Zaragoza, 2 de julio de 2009.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa dirigió ayer al Justicia de Aragón escrito de queja frente a la vulneración del Estatuto de Autonomía de Aragón que supone la actuación del Gobierno de Aragón, al proceder al establecimiento y abono de un anticipo de carrera a los empleados públicos de la Administración aragonesa, en el marco del futuro desarrollo legal del Estatuto Básico del Empleado Público, todavía no aprobado por las Cortes de Aragón.
El régimen transitorio de las leyes lo han de prever, en su caso, las propias leyes, y el Estatuto Básico del Empleado Público no ha autorizado que las Comunidades Autónomas puedan establecer, con anterioridad a la aprobación de las Leyes de Función Pública que desarrollen dicho Estatuto Básico, medidas de anticipación de tal regulación, y mucho menos aquellas que afecten al régimen retributivo de los empleados públicos.
Entendemos que el anticipo de carrera, resultante del acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Administración General de 13 de agosto de 2008, no tenía otra finalidad que asegurar a los empleados públicos la percepción de unos conceptos económicos todavía no regulados legalmente ni presupuestados o autorizados por las Cortes de Aragón, en la forma que exige tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como el propio Estatuto de Autonomía de Aragón. Estamos, en consecuencia, ante un gasto público sin habilitación legal para su ejecución.
Lo actuado supone, entre otras cosas y a juicio de esta Asociación, un directo menoscabo de la función reservada a las Cortes de Aragón, toda vez que el Estatuto de Autonomía de Aragón les atribuye, en su artículo 33.1, el ejercicio de la potestad legislativa y la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Es decir, con dicho anticipo el Gobierno de Aragón no sólo conculca el principio de legalidad, sino la misma separación de poderes que, entre Ejecutivo y Legislativo, establece el Estatuto de Autonomía.
La atribución a las Cortes de Aragón de la potestad para aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma y, consecuentemente, autorizar el conjunto de los gastos públicos, incluidos los gastos de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma, ha sido ignorada por el Gobierno de Aragón, hurtándose con ello el debate público sobre la procedencia y oportunidad de dicho gasto público.
Ha de quedar claro que la negociación colectiva no puede suplir o desplazar la función normativa que se reserva al Legislativo en materia de función pública –desarrollo legal del Estatuto Básico del Empleado Público- ni puede ser el mecanismo para crear nuevos conceptos retributivos de los empleados públicos.
Por lo tanto, el establecimiento de un régimen transitorio de la carrera profesional que perfila en el Estatuto Básico del Empleado Público –pendiente de desarrollo legal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón- no es ni puede ser facultad del Gobierno de Aragón, de modo que la ratificación por dicho órgano de lo acordado por la Mesa Sectorial de la Administración General carece de toda validez jurídica y constituye un directo menoscabo de las potestades reservadas a las Cortes de Aragón.
Por todo ello, esta Asociación se ha dirigido a la Institución del Justicia de Aragón, a la que el Estatuto de Autonomía, en su artículo 59, atribuye, entre otras, la misión específica de velar por la defensa del Estatuto de Autonomía, función que ha de ejercer, si procede, frente a actuaciones de las restantes instituciones de la Comunidad Autónoma, como sucede en el presente caso.
Baste finalmente recordar que tanto la división de poderes como el principio de legalidad son dos elementos definitorios del Estado de Derecho, cuya vulneración por parte del Gobierno de Aragón da una idea precisa de la deriva que sufre nuestra Comunidad Autónoma en cuanto a su funcionamiento institucional.
La deriva es evidente, y hace falta estar ciego para no verla.
ResponderEliminarBaste ver que las desviaciones de fondos públicos se califican como problemas internos de los partidos.
ResponderEliminar¿Serán problemas de tesorería?
¿Otra vez con el mismo tema?
ResponderEliminarBueno, supongo que no se hace más que dar cumplimiento a la decisión adoptada en la reunión de la Junta Directiva, con la prontitud que requiere el tema y las fechas de verano que se nos echan ya encima.
ResponderEliminarNO SOLO LOS ANTICIPOS, NO SOLO:
ResponderEliminarEl Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha puesto en cuestión la mayoría de los beneficios y ventajas sociales y económicas que disfrutan los funcionarios del Ayuntamiento de Málaga.
El alto tribunal andaluz, en una sentencia dada a conocer a primeros de septiembre de 2008 a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, considera "ilegal" que los funcionarios del Ayuntamiento de Málaga cobren y reciban dinero por matrimonio, por natalidad, por hijos o cónyuge discapacitado, para ayuda escolar, para gastos farmacéuticos o para prótesis.
En la misma sentencia, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior declara igualmente "fuera de la ley" los complementos que los funcionarios reciben por familia, como son las indemnizaciones por jubilación, las gratificaciones al cumplir 25 años de servicio o la prima de la póliza de seguros.
La sentencia tiene causa en el recurso interpuesto por la Administración del Estado contra el acuerdo de funcionarios (convenio colectivo) del Ayuntamiento de Málaga del año 2000.
El artífice de dicha impugnación fue el entonces subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio. La sentencia ahora dictada va más allá del acuerdo del año 2000 al declarar "ilegales" todas las anteriores prestaciones.
Complemento. La sentencia tira para atrás el llamado ´complemento familiar´ que perciben todos los funcionarios, con independencia de sus demás retribuciones, en función de sus cargas familiares. Este complemento supone una asignación por matrimonio y una bonificación por hijo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que el establecimiento de esta asignación "no es competencia del Ayuntamiento".
En cuanto a las asignaciones para gastos farmacéuticos, en razón de matrimonio, por enfermedad, por hijo o cónyuge discapacitado, para la compra de prótesis o para ayuda escolar, el TSJA señala que se trata de medidas "de asistencia social que para los funcionarios ya están contempladas dentro de la Seguridad Social".
En cuanto a las gratificaciones de carácter económico por jubilación o por 25 años de ejercicio laboral, señala la sentencia del Tribunal que la antigüedad "es una contingencia que ya está protegida en la Seguridad Social" (...) y el premio por los 25 años "debe anularse" pues la antigüedad "ya se plasma en el concepto retributivo del trienio".
Lo mismo ocurre con la prima del seguro de vida que se anula al implicar "el abono de retribuciones no previstas para los funcionarios".
Vaya, parece que se acaban alguno de los chollos. Me parece justo y necesario.
ResponderEliminarEste es el mal de todos, las autonomías.
ResponderEliminarYo no me voy a quejar de los sueldos , lo que pasa es, lo que nos dan por ello es lamentable.
ResponderEliminarYo pienso que esto es intolerable. Debería de haber una norma a nivel estado que restinga este atropello. Es un insulto a a la dignidad humana del resto de ciudadanos que acatamos sueldos basura, EREs, subsidios, pensiones y tenemos que hacer filigranas para llegar a fin de mes, sin tener que salir a la calle a pedir limosna.
ResponderEliminarEste sistema de la PARTITOCRACIA ya no convence a nadie, ha resultado ser un engaño en donde los ciudadanos solo participamos cada cuatro años para dar el voto...despues si te he visto no me acuerdo y a forrarme el bolsillo. Este sistema tiene que cambiar, los politicos son los señores feudales de esta era y los asesores sus cortesanos.
ResponderEliminarNo es el problema el costo de los cargos publicos, si no, lo que producen.
ResponderEliminarHay tanto inútil, que en vez de cobrar, deberían de pagar.-
Lo que es triste es que en lo unico que existe acuerdo en los politicos en los distintos parlamentos, juntas y plenos es en ponerse unos sueldos escandalosos.....para eso siempre hay acuerdo.....Fuerte poca verguenza
ResponderEliminarlo mas penoso es que esos sueldos son acumulables y de por vida
ResponderEliminarLos cargos políticos deben tener sueldos dignos. Lo que es inadmisible es, y debe ser perseguido de oficio por la fiscalía anticorrupción, son los desmanes de algunos de ellos, que se lucran del erario público para asegurarse el futuro sin tener que dar golpe.
ResponderEliminarNo confundamos funcionarios y cargos públicos, aunque si los cargos públicos son tan poco cuidadosos con la legalidad de los sueldos de los funcionarios, excuso decir ...
ResponderEliminarPara reflexionar:
ResponderEliminarJubilarse antes de tiempo no es fácil en la Seguridad Social, pero resulta algo más que habitual en la función pública. Nada menos que el 58,7% de los funcionarios deja de trabajar antes de cumplir los 65 años, la edad legal de jubilación fijada para el sector privado. Pero lo que resulta todavía más significativo: el 32,4% de los funcionarios -es decir, uno de cada tres- lo hace mucho antes. Se jubila tras haber cumplido los 60 años.
Las cifras se refieren al año 2007, y las publica la dirección general de clases pasivas, dependiente del Ministerio de Economía. Y lo que ponen de relieve es el diferente tratamiento que hace el sistema público de pensiones en función de si el pagador es la Seguridad Social o el régimen de clases pasivas, en el que se incluye a los funcionarios públicos. Los últimos datos de la Seguridad Social indican, de hecho, que el 40,8% de los trabajadores (incluyendo todos los regímenes) se jubila antes de cumplir los 65 años. Es decir, 18 puntos porcentuales menos que en el caso de los empleados públicos. Si la comparación se hace con los trabajadores autónomos, el resultado es todavía más elocuente. El porcentaje de trabajadores por cuenta propia que se jubiló el pasado mes de diciembre con menos de 65 años se sitúa únicamente en el 11%. El 89% restante lo hace pasado la edad legal de jubilación.
La diferencia, con ser grande, es todavía más reveladora si se tiene en cuenta que, en el caso de la función pública, se trata de un derecho del trabajador, mientras que en el sector privado -en la mayoría de los casos- es consecuencia del cese involuntario en la actividad, ya que jubilarse antes de los 65 años conlleva la aplicación de fuertes coeficientes reductores que pueden mermar hasta en una cuarta parte la cuantía final de la pensión.
Resulta patético, que la gente, en general, tenga un concepto tan malo de quien en un momento dado es el que le puede defender de la cacicada de turno, porque no digamos de médicos, enfermeros y demás, solo hay que ver como se les ha tratado en las últimas décadas que todo el que puede se las pira y en España empezamos a tener problemas
ResponderEliminarLo que es una pena es, que en España haya tan poco espíritu emprendedor y que todos quieran ser funcionarios en lugar de empresarios.
ResponderEliminarEsto no es malo en si mismo, porque tiene que haber servicios públicos, pero no crea empleo como lo hace un país de emprendedores.
Cada vez que pienso que la mitad de lo que yo le pagaría a un trabajador se lo lleva el Estado para pagar a todos estos sueldos y jubilaciones me cabreo.
ResponderEliminarEn esta crisis, la única empresa del país que no rebaja sus precios es: El Estado [y estaditos] ellos siguen cobrando unos impuesto de barbaridad para que funcionarios, CCOOs, UGTs y políticos [concejales, asesores, etc...] sigan viviendo como si no estuviera pasando nada, como si la crisis no existiera
ResponderEliminarContemplar cómo los directores nombran a dedo a amiguetes, novias/os, y colegas del mismo partido, en general sin ninguna preparación o experiencia para el puesto. Esto es demoledor para un funcionario de carrera.
ResponderEliminarCuando no haya dinero para pagar al número de funcionarios que hay en España, veremos lo que pasa,.Nadie está libre de que empeore su situación,. Nadie es intocable.Cuando las empresas no puedan soportar la cargas fiscales y la falta de rentabilidad, vermos entonces si los privilegios se mantinen. A todo el mundo le toca alguna vez, sea funcionario o no la crisis la vamos a sufrir todos.
ResponderEliminarCuando un pobre desgraciado autonomo por ejemplo vá a la hacienda pública o a otro organismo recaudatorio para decir que no puede pagar, el funcionario sin cortarse un pelo le dice que sino puede pagar que cierre el negocio.
ResponderEliminarPero ese mismo funcionario cuando no le suben el IPC en su sueldo monta huelgas y protestas. ¿Por qué no se aplica la misma medicina y se busca otro empleo que le pagen más?
Jovenes y jovenas preparensen solo para ser servidores de lo público que tiene mucho mérito y se trabaja poco y estas "empresas" no cierran nunca y el sueldo es seguro.
Pero mejor aún es que se preparen para ser politicos que en 8 años de "servicio al pueblo" tienen la jubilación máxima asegurada.
Visto lo visto hay que ser muy gilipollas para trabajar en una empresa privada y si es una pyme o mico-empresa más gilipollas y si es de autonomo el calificativo no lo puedo escribrir.
Hay que congelarles el sueldo,son unos privilegiados,pues para que ellos pierdan el empleo, tenemos todos que haber perdido el nuestro.
ResponderEliminarEl problema es que ZP no tiene huevos para hacerlo, no vaya a ser que pierda votos,que es lo único que le importa
no, si ahora la culpa de la crisis la tienen los funcionarios,que son los que se lo han llevado calentito, venga menos demagogia
ResponderEliminarSer funcionario es un chollo, repasemos:
ResponderEliminarpuesto de trabajo vitalicio
horario intensivo y de 7 horas [si quitamos el café seis]
días moscosos y demás historias
responsabilidad ninguna [dependéis de los beneficios del Estado ?????]
ayudas varias [sanidad, educación]
puedes elegir entre S.Social o sanidad privada
Y me gustaría ser funcionario, pero desgraciadamente no puedo porque tengo que trabajar para comer [no puedo permitirme el lujo de no currar y en el paro no quiero estar porque es una experiencia terrible] y no tengo tiempo para estudiar [trabajo de 9-18 de lunes a viernes, pero nunca salgo antes de las 19h, y este horario es bueno antes tenía de 8:30-19:00 y no salía antes de las 20:00], la mayoría de los funcionarios lo son porque les han mantenido para que aprueben las oposiciones [muy pocos las han sacado trabajando en puestos de responsabilidad], así que dadles las gracias a vuestros padres.
Lo único que os pedimos es que os ganéis el sueldo, que cumpláis el horario y nos tratéis como personas [como la gente del INE, que, por lo menos a mí, me tratan de maravilla e intentan sacar su trabajo lo mejor posible]
A ver qué dice el Justicia de Aragón, pues el tema se las trae si se mira bien.
ResponderEliminar¿Estaríamos ante una usurpación de funciones? ¿Un delito contra la separación de poderes?
NO TODOS SON IGUALES:
ResponderEliminarNo todos los del PAR somos iguales,ni estamos de acuerdo con Bone y su gente, que se han creido que el PAR y la Consejeria de Medio Ambiente es su cortijo. A los que no estan de acuero con ellos los repudian. Si voviera Hipolito Gomez de las Roces, los echaria como a lo mercaderes del templo.
Y tiene razón. El templo reducido a una cueva de ladrones ... o eso decía el Evangelio.
DE ASAEL AL CNI EL MISMO MAL:
ResponderEliminarAlberto Saiz ha presentado su dimisión como director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según han informado fuentes de este organismo.
Saiz ha decidido abandonar el cargo tras las acusaciones de haber usado fondos públicos para fines privados, hecho que ha negado Saiz en sus comparecencias parlamentarias.
El ahora exdirector ha justificado su decisión porque de continuar podría acabar perjudicando la imagen del Gobierno de España, al "que ha servido lealmente".
¿LA TIERRA NOBLE?
ResponderEliminarMe alegro muchísimo de no vivir en un país tan lleno de mala uva, de malas palabras, de malas intenciones y de no ver la viga en el ojo propio. Es para desesperarse, de verdad.
GRAN AXIOMA:
ResponderEliminarLos que no son honrados no dimiten.
Jaime Aznar Auzmendi
ResponderEliminarPamplona
El 28 de mayo del 2007, el ministro de Agricultura y Pesca japonés, Toshikatsu Matsuoka, sorprendió a su país y al mundo cuando, horas antes de su prevista comparecencia pública en el Parlamento, se suicidó a fin de eludir las responsabilidades derivadas de su implicación en un escándalo financiero. He aquí una reacción desproporcionada y trágica, arraigada en el ancestral sentido oriental del honor. En Occidente, las noticias por corrupción están ahí para recordarnos, una vez más, la facilidad con la que se pueden diluir los valores colectivos y de compromiso en una sociedad. La prioridad personal más aberrante proyecta siempre la peor faceta del individualismo sobre el ejercicio de unas responsabilidades que afectan a todos, y más aún en tiempos de crisis. A cambio de esta agresión a la conciencia ciudadana, tenemos que oír las respuestas más insultantes de aquellas mismas mentes capaces de planear, durante meses, las trampas que a todos nos cuestan dinero: «Yo no sé nada, es un montaje de la oposición, no es verdad»… Esperemos que nada de todo esto tenga que saldarse con el coste de una vida.
Hay cientos de miles de casos que no salen en los diarios y que son atajados a tiempo por las administraciones. Fraudes, malversaciones, apropiaciones y falsificaciones de todo tipo acaban a menudo ante el juez sin que haya habido grandes titulares en la prensa. No son los sonados casos de corrupción los que retratan a un país, sino la actitud frente a ellos, e incluso el grado de vergüenza que manifiestan sus autores. Matsuoka sintió ese rechazo social y político que da la verdadera talla de una nación, aunque tomó una decisión equivocada.
Día Mundial del Vago.
ResponderEliminarSigrid Bou
Tona
Entre tantos días dedicados a las cosas más inauditas que podamos imaginar (Unicef ha fijado el 15 de octubre como Día Mundial del Lavado de Manos), propongo una nueva fecha en nuestros calendarios: el Día Mundial del Vago.
Los vagos son un colectivo cada día más numeroso y con la única fijación de alargar la lista de desempleados. Y no me refiero, por supuesto, a aquellos que se encuentran en el paro por la delicada situación que vivimos. Los métodos que utilizan son diversos, aunque yo solo hablaré del que conozco mejor. Es el trabajador tóxico. Es aquel que, con su actitud negativa, destroza el clima laboral y exaspera a los jefes. Se caracteriza por las bajas injustificadas, por atender asuntos personales en horas laborales y por estar murmurando continuamente.
La solución es alejarlo de la empresa, pero el final de la historia siempre es el mismo: pagar para acabar con el conflicto. Y el personaje en cuestión está en su casa con los bolsillos llenos y una pereza horrorosa para volver a buscar trabajo. «¿Para qué? –se pregunta–, si puedo vivir del paro?».
No debe centrarse el debate político en el tú eres más corrupto que yo. Urge subrayar otras diferencias. ¿Acaso no las hay?
ResponderEliminarLaberinto
ResponderEliminarHoy he cambiado el camino habitual. He visto un paisaje distinto, jardines nuevos, perros dormidos. Un hombre igual que yo venía en dirección contraria. «No hay salida», me ha dicho.
JOAN BARRIL.
A FAVOR DE LA LEY DE LENGUAS:
ResponderEliminarEls polítics ho han fet tan malament que han aconseguit que ningú amb una certa intel·ligència i amb personalitat s'atreveixi a entrar en un món tan podrit.
ESTO SE DICE EN EL FARO DE VIGO:
ResponderEliminarSe cumple el guión en las oposiciones que estos días se están celebrando en la Diputación Provincial de Ourense, en la que hijos y familiares de alcaldes del Partido Popular pasarán a formar parte de la dimensionada plantilla con que cuenta en la actualidad el organismo provincial, al superar de largo el millar de empleados.
Esto no hace más que rubricar lo que adelantó FARO hace un mes, concretamente en su edición del 2 de junio, cuando se inició el proceso con la publicación de la lista de admitidos, en la que aparecían los hijos de varios alcaldes, así como familiares directos y personas que formaron parte de las candidaturas que el PP presentó en las últimas elecciones municipales.
Las notas obtenidas hasta el momento, son el reflejo más claro de que las oposiciones "tenían nombre y apellidos", como se denuncia por parte de los grupos de la posición en la Diputación, PSOE y BNG, que en el pasado pleno solicitaron en vano la creación de una comisión de investigación, pues el grupo del PP utilizó la mayoría para rechazarla.
COCINA TIPICA:
ResponderEliminarme contó una vez un pajarito que estaba metido en el tema, que en toda España cocian habas, pero como las gallegas, ninguna.
Que raro, Faro de Vigo sacando noticias que perjudican al PP. De todas formas lo que pasa en Galicia con la oposiciones en donde gobierna el PP son una vergüenza y lo sabe todo el mundo.
ResponderEliminarINTUICION FELINA:
ResponderEliminarEsto lo sabe, en Orense, hasta al gato.
Lo de la Diputación de Orense da para un libro. Su cuadro de personal parece una esquela: "padres, esposa e hijos y demás familia..." . No sé como el PP aún tolera lo que se hace en ese organismo.
ResponderEliminaren mi empresa cuando se hace alguna promocion o sorteo, en las bases siempre figura la coletilla de que no podran participar ni los trabajadores ni los familiares directos de los trabajadores, asi que esto se solucionaria muy rapidamente, si para un pobre particular es valido y legal, ¿por que no se aplica la misma politica en las contrataciones de personal funcionario?
ResponderEliminarCLASICO Y MODERNO:
ResponderEliminarQueremos un PP moderno, que respete el principio de merito y capacidad en el acceso a la función publica.
¿pOR QUÉ NO SE USAN LOS ACENTOS?
ResponderEliminarEs peligroso tirar de algunos hilos.
ResponderEliminar¿mEJOR TIRARSE DE LOS PELOS?
ResponderEliminarLA VOZ DE GALICIA: TRAMA DOS FALSOS ARTESANS.
ResponderEliminarLas diputadas socialistas ourensanas Laura Seara y María Quintas y el senador Miguel Fidalgo denunciaron ayer la implicación de Rogelio Martínez, delegado territorial de la Xunta en Ourense, en la que calificaron como «trama dos falsos artesáns». Según explicó Seara, «é unha nova faceta da rede de corrupción montada no seu día na Arnoia», concello del que Martínez fue alcalde. «A trama corrupta foi creada ao amparo dos fondos do programa Leader II, da que xa denunciamos con anterioridade serias irregularidades que están sendo investigadas. Agora damos a coñecer este caso e xa anunciamos que haberá novas denuncias», añadió.
Seara explicó que, con cargo a los fondos europeos y siendo alcalde de A Arnoia Rogelio Martínez, se puso en marcha el proyecto Grupo de Artesáns Armiño, para crear cinco talleres de madera, forja, cerámica, plata y panadería. Según denunciaron ayer los socialistas, «estes talleres nunca funcionaron, a pesares de que se construíron as naves e que o Concello da Arnoia fixo de avalista dun préstamo por un importe de 546.921 euros». Seara denunció que los artesanos reconocieron que los talleres nunca funcionaron (solo el de bisutería pero durante 5 meses, cuando el mínimo exigido era 5 años), «e as naves foron logo vendidas ás empresas de construción e ao electricista que as fixo».
¿No recuerda algo a lo de ASAEL aquí en Aragón?
ResponderEliminarLEIDO EN EL NORTE DE CASTILLA:
ResponderEliminarO enderezan la situación, o se va al garete el prestigio del CES como órgano consultivo y «foro permanente y estable de participación y diálogo de los agentes económicos y sociales en la toma de decisiones de la política económica y sociolaboral».Desde hace días se sabe –y las fuentes que confirman que así ha sido son de las que en los medios de comunicación calificamos como dignas de todo crédito– que desde el Gobierno autonómico han vuelto a sugerir que no coincida el pleno del CES que aprueba el informe anual sobre la situación socioeconómica de Castilla yLeón y el pleno de las Cortes que debate sobre el estado de la Comunidad. En éste, se suele analizar el último año del Gobierno regional y arranca con un informe del presidente de la Junta con su análisis sobre cómo se encuentra Castilla yLeón y cómo ha incidido su gestión.
En el informe del CES se recogen las impresiones de los agentes sociales y económicos sobre cómo se encuentra la comunidad, basándose en datos de distintas fuentes oficiales.
Este segundo se parece al primero en el blanco de los folios. Únicamente. Por eso el interés del partido gobernante en que no salga el informe del CES antes del debate de la comunidad en las Cortes, para que lo que dice el órgano consultivo no sea utilizado en contra del presidente y su gobierno. Lo malo de esto, es que al aceptar el CES dicho aplazamiento pierde su quintaesencia. Es de los casos en los que la mujer del césar, además de ser honrada ha de parecerlo. Y con retrasar el informe quien más pierde es el propio CES. Allá él.
j.i. foces
Me gusta este barrido de la realidad española, acudiendo a la prensa de otros lares. Hay que trascender nuestra realidad para descubrir que es muy parecida a la de los otros. Que en todas partes se debate prácticamente lo mismo ...
ResponderEliminar¿Por qué habiendo tanta gente honrada e infinitamente más preparada hemos debido poner la gestión del dinero público en estas manos? Quitémosles esa enorme responsabilidad, desproporcionada para sus méritos y su capacidad, antes de que nos arruinen.
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