la situación y evolución de las Administraciones Públicas aragonesas, cuya supervisión lleva a cabo con motivo de la tramitación de las quejas presentadas o actuaciones de oficio acordadas.
Interesa, en particular, conocer la acción del Justicia de Aragón en relación con las diferentes cuestiones que afectan a la función pública aragonesa, sin olvidar que la propia Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha formulado un buen número de quejas ante dicha Institución sobre diferentes aspectos del funcionamiento de la Administración aragonesa y del régimen de función pública, con especial incidencia en los aspectos del sistema de selección de personal, al afectar al ejercicio del derecho fundamental de acceso a las funciones públicas por parte de los ciudadanos.
Consideramos extraordinariamente útil que la relación con la Institución del Justicia, tanto por parte de esta Asociación como por todos los servidores públicos o ciudadanos interesados en el buen funcionamiento de las Administraciones Públicas y en el reforzamiento de su profesionalidad, pueda contar con espacios de encuentro o contacto directo, de diálogo e intercambio de ideas, a partir de un mutuo deseo de avanzar en la garantía de los valores y principios que tanto la Constitución española como el Estatuto de Autonomía de Aragón establecen para la actividad de las administraciones públicas y la labor de quienes trabajan a su servicio.
BATALLA LIBRADA EN ANDALUCIA CONTRA LA ADMINISTRACION PARALELA:
ResponderEliminarHemos conseguido que el TSJA, en una sentencia pionera en nuestra comunidad autónoma, anule la Orden que encomienda ilegalmente la gestión de potestades públicas a la fundación FAFFE y estime el recurso interpuesto por nuestro Sindicato.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, ha dado la razón a nuestro Sindicato en un recurso interpuesto contra la Orden de 4 de septiembre de 2008 (Ver Orden) del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que formaliza un acuerdo de encomienda con la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (FAFFE) (Ver Sentencia).
El "quid" de la cuestión está en que la encomienda de gestión contiene el ejercicio de potestades administrativas al personal laboral de la FAFFE, que no ha accedido a la Administración en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, dista mucho de la legalidad vigente que reserva dichas funciones, en exclusiva, a los funcionarios para garantizar los derechos de los ciudadanos. Situación que SAFJA lleva años denunciando y que se traduce en el famoso engorde de la conocida como "administración paralela", en detrimento, por supuesto, de la Función Pública.
La excepcional sentencia estima nuestro recurso, declara contraria a derecho la Orden impugnada y su consiguiente revocación. Además, el TSJA rebate la descarada argumentación de la Junta que asegura que las actividades desarrolladas a través de dicha encomienda, "no es más que una mera asistencia técnica". Pero el artículo sexto de la Orden recurrida deja ver que existen prerrogativas a favor de la fundación que suponen el ejercicio de potestades administrativas, como la anulación de participantes y cursos, "tareas que exceden del contenido legal que, en esta ocasión, la FAFFE puede tener".
El artículo 9.2 de la Ley 7/2007, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), recoge que "en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca".
sigue:
ResponderEliminarLa Junta se respalda en el artículo 106 de la Ley 9/2007 del Parlamento Andaluz pero parece ignorar el último párrafo que dispone claramente que "la encomienda de dichas actividades no podrá implicar, en ningún caso, la atribución de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo".
Es más, la Sala advierte que "en el futuro, a la vista de las funciones que la Administración quiera atribuir a la referida fundación, decida qué tipo de personal debe servirlo conforme a la legislación sobre función pública", es decir, personal funcionario si se trata de potestades públicas.
Esta sentencia, pionera contra la ejecución de lo establecido por la Ley 9/2007 del Parlamento Andaluz, marca un antes y un después en nuestra lucha constante contra la estrategia de la Junta de ceder competencias de sus Consejerías a su entramado de empresas públicas, fundaciones, agencias, etc. Casos como los protagonizados por las empresas públicas Dapsa y Egmasa han dado mucho de qué hablar, ya no sólo por las investigaciones abiertas o las protestas masivas, sino por la política de privatización pausada de los servicios públicos que la Administración está llevando a cabo.
Como siempre, y a pesar de este nuevo éxito, desde SAFJA seguiremos luchando para que se cumpla la legislación vigente y acabar, así, con este descarado engorde de la "administración paralela", creada por la Junta con la excusa de agilizar los trámites cuando, en realidad, se está gestionando el dinero público con los menores controles posibles, así como la contratación digital de personal. En la actualidad, nuestro Sindicato tiene seis recursos interpuestos sobre este tema que reduce considerablemente la Función Pública y perjudica gravemente la creación de empleo estable y de calidad en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.
EN TODAS PARTES CUECEN HABAS:
ResponderEliminarLo de FAFFE es la punta del iceberg. Todas las fundaciones, asistencias tecnicas de empresas privadas, empresas publicas... tienen a su gente haciendo las funciones de funcionario, en la mismisima delegacion o consejeria, atendiendo al publico... El descaro es impresionante. y esto es asi desde hace años
Del blog de José Luis Valero:
ResponderEliminarDesmantelar los chiringuitos.
2 Julio, 2009.
La propuesta de disolver Asael y de integrarla en la Federación Aragonesa de Municpios, Provincias y Comarcas (FAMPC) es una opción si antes hay una limpieza clara de todos los chiringuitos montados por unos y otros que han acabado siendo agencias de colocación para afines, militantes, cargos públicos y allegados. Por higiene democrática y con la que está pasando, lo mínimo es poner en solfa todas estas entidades, aclarar sus cuentas y ponerlas en orden. Ver si sirven para algo y una vez analizadas suprimirlas o mantenerlas, pero con total transparencia pública y parlamentaria.
Sería necesario hacer extensible todo a ciertas empresas y sociedades públicass dependientes del Gobierno de Aragón para saber de una vez si son también agencias de colocación para intereses partidistas y conocer sus cuentas, presupuestos y balances. El PAR tiene la obligación de realizar un ejercicio de máxima transparencia para ver si logra remontar esta tormenta y no seguir perdiendo credibilidad, así como evitar una ruptura interna en mil pedazos que cada vez es más probable.
El PSOE debería reflexionar y poner medidas para no verse arrastrado en la caída por sus socios en el Ejecutivo aragonés. A esta marcha le están poniendo en bandeja al PP las próximas elecciones. Los socialistas tendrían que replantearse los pactos e incluso la posibilidad de dar un giro total o de ejercer en solitario. Y eso puede venir con una crisis de gobierno, cambiando muchas cosas y bastantes nombres. Y si es necesario hasta de socios, salvo que el PAR reaccione y limpia su casa de una vez por todas.
El panorama político aragonés parece cada vez más abierto e imprevisible.
ResponderEliminar¿Qué sucederá mañana?
¿A quién imputarán? ¿A quién denunciarán? ¿A quién cesarán?
Parece que se pierde el control de la situación: signo inequívoco de agotamiento del ciclo político de este gobierno.
Guiral, algún día se reconocerá el enorme valor que has demostrado al encabezar esa asociación y el coraje con el que has actuado.
ResponderEliminarGracias por tu actitud, de la que todos salimos beneficiados, que no hay que confundir con lucrados.
GENTE CON GUSTO:
ResponderEliminarLa ex concejala del PSOE y actual presidenta de la compañía pública Tragsa, Luisa Graña, habría iniciado una reforma multimillonaria de su despacho principal y entorno cuyo coste llegaría a 275.000 euros, al cambio unos 46 millones de las antiguas pesetas.
(Tomado del diario digital Atlántico, de Vigo)
Esta Asociación es un reducto de dignidad en medio de la ciénaga.
ResponderEliminarY los frentes y el trabajo se multiplican. ¿Llegaréis a todo? Ánimo.