Zaragoza, 11 de febrero de 2009.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha recibido una comunicación del titular del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, por la que se acusa recibo de la queja dirigida a dicha Institución con motivo de la irregular provisión del puesto de Secretario/a General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, al haberse modificado las condiciones de dicho puesto en el transcurso del procedimiento de provisión, tras la publicación de su convocatoria, alterándose las condiciones retributivas incluidas en la misma, sin abrir, pese a ello, un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
No sólo el modo de proceder por la Dirección General de la Función Pública resulta inadmisible, por vulnerar frontalmente los principios de igualdad y publicidad en la provisión de puestos de trabajo. Sobre todo resulta inaceptable, desde un punto de vista jurídico, el razonamiento dado por el Consejero de Presidencia, Javier Velasco, al resolver el recurso potestativo de reposición formulado por esta Asociación contra la resolución de la citada convocatoria, en la que se señalaba que los procedimientos de provisión y de modificación de puestos son distintos e independientes, sin que interfieran entre sí, justificando con ello que los puestos convocados puedan verse modificados tras su convocatoria, falseando con ello el propio procedimiento de provisión, siendo todo ello, en opinión de los responsables de función pública, conforme al ordenamiento jurídico.
Lo insostenible de tal argumentación ha llevado a la Asociación a plantear quejas ante el Defensor del Pueblo y el Justicia de Aragón , al considerar que lo actuado supone una vulneración del artículo 23.2 de la Constitución española, por no respetar los principios de publicidad e igualdad que han de presidir el acceso a las funciones públicas y que resultan de aplicación en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo de las Administraciones Públicas.
Se reproduce la comunicación del Defensor del Pueblo, por la que se acusa recibo de tal queja, quedando pendientes de la decisión que se adopte por dicha Institución respecto a su admisión a trámite:
"Expediente: 09002112.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, se acusa recibo de su comunicación, que hemos registrado con el número de expediente arriba indicado, al que debe hacer referencia si se dirige de nuevo a esta Institución.
Le informo que se ha iniciado el estudio del asunto que ha sido sometido a nuestra consideración y se le mantendrá puntualmente informado de toda la tramitación relativa al mismo.
En todo caso, le indico que la presentación de un escrito en el Defensor del Pueblo no suspende la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales, ni tampoco interrumpe los plazos legales para recurrir contra ellas si fuera procedente.
Cordialmente,
Madrid, 4 de febrero de 2009.
Enrique Múgica Herzog".
¿Se les ha remitido a los Grupos Parlamentarios? ¿Han dicho algo? ¿Existen, viven, están despiertos?
ResponderEliminarEsperemos que también admita la queja e indague lo sucedido.
ResponderEliminarLa mayor parte de las quejas al Defensor del Pueblo Europeo son quejas proceden de ciudadanos que trabajan en las instituciones, normalmente aspirantes a funcionarios -sobre todo por las condiciones de las pruebas o exámenes-, funcionarios en activo y funcionarios ya jubilados.
ResponderEliminar¿pasará lo mismo con el Defensor del Pueblo español?
En la única ocasión en la que he acudido a el Ararteko, Defensor del Pueblo en el País Vasco, por unas pruebas a funcionario donde utilizaron unos test psicotécnicos para excluir del proceso selectivo a quienes quisieron (realizados sin ninguna garantía, a lápiz, sin entregar copia falsilla a los opositores, y sin dejar ver el examen corregido y sin saber jamás cuáles han sido los criterios de corrección) la respuesta ha sido que en temas de procesos selectivos ellos no pueden hacer nada por lo que no merece la pena reclamar. Tal cual. ¿Entonces quién nos defiende de los desaguisados de la Administración? ¿tendrán que seguir entrando todos los amiguitos con la connivencia de los demás? Todo esto ha ocurrido en la útima oferta pública de un ayuntamiento vasco grande. Y nadie ha reclamado nada: ni el Ararteko, ni los sindicatos ni los partidos políticos en la oposición. Todos en connivencia. Café para todos ellos. Como siempre. ¿Quién vela por el mérito, la capacidad y la igualdad que promulga nuestra constitución en el acceso a la función pública? Seguimos siendo un país de caciques, aún siendo autonomía.
ResponderEliminarEn la única ocasión en la que he acudido a el Ararteko, Defensor del Pueblo en el País Vasco, por unas pruebas a funcionario donde utilizaron unos test psicotécnicos para excluir del proceso selectivo a quienes quisieron (realizados sin ninguna garantía, a lápiz, sin entregar copia falsilla a los opositores, y sin dejar ver el examen corregido y sin saber jamás cuáles han sido los criterios de corrección) la respuesta ha sido que en temas de procesos selectivos ellos no pueden hacer nada por lo que no merece la pena reclamar. Tal cual. ¿Entonces quién nos defiende de los desaguisados de la Administración? ¿tendrán que seguir entrando todos los amiguitos con la connivencia de los demás? Todo esto ha ocurrido en la útima oferta pública de un ayuntamiento vasco grande. Y nadie ha reclamado nada: ni el Ararteko, ni los sindicatos ni los partidos políticos en la oposición. Todos en connivencia. Café para todos ellos. Como siempre. ¿Quién vela por el mérito, la capacidad y la igualdad que promulga nuestra constitución en el acceso a la función pública? Seguimos siendo un país de caciques, aún siendo autonomía.
ResponderEliminarOtros sí hemos conseguido lo que reclamábamos acudiendo al Defensor. Depende mucho de la administración, institución u organismo al que afecte lo que pedimos. Unos actúan con rapidez y otros pasan olímpicamente cuando el Defensor les pide informes.
ResponderEliminarAlgunas iniciativas del Defensor del Pueblo de Navarra que pueden resultar de interés:
ResponderEliminar-Informe sobre la posibilidad de extender con carácter general la acción pública a diversas materias del ordenamiento jurídico-administrativo.
-Informe sobre la agilización de los procedimientos de otorgamiento de licencias de las entidades locales.
-Informe sobre el grado de aplicación de las Cartas de Servicios por las Administraciones Públicas de Navarra.
-Informe sobre la protección de los datos personales en las Administraciones Públicas de Navarra.
Una de las características esenciales de un Estado democrático es la publicidad de sus actos y la transparencia de la administración estatal sobre la gestión de los asuntos públicos. Ello implica que los funcionarios y funcionarias del estado rindan cuentas sobre las decisiones que adoptan y que las personas puedan solicitar y acceder a la información que obra en poder de las entidades estatales. En ese sentido, los funcionarios y servidores públicos deben ser considerados como gestores de una organización creada para servir a la ciudadanía, encontrándose expuestos permanentemente a la fiscalización de la sociedad.
ResponderEliminarBravo por la Asociacion para la Defensa de la Funcion Publica. Parece que la trasparencia, la etica y el control de las instituciones pasa necesariamente por el mayor protagonismo de la sociedad civil. Sobre todo cuando oposicion y sindicatos no "asumen" sus funciones supervisoras de la legalidad...
ResponderEliminarHay un problema en los Servicios Sociales, que es lo que yo conozco bien. cuando éramos INSERSO como jefes teníamos a Técnicos, que accedían a sus puestos por méritos, lo que suponí una gestión en principio mucho más profesional. Ahora tenemos a seudo-políticos afines a algún partido, o amigos de alguien que sólo quieren mantenerse en el puesto durante dos años (si son funcionarios) para consolidar el puesto y sobre todo el salario a costa de lo que sea. Ni les importan los trabajadores, ni mucho menos los beneficiarios de los diferentes centros (léase ancianos, discapacitados, niños...)
ResponderEliminar¿Os acordáis de anteriores logros de esta Asociación ante el Defensor del Pueblo como el que se recogía en esta noticia de prensa en el año 2007?
ResponderEliminarEl Defensor del Pueblo ha realizado una sugerencia al Gobierno de Aragón para que adopte todas las medidas que sean necesarias "en el ejercicio de las competencias reglamentarias y de autoorganización que tiene atribuidas para que la oferta de empleo público del año 2004 quede rápidamente culminada" y en procesos posteriores evite sobrepasar los tres años que la ley establece como plazo máximo para estos procesos.
Esta sugerencia es fruto de una queja presentada por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, según informa ésta en un comunicado, que presentó por la Oferta de Empleo Público de 2004 del Gobierno de Aragón "cuyos procesos selectivos o no se han convocado todavía o no se han concluido, pese a haber transcurrido tres años de su aprobación".
Según la asociación, "esta circunstancia perjudica a miles de personas que opositan y que carecen de seguridad jurídica en el ejercicio de su derecho de acceso al empleo público". La Oferta de Empleo Público se publicó en el Boletín Oficial de Aragón en 7 julio de 2004, explican, pero "sólo se ha concluido uno de los procesos selectivos previsto en ella, el referido a Administradores Superiores".
"Algunos otros --continúa la citada asociación-- han visto convocada recientemente la realización del primer ejercicio, y los más numerosos, como son los de Administrativos y Auxiliares Administrativos, todavía no han sido convocados".
La asociación recuerda que el plazo máximo para que se ejecute una Oferta de Empleo Público son tres años. En este sentido, el Defensor del Pueblo ha recordado al Gobierno de Aragón la necesidad de respetar los plazos marcados por la Ley de Función Pública.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha anunciado que va a dirigirse a los consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo para que, a la vista de la sugerencia del Defensor del Pueblo, adopten las medidas para agilizar la ejecución de la Oferta de 2004, procediendo, a lo largo del presente mes de junio, a la publicación de todas las convocatorias pendientes.
Ánimo y a seguir exigiendo el respeto de las normas, que no otra obligación corresponde a los poderes públicos, aunque parezcan olvidarlo.
Por qué se pierde la confianza hasta en la prensa:
ResponderEliminarUn informe británico concluye que desciende la confianza en la prensa
Un informe encargado por la fundación Media Standards y elaborado por veteranos periodistas británicos, ha puesto de manifiesto la situación decadente que vive la prensa en aquel país. El texto analiza el descenso de la confianza de los lectores hacia los redactores y propone una autorregulación de la prensa encaminada a evitar la intromisión de los poderes públicos y mejorar la percepción ciudadana del sector.
El análisis incluye un sondeo realizado por la empresa YouGov del que se extrae, en primer lugar, la ya mencionada caída en picado de la confianza de los británicos hacia incluso los diarios más prestigiosos de Reino Unido, como The Times, The Telegraph y The Guardian, con un retroceso del 22 % en los últimos cinco años.
Otro de los pilares de la profesión que han quedado dañados, según el estudio, es el rigor periodístico. Según los encuestados, los periódicos publican "habitual y conscientemente" historias inexactas. Así, tres de cada cuatro ciudadanos británicos apoyaría esta tesis.
Y en tercer lugar, un dato realmente sorprendente. El informe desvela que un periodista británico publica hoy tres veces más artículos que en 1985. Este hecho constata que la cantidad no es sinónimo de calidad. El ritmo que requiere la información hoy en día, la fuerte competencia, así como los recortes de plantilla como consecuencia de la crisis, que sobrecargan de trabajo a quienes permanecen en sus puestos, son algunos de los factores que se están volviendo contra la prensa
O no resuelve nada, o se resuelve por otros medios (recursos administrativos, quejas y reclamaciones, sindicatos y partidos políticos, etc), o no se resuelve porque no tiene solución. Aunque en honor a la verdad, el Defensor del Pueblo cuesta, pero al menos no estorba al poder establecido ni al no establecido. Un jarrón chino: enorme y decorativo, pero inútil.
ResponderEliminarEl defensor del pueblo (tan ampuloso nombre para tan insignificantes resultados), e imitaciones autonómicas, son instituciones absolutamente prescindibles, por no servir para nada, y ser un gasto supérfluo. Lo mismo cabe decir de los consejos consultivos y de las sindicaturas de cuentas, correlatos regionales del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas respectivamente. Son ejemplos de la obsesión por duplicar a nivel de cada comunidad autóma instituciones del Estado.
ResponderEliminarCentrándonos por ejemplo en el Consejo de Estado y el Consejo Consultivo, ¿ gana algo nuestra Comunidad por tener un consejo consultivo?. No, al contrario, pierde mucho. Pierde la oportunidad de tener unos dictámenes excelentes por lo general, que emanan de un cuerpo de letrados, funcionarios de carrera que han acceedido a esas plazas previa opisición libre con un temario de cerca de quinientos temas.
ResponderEliminarDisiento. Primero por su propia exigencia constitucional, segundo por que constituye una via residual para algunos “problemillas”, y tercero por que sus costes son infimos. Afirmado lo anterior si que es cierto que algunos que desempeñan ese cargo no son todo lo eficientes que debieran. Y hay una gran excepción que yo conozca, en Andalucia ese gran cura que es “Chamizo”. Entiendo que un Defensor del Pueblo no es la panacea, pero cumple su función constitucional. Ahora bien de ahi a tomar partido en la luchas de altos vuelos hay un paso. Un Defensor del pueblo debe estar con los mas débiles, con los desarrapados, debe ser un Apostol de las causas imposibles. Pero nunca, nunca, nunca enjuiciar. Tener el valor de exponer y luchar por las causas justas.
ResponderEliminarLos ciudadanos nunca estarán totalmente de acuerdo con lo que haga la administración pública, y no llegará el día en que no presenten quejas.
ResponderEliminarOigamos al Catedrático de Derecho Administrativo, profesor Sosa Wagner, en su artículo publicado en El Diario el Mundo del 20 de Septiembre de 2007: “Adviértase que, si el régimen de la función pública y el laboral se aproximan en cuanto a sus contenidos fundamentales, en un punto se diferencian clamorosamente: unos, los funcionarios, siguen ingresando por medio de exámenes públicos con programas conocidos y ante tribunales formados por especialistas, mientras que los otros, los laborales, lo hacen generalmente -aunque hay excepciones- gracias a la herramienta mellada de la imposición del dedo o de unas pruebas en las que predomina el compadreo político o sindical”.
ResponderEliminarBuena medida esta de acudir al Defensor del Pueblo; aunque estoy con el que ha escrito que estas instituciones son notablemente ineficaces, al menos algo molestan.
ResponderEliminarUn saludo.
A ver si en este asunto entra a fondo el Defensor del Pueblo, y no hace como en otras ocasiones, lavarse las manos a las primeras de cambio.
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