El Justicia de Aragón, en una reciente resolución de 19 de junio de 2007, sugiere a la Diputación General de Aragón que desarrolle los procesos selectivos para acceder a las plazas incluidas en sus Ofertas de Empleo dentro de los plazos fijados por la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Dicha resolución corresponde a una queja formulada ante dicha Institución en relación con la demora injustificada en la convocatoria y resolución del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma, Clase de especialidad Auxiliares de Enfermería.
Dicho proceso, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2003, aprobada por Decreto 41/2003, de 25 de febrero, no fue convocado hasta el 7 de julio de 2004 y su conclusión se produjo el 4 de enero de 2007, mediante el nombramiento de funcionarios de carrera realizado por Orden del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Tal y como se señala en la resolución dictada por el Justicia de Aragón, “encontramos que han transcurrido casi cuatro años entre la aprobación por Decreto de la Oferta de Empleo Público y la finalización de las pruebas selectivas correspondientes a plazas incluidas en dicha Oferta”.
Llaman la atención enormemente las afirmaciones contenidas en el informe remitido por la Administración al Justicia de Aragón sobre el contenido de la queja, al negar el carácter vinculante de los plazos marcados por la Ley para la realización de los procesos selectivos: tres meses para la convocatoria, a contar desde la publicación de la Oferta, y seis meses para la realización de las pruebas selectivas, desde la publicación de la convocatoria (artículo 24 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón).
Frente a la claridad con que se expresa la norma legal, la Dirección General de la Función Pública afirma que “los plazos previstos en el artículo 24 de la Ley funcionan actualmente como objetivos que se impone la Administración, en aras de la eficacia y la agilidad de su gestión, indicando los plazos en los que, razonablemente, han de emprenderse las actuaciones necesarias para ejecutar la Oferta de Empleo Público; pero no como plazos imperativos o vinculantes que generen a los interesados un derecho a exigirlos en caso de incumplimiento, ya que las circunstancias y el entorno organizativo actual en que se ha de aprobar y ejecutar dicha Oferta no son, obviamente, los mismos que hace dieciséis años, cuando se consideraban márgenes de tiempo razonables y adecuados a las circunstancias del momento”.
Frente a tal argumentación, contraria a los principios más básicos del Estado de Derecho, como son el principio de legalidad –sometimiento de la Administración a los mandatos de la Ley- y el principio de seguridad jurídica en las relaciones entre ciudadanos y Administración, el Justicia de Aragón recuerda que la Administración ha de ceñirse al tenor literal de la norma y considera que, en el caso analizado, se ha vulnerado la disposición legal aplicable, con vulneración de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa observa con extraordinaria preocupación el hecho de que un órgano administrativo, responsable del desarrollo de procedimientos que afectan a miles de ciudadanos, considere que las garantías jurídicas establecidas por el ordenamiento jurídico no deban ser respetadas, negando incluso el carácter vinculante consustancial a la Ley. Semejante afirmación es radicalmente contraria al mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución española, en el que se señala que la Administración ha de actuar “con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.
Por tal motivo, la Asociación va a dirigirse tanto al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo como al de Presidencia y Relaciones Institucionales, para que velen por el cumplimiento estricto de los plazos marcados por la ley, desautorizando expresamente el criterio expresado por la Dirección General de la Función Pública.
La asociación se sustenta en su compromiso con los principios constitucionales que ordenan la función pública. Puede ser socio todo empleado público que comparta esta idea y los fines fijados en los estatutos. Para formar parte puedes dirigir tu petición a : asocfuncionpublica@yahoo.es. Hemos renunciado a subvenciones públicas y la cuota anual como socio es de 60 euros. Las reuniones de la Junta directiva son abiertas a todos los socios. El presidente actual es Julio Guiral.
jueves, 28 de junio de 2007
martes, 26 de junio de 2007
CARTA ABIERTA DE LA ASOCIACION AL PRESIDENTE DEL CSIF ARAGON, CON MOTIVO DE SU RECIENTE ESCRITO “REFLEXIONES SOBRE LAS ELECCIONES EN ARAGON”.
Zaragoza, 25 de junio de 2007.
D. Angel Pelay Labrador.
Presidente de CSI-CSIF Aragón.
Estimado Señor:
Ante el escrito remitido el jueves 21 de junio por Vd. en calidad de Presidente de CSI-CSIF Aragón, a través del correo electrónico de los empleados públicos de la Administración autonómica, en el cual se vertían opiniones y comentarios sobre una “Asociación”, sin más datos que su subjetiva valoración sobre los objetivos y planteamientos de ésta, y dada la plena convicción de que el citado escrito alude a nuestra Asociación, realizamos la siguiente puntualización:
1. La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, constituida el 14 de febrero de 2007 en ejercicio del derecho fundamental de asociación, tiene como objetivo defender los principios, valores y normas que rigen el ejercicio de la función pública. Por lo tanto, no defiende intereses, colectivos o individuales, de los funcionarios y demás empleados públicos, si bien la defensa de la legalidad constituye la mejor defensa de la dignidad de su labor.
2. Esta Asociación es plural e independiente, y por lo tanto no está ligada a ningún tipo de organización, asegurando además su independencia mediante la no aceptación de subvenciones o fondos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
3. Desde esta Asociación se ha mostrado un claro respeto hacia los partidos políticos y los sindicatos, así como a las funciones que constitucionalmente tienen atribuidas, pero ello no es impedimento para el ejercicio de nuestra actividad asociativa y la formulación de propuestas a unos y otros, como las contenidas en los documentos remitidos con motivo de las recientes elecciones sindicales y autonómicas. Nos sentimos, por ello, plenamente legitimados para demandar de unos y otros igual grado de respeto hacia esta Asociación, hacia los miembros de su Junta Directiva y todos los demás asociados.
4. Esta Asociación asume plenamente la responsabilidad derivada de todas sus manifestaciones y actuaciones públicas, suscritas siempre por su Junta Directiva o por su Presidente, rechazando la imputación de todos aquellos escritos o afirmaciones de personas ajenas a la misma y por ello sin capacidad para vincularla.
Por todo lo anterior, creemos oportuno puntualizar sus afirmaciones como Presidente de CSIF Aragón y rogarle una rectificación pública de las mismas, otorgando a dicha rectificación una difusión igual que la dada a su anterior escrito.
Firmado: Julio Guiral Pelegrín,
en nombre de la
Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.
D. Angel Pelay Labrador.
Presidente de CSI-CSIF Aragón.
Estimado Señor:
Ante el escrito remitido el jueves 21 de junio por Vd. en calidad de Presidente de CSI-CSIF Aragón, a través del correo electrónico de los empleados públicos de la Administración autonómica, en el cual se vertían opiniones y comentarios sobre una “Asociación”, sin más datos que su subjetiva valoración sobre los objetivos y planteamientos de ésta, y dada la plena convicción de que el citado escrito alude a nuestra Asociación, realizamos la siguiente puntualización:
1. La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, constituida el 14 de febrero de 2007 en ejercicio del derecho fundamental de asociación, tiene como objetivo defender los principios, valores y normas que rigen el ejercicio de la función pública. Por lo tanto, no defiende intereses, colectivos o individuales, de los funcionarios y demás empleados públicos, si bien la defensa de la legalidad constituye la mejor defensa de la dignidad de su labor.
2. Esta Asociación es plural e independiente, y por lo tanto no está ligada a ningún tipo de organización, asegurando además su independencia mediante la no aceptación de subvenciones o fondos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
3. Desde esta Asociación se ha mostrado un claro respeto hacia los partidos políticos y los sindicatos, así como a las funciones que constitucionalmente tienen atribuidas, pero ello no es impedimento para el ejercicio de nuestra actividad asociativa y la formulación de propuestas a unos y otros, como las contenidas en los documentos remitidos con motivo de las recientes elecciones sindicales y autonómicas. Nos sentimos, por ello, plenamente legitimados para demandar de unos y otros igual grado de respeto hacia esta Asociación, hacia los miembros de su Junta Directiva y todos los demás asociados.
4. Esta Asociación asume plenamente la responsabilidad derivada de todas sus manifestaciones y actuaciones públicas, suscritas siempre por su Junta Directiva o por su Presidente, rechazando la imputación de todos aquellos escritos o afirmaciones de personas ajenas a la misma y por ello sin capacidad para vincularla.
Por todo lo anterior, creemos oportuno puntualizar sus afirmaciones como Presidente de CSIF Aragón y rogarle una rectificación pública de las mismas, otorgando a dicha rectificación una difusión igual que la dada a su anterior escrito.
Firmado: Julio Guiral Pelegrín,
en nombre de la
Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.
RESEÑA DE LA QUINTA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION
El pasado jueves, 21 de junio, a partir de las siete y media de la tarde, en la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, tuvo lugar la quinta reunión de la Junta Directiva de la Asociación, en la que tras aprobarse el acta de la sesión anterior, se procedió a escuchar el informe realizado por el Presidente sobre actuaciones realizadas –referido fundamentalmente a la interposición de recurso contencioso-administrativo contra el Decreto que aprobó la Oferta de Empleo Público para el año 2007, señalando la comunicación de la providencia de admisión del recurso acordada por la Sala competente del Tribunal-, siguiendo el informe del Tesorero, sobre la situación económica de la Asociación, y la marcha de las gestiones dirigidas al pago de la cuota anual de los asociados.
El tema central de la reunión fue la campaña pública sobre la oferta de empleo público que se desea desarrollar, en paralelo a las actuaciones judiciales emprendidas contra el Decreto 67/2007, de 8 de mayo. Con dicha campaña se quiere sensibilizar al conjunto de la sociedad aragonesa y al conjunto de las instituciones públicas sobre la necesidad de reconducir la selección de personal en la Administración autonómica al marco de la legalidad, ofreciendo seguridad jurídica a los ciudadanos en el ejercicio de su derecho de acceso al empleo público. Las nociones de profesionalidad y de eficacia administrativa son inseparables de la plena vigencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el conjunto de los procesos selectivos de personal de nuevo ingreso.
La difusión de la campaña a favor de una verdadera oferta de empleo público, ajustada a la ley, ha de realizarse tanto en el seno de la Administración autonómica, mediante la difusión de los argumentos propios de la Asociación para la iniciativa adoptada, como fuera de la Administración, dirigiéndose en particular a los Colegios Profesionales y a las academias de preparación de oposiciones, pero también a las instituciones autonómicas encargadas de velar por la correcta gestión del Gobierno de Aragón, como son las Cortes de Aragón y el Justicia de Aragón. En particular, las razones de esta campaña se harán llegar a los diferentes Grupos Parlamentarios, una vez constituidas las Cortes de Aragón resultantes de las pasadas elecciones del 27 de mayo.
También se abordó la necesidad de impulsar una página web de la Asociación, como elemento de integración de los diferentes blogs puestos en marcha, si bien su implantación se pospuso para el otoño.
En cuanto a la puesta en marcha de los diferentes Grupos de Trabajo de carácter permanente, se acordó seguir con la definición de la labor a desarrollar por parte de los correspondientes a Etica Pública, Gestión Pública y Función Pública, cuya actividad deberá comenzar a desarrollarse, de forma eficaz, a partir del paréntesis veraniego.
En el apartado de ruegos y preguntas, se planteó la cuestión suscitada a raíz de una comunicación dirigida a todos los empleados públicos de la Administración autonómica por parte del Presidente de CSIF-Aragón, en la que se contenían claras alusiones a esta Asociación, en términos poco adecuados y nada ajustados a la realidad. Tras barajar diferentes opciones, se acordó que el Presidente de la Asociación formulara una carta de puntualizaciones al citad escrito, aclarando los objetivos y la naturaleza de la Asociación y solicitando, al firmante, una rectificación pública de sus afirmaciones.
El tema central de la reunión fue la campaña pública sobre la oferta de empleo público que se desea desarrollar, en paralelo a las actuaciones judiciales emprendidas contra el Decreto 67/2007, de 8 de mayo. Con dicha campaña se quiere sensibilizar al conjunto de la sociedad aragonesa y al conjunto de las instituciones públicas sobre la necesidad de reconducir la selección de personal en la Administración autonómica al marco de la legalidad, ofreciendo seguridad jurídica a los ciudadanos en el ejercicio de su derecho de acceso al empleo público. Las nociones de profesionalidad y de eficacia administrativa son inseparables de la plena vigencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el conjunto de los procesos selectivos de personal de nuevo ingreso.
La difusión de la campaña a favor de una verdadera oferta de empleo público, ajustada a la ley, ha de realizarse tanto en el seno de la Administración autonómica, mediante la difusión de los argumentos propios de la Asociación para la iniciativa adoptada, como fuera de la Administración, dirigiéndose en particular a los Colegios Profesionales y a las academias de preparación de oposiciones, pero también a las instituciones autonómicas encargadas de velar por la correcta gestión del Gobierno de Aragón, como son las Cortes de Aragón y el Justicia de Aragón. En particular, las razones de esta campaña se harán llegar a los diferentes Grupos Parlamentarios, una vez constituidas las Cortes de Aragón resultantes de las pasadas elecciones del 27 de mayo.
También se abordó la necesidad de impulsar una página web de la Asociación, como elemento de integración de los diferentes blogs puestos en marcha, si bien su implantación se pospuso para el otoño.
En cuanto a la puesta en marcha de los diferentes Grupos de Trabajo de carácter permanente, se acordó seguir con la definición de la labor a desarrollar por parte de los correspondientes a Etica Pública, Gestión Pública y Función Pública, cuya actividad deberá comenzar a desarrollarse, de forma eficaz, a partir del paréntesis veraniego.
En el apartado de ruegos y preguntas, se planteó la cuestión suscitada a raíz de una comunicación dirigida a todos los empleados públicos de la Administración autonómica por parte del Presidente de CSIF-Aragón, en la que se contenían claras alusiones a esta Asociación, en términos poco adecuados y nada ajustados a la realidad. Tras barajar diferentes opciones, se acordó que el Presidente de la Asociación formulara una carta de puntualizaciones al citad escrito, aclarando los objetivos y la naturaleza de la Asociación y solicitando, al firmante, una rectificación pública de sus afirmaciones.
viernes, 22 de junio de 2007
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGON TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO JUDICIAL PROMOVIDO POR ESTA ASOCIACION FRENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLIC
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, mediante providencia dictada el 13 de junio de 2007, tiene por interpuesto el recurso contencioso-administrativo promovido por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa contra el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2007.
De acuerdo con ello, se requiere al Gobierno de Aragón para que en el plazo de cinco días remita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal el expediente administrativo completo y alegue lo que estime procedente como fundamento del acto impugnado, y para que se notifique de inmediato la resolución que orden la remisión del expediente a todos los interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer ante esta Sala en el plazo de cinco días con advertencia de las responsabilidades que correspondan.
Asimismo, se designa el Magistrado Ponente que ha de intervenir en el citado recurso y se notifica la providencia al Ministerio Fiscal, parte necesaria en los procedimientos especiales para la protección de los derechos fundamentales de la persona.
De acuerdo con ello, se requiere al Gobierno de Aragón para que en el plazo de cinco días remita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal el expediente administrativo completo y alegue lo que estime procedente como fundamento del acto impugnado, y para que se notifique de inmediato la resolución que orden la remisión del expediente a todos los interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer ante esta Sala en el plazo de cinco días con advertencia de las responsabilidades que correspondan.
Asimismo, se designa el Magistrado Ponente que ha de intervenir en el citado recurso y se notifica la providencia al Ministerio Fiscal, parte necesaria en los procedimientos especiales para la protección de los derechos fundamentales de la persona.
LA ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA FUNCION PÚBLICA ARAGONESA
DEFIENDE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, LA LEGALIDAD ADMINISTRATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A TRAVÉS DE LA EXIGENCIA DE UNA OFERTA CORRECTA Y SUFICIENTE.
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LA ASOCIACION PIDE AL GOBIERNO CONTROL SOBRE LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.
En el día de ayer, la Asociación se ha dirigido la Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, en su calidad de responsable de la política de personal del Gobierno de Aragón, para que desde dicho Departamento se confeccione una serie de criterios comunes y precisos que deban respetarse en todos los procesos de selección de personal laboral realizados por parte de las entidades de Derecho público y las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La fijación de tales criterios debería ir acompañada, a juicio de esta Asociación, por el establecimiento de un órgano supervisor encargado de controlar el cumplimiento y respeto de los mismos.
Aunque la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su artículo 87, señala que la selección del personal laboral de las empresas públicas se realizará mediante procesos selectivos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, dichos procesos, como se ha podido comprobar con la reciente resolución del Justicia de Aragón a propósito de las contrataciones de personal por parte de la empresa SODEMASA, dependiente del Departamento de Medio Ambiente, no han logrado asegurar los referidos principios, razón por la cual se hace preciso que los órganos responsables en materia de política de personal adopten las medidas necesarias para velar por el estricto respeto de dichos principios en la selección de personal en el conjunto del sector público autonómico.
Se reproduce, a continuación, el texto de la carta remitida:
Zaragoza, 21 de junio de 2007.
Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo.
Estimado Señor:
En mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, me dirijo a Vd. para expresarle la preocupación de nuestra Asociación por las condiciones de selección de personal laboral no directivo en las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón, condiciones que, como recientemente ha puesto de manifiesto el Justicia de Aragón, en relación con la empresa Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón (SODEMASA), dependiente del Departamento de Medio Ambiente, no se ajustan siempre a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Como Asociación, entendemos que la Administración Pública, institución medular del Estado de Derecho, debe actuar en la materia como empleador modélico, ajustando sus procesos de selección de personal a los principios constitucionales y a las exigencias legales, toda vez que las entidades del sector público carecen de la libertad de contratación propia de las empresas privadas.
Con independencia de las medidas que deba adoptar el Departamento de Medio Ambiente, como órgano directamente concernido por la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón en relación con la contratación de personal laboral no directivo de la citada empresa, creemos de sumo interés que el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, en atención a su específica competencia respecto a la política de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, elabore un conjunto de criterios de común aplicación a todos los procesos de selección realizados por las entidades de Derecho público y las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón, estableciendo asimismo un órgano supervisor encargado de controlar el cumplimiento y respeto de los mismos.
La citada solicitud se formula al amparo del artículo 29 de la Constitución y de la Ley Orgánica que lo desarrolla, creyendo que la misma ha de contribuir muy positivamente a evitar las críticas que se han vertido contra las empresas públicas por supuestas irregularidades en la selección de personal, críticas que en modo alguno pueden ser indiferentes a los responsables máximos de los Departamentos de los que dependen tales empresas ni a los responsables de la política de personal del Gobierno de Aragón, primeros obligados a asegurar el cumplimiento de la ley en el ámbito de sus respectivas responsabilidades.
Sin otro particular, reciba mi más atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín
La fijación de tales criterios debería ir acompañada, a juicio de esta Asociación, por el establecimiento de un órgano supervisor encargado de controlar el cumplimiento y respeto de los mismos.
Aunque la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su artículo 87, señala que la selección del personal laboral de las empresas públicas se realizará mediante procesos selectivos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, dichos procesos, como se ha podido comprobar con la reciente resolución del Justicia de Aragón a propósito de las contrataciones de personal por parte de la empresa SODEMASA, dependiente del Departamento de Medio Ambiente, no han logrado asegurar los referidos principios, razón por la cual se hace preciso que los órganos responsables en materia de política de personal adopten las medidas necesarias para velar por el estricto respeto de dichos principios en la selección de personal en el conjunto del sector público autonómico.
Se reproduce, a continuación, el texto de la carta remitida:
Zaragoza, 21 de junio de 2007.
Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo.
Estimado Señor:
En mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, me dirijo a Vd. para expresarle la preocupación de nuestra Asociación por las condiciones de selección de personal laboral no directivo en las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón, condiciones que, como recientemente ha puesto de manifiesto el Justicia de Aragón, en relación con la empresa Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón (SODEMASA), dependiente del Departamento de Medio Ambiente, no se ajustan siempre a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Como Asociación, entendemos que la Administración Pública, institución medular del Estado de Derecho, debe actuar en la materia como empleador modélico, ajustando sus procesos de selección de personal a los principios constitucionales y a las exigencias legales, toda vez que las entidades del sector público carecen de la libertad de contratación propia de las empresas privadas.
Con independencia de las medidas que deba adoptar el Departamento de Medio Ambiente, como órgano directamente concernido por la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón en relación con la contratación de personal laboral no directivo de la citada empresa, creemos de sumo interés que el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, en atención a su específica competencia respecto a la política de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, elabore un conjunto de criterios de común aplicación a todos los procesos de selección realizados por las entidades de Derecho público y las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón, estableciendo asimismo un órgano supervisor encargado de controlar el cumplimiento y respeto de los mismos.
La citada solicitud se formula al amparo del artículo 29 de la Constitución y de la Ley Orgánica que lo desarrolla, creyendo que la misma ha de contribuir muy positivamente a evitar las críticas que se han vertido contra las empresas públicas por supuestas irregularidades en la selección de personal, críticas que en modo alguno pueden ser indiferentes a los responsables máximos de los Departamentos de los que dependen tales empresas ni a los responsables de la política de personal del Gobierno de Aragón, primeros obligados a asegurar el cumplimiento de la ley en el ámbito de sus respectivas responsabilidades.
Sin otro particular, reciba mi más atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín
miércoles, 20 de junio de 2007
PROXIMA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION
Mañana jueves, a partir de las siete y media, en la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, se celebrará una nueva reunión de la Junta Directiva de la Asociación, con el siguiente orden del día:
Aprobación del orden del día propuesto.
Aprobación del acta de la sesión anterior.
Informe de actuaciones por parte del Presidente.
Informe económico por parte del Tesorero.
Campaña pública sobre oferta de empleo público: acciones y financiación.
Página web de la Asociación.
Puesta en marcha de los Grupos de Trabajo.
Ruegos y preguntas.
Aprobación del orden del día propuesto.
Aprobación del acta de la sesión anterior.
Informe de actuaciones por parte del Presidente.
Informe económico por parte del Tesorero.
Campaña pública sobre oferta de empleo público: acciones y financiación.
Página web de la Asociación.
Puesta en marcha de los Grupos de Trabajo.
Ruegos y preguntas.
viernes, 15 de junio de 2007
LA ASOCIACIÓN SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD UNA ATENCIÓN PREFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y A SU FUNCIÓN PÚBLICA.
Zaragoza, 15 de junio de 2007. En fechas recientes, la Asociación se ha dirigido al Presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para hacerle llegar el documento de propuestas a los partidos políticos, elaborado por la Asociación y remitido a todos los partidos políticos que concurrieron a las elecciones a Cortes de Aragón el pasado 27 de mayo.
Dicha remisión ha sido aprovechada para señalar a quien, con toda seguridad, presidirá nuevamente el Gobierno de Aragón la necesidad de que la próxima legislatura aborde con seriedad la problemática propia de la Administración autonómica y de su función pública, otorgándoles en el futuro programa de gobierno la atención requerida.
Se reproduce, a continuación, el texto de la carta remitida:
Zaragoza, 12 de junio de 2007.
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Aragón.
Estimado Señor:
Con motivo de las recientes elecciones autonómicas, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, cuyo objetivo principal, como ya tuve ocasión de señalarle en una comunicación anterior, es la defensa de los principios, valores y normas que rigen el ejercicio de la función pública en la Comunidad Autónoma de Aragón, elaboró un documento de propuestas para los partidos políticos que concurrían a dichas elecciones, en el que se contenían una serie de medidas que, a juicio de esta Asociación, resultaba oportuno adoptar e impulsar en el ámbito del buen gobierno o gobernabilidad, de las instituciones públicas, de la gestión y de la función pública.
Dicho documento, que carecía de voluntad exhaustiva en la formulación de tales propuestas, fue remitido en la última semana de la campaña electoral a todas las fuerzas que concurrían a las elecciones a las Cortes de Aragón y, simultáneamente, se organizó, en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas y Empresariales, de la Universidad de Zaragoza, una mesa redonda, a la que se invitó a representantes de PSOE, PP, CHA, PAR e IU, para que expusieran las medidas contenidas en sus programas electorales en materia de Administración y Función Pública, propiciando con ello un diálogo e intercambio de opiniones entre los representantes de los partidos políticos que aceptaron tal invitación (PP y CHA) y los funcionarios que asistieron al mismo.
Toda vez que la totalidad de las medidas que se contienen en el documento elaborado inciden en el ámbito de decisión del Gobierno de Aragón, ya sea de sus facultades ejecutiva y reglamentaria o de su iniciativa legislativa, entendemos que el mismo ha de resultar de interés para Vd., en especial a la vista de los resultados de las recientes elecciones autonómicas.
La situación que vive la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como la necesidad de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por las Cortes Generales, hacen necesario que la próxima legislatura aborde con seriedad la problemática propia de la Administración autonómica y de su función pública, otorgándoles en el futuro programa de gobierno la atención requerida.
Sin otro particular, aprovecho para expresarle mi respeto y el del conjunto de la Junta Directiva de la Asociación que represento, quedando a su disposición para cualquier aclaración o ampliación informativa sobre los objetivos o actividad de la Asociación a la que represento.
Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa
Dicha remisión ha sido aprovechada para señalar a quien, con toda seguridad, presidirá nuevamente el Gobierno de Aragón la necesidad de que la próxima legislatura aborde con seriedad la problemática propia de la Administración autonómica y de su función pública, otorgándoles en el futuro programa de gobierno la atención requerida.
Se reproduce, a continuación, el texto de la carta remitida:
Zaragoza, 12 de junio de 2007.
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Aragón.
Estimado Señor:
Con motivo de las recientes elecciones autonómicas, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, cuyo objetivo principal, como ya tuve ocasión de señalarle en una comunicación anterior, es la defensa de los principios, valores y normas que rigen el ejercicio de la función pública en la Comunidad Autónoma de Aragón, elaboró un documento de propuestas para los partidos políticos que concurrían a dichas elecciones, en el que se contenían una serie de medidas que, a juicio de esta Asociación, resultaba oportuno adoptar e impulsar en el ámbito del buen gobierno o gobernabilidad, de las instituciones públicas, de la gestión y de la función pública.
Dicho documento, que carecía de voluntad exhaustiva en la formulación de tales propuestas, fue remitido en la última semana de la campaña electoral a todas las fuerzas que concurrían a las elecciones a las Cortes de Aragón y, simultáneamente, se organizó, en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas y Empresariales, de la Universidad de Zaragoza, una mesa redonda, a la que se invitó a representantes de PSOE, PP, CHA, PAR e IU, para que expusieran las medidas contenidas en sus programas electorales en materia de Administración y Función Pública, propiciando con ello un diálogo e intercambio de opiniones entre los representantes de los partidos políticos que aceptaron tal invitación (PP y CHA) y los funcionarios que asistieron al mismo.
Toda vez que la totalidad de las medidas que se contienen en el documento elaborado inciden en el ámbito de decisión del Gobierno de Aragón, ya sea de sus facultades ejecutiva y reglamentaria o de su iniciativa legislativa, entendemos que el mismo ha de resultar de interés para Vd., en especial a la vista de los resultados de las recientes elecciones autonómicas.
La situación que vive la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como la necesidad de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por las Cortes Generales, hacen necesario que la próxima legislatura aborde con seriedad la problemática propia de la Administración autonómica y de su función pública, otorgándoles en el futuro programa de gobierno la atención requerida.
Sin otro particular, aprovecho para expresarle mi respeto y el del conjunto de la Junta Directiva de la Asociación que represento, quedando a su disposición para cualquier aclaración o ampliación informativa sobre los objetivos o actividad de la Asociación a la que represento.
Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa
jueves, 14 de junio de 2007
LA ASOCIACION SOLICITA AL JUSTICIA UNA INVESTIGACION DE OFICIO SOBRE EL SISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL EN LA DGA
Zaragoza, 12 de junio de 2007. La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha dirigido al Justicia de Aragón una petición para que dicha Institución, conforme a las facultades que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Aragón y la Ley reguladora del Justicia de Aragón, inicie una investigación de oficio sobre la inaplicación reiterada de las normas que rigen la selección de personal en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La falta de aprobación de Ofertas de Empleo Público en los años 2005 y 2006, la falta de ejecución, pese al tiempo transcurrido, de la Oferta de Empleo Público de 2004 y las condiciones de aprobación de la Oferta de 2007, efectuada por el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, e impugnada reciente por esta Asociación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ponen de manifiesto el grave deterioro que sufre el sistema de acceso al empleo público en la Comunidad Autónoma de Aragón, lo cual tiene una directa repercusión en el buen funcionamiento de los servicios públicos y en las garantías de legalidad en la actuación administrativa.
La Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, norma principal que regula la materia en la Administración autonómica, establece la obligación de que la Oferta de Empleo Público se apruebe con carácter anual (artículo 23 LOFP), y establece que los procesos selectivos previstos en la misma sean convocados en el plazo de tres meses tras la publicación de la Oferta en el Boletín Oficial de Aragón y se realización se concluya en los seis meses siguientes a la publicación de la convocatoria (artículo 24 LOFP).
Pese a la claridad de la norma, el Gobierno de Aragón, en los últimos cuatro años, no ha aprobado Oferta de Empleo Público en dos ejercicios (2005 y 2006), incumpliendo igualmente los plazos de ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2004, cuyos procesos selectivos, en su práctica totalidad, o no han sido convocados o no han sido concluidos.
Tal situación, a juicio de esta Asociación, requiere una enérgica reacción por parte de los órganos encargados de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, entre los que ocupa una destacada posición institucional el Justicia de Aragón.
La investigación solicitada englobaría no sólo la estricta Administración pública, compuesta por Departamentos y Organismos autónomos, sino que debería extenderse también a la situación existente en las entidades de Derecho público y en las empresas públicas de la Comunidad Autónoma.
La falta de aprobación de Ofertas de Empleo Público en los años 2005 y 2006, la falta de ejecución, pese al tiempo transcurrido, de la Oferta de Empleo Público de 2004 y las condiciones de aprobación de la Oferta de 2007, efectuada por el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, e impugnada reciente por esta Asociación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ponen de manifiesto el grave deterioro que sufre el sistema de acceso al empleo público en la Comunidad Autónoma de Aragón, lo cual tiene una directa repercusión en el buen funcionamiento de los servicios públicos y en las garantías de legalidad en la actuación administrativa.
La Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, norma principal que regula la materia en la Administración autonómica, establece la obligación de que la Oferta de Empleo Público se apruebe con carácter anual (artículo 23 LOFP), y establece que los procesos selectivos previstos en la misma sean convocados en el plazo de tres meses tras la publicación de la Oferta en el Boletín Oficial de Aragón y se realización se concluya en los seis meses siguientes a la publicación de la convocatoria (artículo 24 LOFP).
Pese a la claridad de la norma, el Gobierno de Aragón, en los últimos cuatro años, no ha aprobado Oferta de Empleo Público en dos ejercicios (2005 y 2006), incumpliendo igualmente los plazos de ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2004, cuyos procesos selectivos, en su práctica totalidad, o no han sido convocados o no han sido concluidos.
Tal situación, a juicio de esta Asociación, requiere una enérgica reacción por parte de los órganos encargados de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, entre los que ocupa una destacada posición institucional el Justicia de Aragón.
La investigación solicitada englobaría no sólo la estricta Administración pública, compuesta por Departamentos y Organismos autónomos, sino que debería extenderse también a la situación existente en las entidades de Derecho público y en las empresas públicas de la Comunidad Autónoma.
miércoles, 13 de junio de 2007
LA ASOCIACIÓN SOLICITA A LOS RESPONSABLES DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE GARANTICEN EL RESPETO AL TURNO DE DISCAPACITADOS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLIC
Zaragoza, 13 de junio de 2007. En el día de hoy, la Asociación se ha dirigido al Consejero de Servicios Sociales y Familia y al Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para solicitarles que, a la vista de los términos en que el Gobierno de Aragón ha aprobado la Oferta de Empleo Público para el año 2007, incumpliendo el porcentaje de plazas ofertadas que han de quedar reservadas para el turno correspondiente a personas discapacitadas, insten al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo la modificación de la misma, tal y como solicitó en fechas pasadas esta Asociación al titular de dicho Departamento.
Se reproduce el escrito remitido por la Asociación al Consejero de Servicios Sociales y Familia:
Estimado Señor:
Me dirijo a ese Departamento en mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, constituida para la defensa de los principios, valores y normas que han de regir el ejercicio de la función pública, con el objeto de poner en su conocimiento el hecho de que la Oferta de Empleo Público para el año 2007, aprobada por Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, al establecer el turno de acceso al empleo público reservado para personas con discapacidad, no respeta el porcentaje legalmente establecido.
Dicha Oferta de Empleo Público asigna solamente un tres por ciento de las plazas ofertadas, en lugar del cinco por ciento que prevé el artículo 56.3 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y que, igualmente, establece el artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Esta Asociación, a la vista de ello, se ha dirigido al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, competente en materia de función pública, para solicitarle que proceda a modificar los términos del artículo sexto del citado Decreto 67/2007, con el fin de adecuar el número de plazas reservadas al turno de personas con discapacidad a lo ya señalado por el vigente Convenio Colectivo y al criterio establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público.
Solicitamos, por todo ello, al amparo del artículo 29 de la Constitución y de la Ley reguladora del derecho de petición, que ese Departamento, en su tarea de velar por los derechos de las personas con discapacidad, inste al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo la modificación del Decreto 67/2007, de 8 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2007.
Asimismo, como órgano competente en la materia, entendemos que debería recordar a la Dirección General de la Función Pública que, conforme a lo previsto en la Disposición adicional octava de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la expresión “personas con minusvalía”, utilizada en el referido Decreto, debiera ser sustituida por la de “personas con discapacidad”.
Sin otro particular, reciba mi más atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa
Se reproduce el escrito remitido por la Asociación al Consejero de Servicios Sociales y Familia:
Estimado Señor:
Me dirijo a ese Departamento en mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, constituida para la defensa de los principios, valores y normas que han de regir el ejercicio de la función pública, con el objeto de poner en su conocimiento el hecho de que la Oferta de Empleo Público para el año 2007, aprobada por Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, al establecer el turno de acceso al empleo público reservado para personas con discapacidad, no respeta el porcentaje legalmente establecido.
Dicha Oferta de Empleo Público asigna solamente un tres por ciento de las plazas ofertadas, en lugar del cinco por ciento que prevé el artículo 56.3 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y que, igualmente, establece el artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Esta Asociación, a la vista de ello, se ha dirigido al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, competente en materia de función pública, para solicitarle que proceda a modificar los términos del artículo sexto del citado Decreto 67/2007, con el fin de adecuar el número de plazas reservadas al turno de personas con discapacidad a lo ya señalado por el vigente Convenio Colectivo y al criterio establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público.
Solicitamos, por todo ello, al amparo del artículo 29 de la Constitución y de la Ley reguladora del derecho de petición, que ese Departamento, en su tarea de velar por los derechos de las personas con discapacidad, inste al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo la modificación del Decreto 67/2007, de 8 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2007.
Asimismo, como órgano competente en la materia, entendemos que debería recordar a la Dirección General de la Función Pública que, conforme a lo previsto en la Disposición adicional octava de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la expresión “personas con minusvalía”, utilizada en el referido Decreto, debiera ser sustituida por la de “personas con discapacidad”.
Sin otro particular, reciba mi más atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa
CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE FUNCIÓN PÚBLICA
Zaragoza, 13 de junio de 2007
El pasado 30 de mayo, en reunión de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, se decidió priorizar la vida interna de la Asociación mediante la constitución de los diferentes Grupos de Trabajo establecidos.
En la condición de Coordinador del Grupo de Función Pública me dirijo a todos vosotros solicitando la colaboración de aquéllos que estéis en disposición de participar en el mismo. Me permito recordaros que los Grupos de Trabajo tienen como objetivo la documentación y análisis sobre las distintas cuestiones de la Función Pública Aragonesa y, resultado de ello, la elaboración de documentos o dictámenes en los que se proponga la posición a adoptar por la Asociación sobre tales cuestiones y las posibles iniciativas a adoptar.
Mi idea inicial, que como es lógico se debatirá y consensuará en el seno del Grupo, es la de hacer un estudio pormenorizado de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, utilizando para ello toda la base documental, que nos sea posible, bibliográfica e incluso Recomendaciones del Justicia de Aragón.
En la actividad del Grupo, al margen de mantener todas las reuniones presenciales que sean necesarias para la puesta en marcha y discusión de los temas, deberemos pontenciar el trabajo mediante medios telemáticos, con el fin de posibilitar la máxima participación de asociados y no asociados. Para esto se ha habilitado el blog http://grupofuncionpublica.blogspot.com/ .
No me queda más que animaros a participar en el Grupo lo más decididamente que cada uno pueda en el bien seguro de conseguir avanzar un conjunto de propuestas, ideas y reflexiones sobre temas que nos afectan a todos: carrera administrativa, promoción interna, provisión de puestos, acceso al empleo público, negociación colectiva, entre otros.
Todos los interesados en participar en este Grupo, podéis poneros en contacto conmigo a través de la dirección electrónica mdiaz@aragon.es.
Un saludo,
Manuel Díaz Muiña.
El pasado 30 de mayo, en reunión de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, se decidió priorizar la vida interna de la Asociación mediante la constitución de los diferentes Grupos de Trabajo establecidos.
En la condición de Coordinador del Grupo de Función Pública me dirijo a todos vosotros solicitando la colaboración de aquéllos que estéis en disposición de participar en el mismo. Me permito recordaros que los Grupos de Trabajo tienen como objetivo la documentación y análisis sobre las distintas cuestiones de la Función Pública Aragonesa y, resultado de ello, la elaboración de documentos o dictámenes en los que se proponga la posición a adoptar por la Asociación sobre tales cuestiones y las posibles iniciativas a adoptar.
Mi idea inicial, que como es lógico se debatirá y consensuará en el seno del Grupo, es la de hacer un estudio pormenorizado de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, utilizando para ello toda la base documental, que nos sea posible, bibliográfica e incluso Recomendaciones del Justicia de Aragón.
En la actividad del Grupo, al margen de mantener todas las reuniones presenciales que sean necesarias para la puesta en marcha y discusión de los temas, deberemos pontenciar el trabajo mediante medios telemáticos, con el fin de posibilitar la máxima participación de asociados y no asociados. Para esto se ha habilitado el blog http://grupofuncionpublica.blogspot.com/ .
No me queda más que animaros a participar en el Grupo lo más decididamente que cada uno pueda en el bien seguro de conseguir avanzar un conjunto de propuestas, ideas y reflexiones sobre temas que nos afectan a todos: carrera administrativa, promoción interna, provisión de puestos, acceso al empleo público, negociación colectiva, entre otros.
Todos los interesados en participar en este Grupo, podéis poneros en contacto conmigo a través de la dirección electrónica mdiaz@aragon.es.
Un saludo,
Manuel Díaz Muiña.
lunes, 11 de junio de 2007
LA ASOCIACIÓN SOLICITA AL GOBIERNO DE ARAGÓN LA CONVOCATORIA DE TODOS LOS PROCESOS SELECTIVOS PENDIENTES DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2004.
Zaragoza, 11 de junio de 2007. En días pasados, y de acuerdo con la sugerencia formulada por la institución del Defensor del Pueblo, la Asociación se dirigió a los Consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, para solicitarles que, durante el mes de junio, se proceda a la publicación de todas las convocatorias pendientes de la Oferta de Empleo Público de 2004.
También la Asociación se ha dirigido a las organizaciones sindicales presentes en la Administración autonómica, con el fin de que apoyen tal petición.
A continuación se reproduce el escrito dirigido a los dos Consejeros competentes para la aprobación de las convocatorias de los procesos selectivos:
Zaragoza, 6 de junio de 2007.
Estimado Señor:
En mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, me dirijo a Vd. para expresarle mi preocupación por la demora injustificada producida en la ejecución de los procesos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2004, aprobada por Decreto 158/2004, de 22 de junio, y publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 7 de junio de 2004.
Pese al tiempo transcurrido desde la aprobación de la citada Oferta, la práctica totalidad de los procesos selectivos derivados de la misma, o bien no han sido iniciados o ni siquiera han sido convocados, pese a que el artículo 24 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón señala que las pruebas selectivas para acceder a las plazas ofertadas se convocarán dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la oferta en el Boletín Oficial de Aragón. En una gran parte de dichos procesos, eses tres meses se han convertido en tres años. Tampoco se ha respetado el plazo de resolución que marca el mismo precepto legal, según el cual la realización de las pruebas deberá concluir dentro de los seis meses siguientes a su convocatoria, sin perjuicio de una mayor duración de los cursos selectivos que pudieran establecerse.
Tal incumplimiento de plazos ha sido puesto de manifiesto recientemente por una resolución del Defensor del Pueblo, en la que se recuerda al Gobierno de Aragón que la Administración está obligada a cumplir los plazos establecidos en las leyes, por lo que deberían adoptarse todas las medidas que sean necesarias para que la oferta de empleo público del año 2004 quede rápidamente culminada, así como para evitar que, en la ejecución de las posteriores, se sobrepasen los tres años que, como máximo, se han establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
De acuerdo con dicho pronunciamiento del Defensor del Pueblo, y al amparo del artículo 29 de la Constitución y de la Ley Orgánica que lo desarrolla, solicitamos que sea aceptada la sugerencia formulada por el Defensor del Pueblo, de modo que, a lo largo del presente mes de junio, sean publicadas todas las convocatorias de pruebas selectivas que se hallen pendientes de la Oferta de Empleo Público de 2004.
Del presente escrito, así como de la sugerencia del Defensor del Pueblo, se da traslado a las organizaciones sindicales presentes en la Administración autonómica.
Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa
También la Asociación se ha dirigido a las organizaciones sindicales presentes en la Administración autonómica, con el fin de que apoyen tal petición.
A continuación se reproduce el escrito dirigido a los dos Consejeros competentes para la aprobación de las convocatorias de los procesos selectivos:
Zaragoza, 6 de junio de 2007.
Estimado Señor:
En mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, me dirijo a Vd. para expresarle mi preocupación por la demora injustificada producida en la ejecución de los procesos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2004, aprobada por Decreto 158/2004, de 22 de junio, y publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 7 de junio de 2004.
Pese al tiempo transcurrido desde la aprobación de la citada Oferta, la práctica totalidad de los procesos selectivos derivados de la misma, o bien no han sido iniciados o ni siquiera han sido convocados, pese a que el artículo 24 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón señala que las pruebas selectivas para acceder a las plazas ofertadas se convocarán dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la oferta en el Boletín Oficial de Aragón. En una gran parte de dichos procesos, eses tres meses se han convertido en tres años. Tampoco se ha respetado el plazo de resolución que marca el mismo precepto legal, según el cual la realización de las pruebas deberá concluir dentro de los seis meses siguientes a su convocatoria, sin perjuicio de una mayor duración de los cursos selectivos que pudieran establecerse.
Tal incumplimiento de plazos ha sido puesto de manifiesto recientemente por una resolución del Defensor del Pueblo, en la que se recuerda al Gobierno de Aragón que la Administración está obligada a cumplir los plazos establecidos en las leyes, por lo que deberían adoptarse todas las medidas que sean necesarias para que la oferta de empleo público del año 2004 quede rápidamente culminada, así como para evitar que, en la ejecución de las posteriores, se sobrepasen los tres años que, como máximo, se han establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
De acuerdo con dicho pronunciamiento del Defensor del Pueblo, y al amparo del artículo 29 de la Constitución y de la Ley Orgánica que lo desarrolla, solicitamos que sea aceptada la sugerencia formulada por el Defensor del Pueblo, de modo que, a lo largo del presente mes de junio, sean publicadas todas las convocatorias de pruebas selectivas que se hallen pendientes de la Oferta de Empleo Público de 2004.
Del presente escrito, así como de la sugerencia del Defensor del Pueblo, se da traslado a las organizaciones sindicales presentes en la Administración autonómica.
Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa
jueves, 7 de junio de 2007
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO FRENTE A LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2007
La Asociación de Defensa de la Función Pública Aragonesa cumpliendo la decisión de impugnar judicialmente la Oferta de Empleo Público para 2007, aprobada por el Gobierno de Aragón el pasado 8 de mayo, ha interpuesto hoy día 7 de mayo de 2007 un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, al entender que los términos de la Oferta restringen de forma arbitraria y antijurídica el derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos, reconocido por el artículo 23.2 de la Constitución.
CULMINACIÓN DE LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN, TRAS EL ACTO CELEBRADO EN EL EDIFICIO PIGNATELLI.
Zaragoza, 7 de junio de 2007.
Ayer, a partir de las cinco de la tarde, tuvo lugar el acto previsto de presentación de la Asociación a los funcionarios de Zaragoza, en el Salón de Actos del Edificio Pignatelli.
Ante las más de treinta personas que acudieron al acto convocado, los representantes de la Asociación que intervinieron en dicho acto, Julio Guiral, Manuel Díaz y Félix Gracia, expusieron las razones que han llevado a la constitución de una Asociación para la Defensa de la Función Pública en el seno de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, la filosofía que anima a la Asociación creada y la necesidad de un compromiso activo del conjunto de los funcionarios públicos con los valores y principios que han de regir el correcto ejercicio de la función pública para hacer posible una Administración que contribuya a la realización plena del Estado de Derecho, la satisfacción del interés general y la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos.
Se hizo un repaso de la actividad desplegada por la Asociación en los cerca de cuatro meses de existencia, con las propuestas formuladas con motivo de las elecciones sindicales de 28 de marzo y las elecciones autonómicas de 27 de mayo, además de numerosas iniciativas formuladas ante las instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, y de las perspectivas de actuación futura, con la puesta en marcha de los diferentes Grupos de Trabajo internos.
También se expuso la decisión de la Asociación de impugnar judicialmente la Oferta de Empleo Público para 2007, aprobada por el Gobierno de Aragón el pasado 8 de mayo, iniciativa que se materializará esta misma semana, con la interposición de un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, al entender que los términos de la Oferta restringen de forma arbitraria y antijurídica el derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos, reconocido por el artículo 23.2 de la Constitución.
En el coloquio posterior, se plantearon diversas cuestiones sobre el estado actual de la función pública autonómica y se constató el deseo de explorar las posibilidades de esta Asociación para contribuir a modificar el actual estado de cosas, mediante el análisis de los problemas, la formulación de propuestas y la activación, siempre que sea preciso, de los mecanismos y resortes de que se halla dotado el Estado de Derecho para asegurar el respeto de la legalidad.
Ayer, a partir de las cinco de la tarde, tuvo lugar el acto previsto de presentación de la Asociación a los funcionarios de Zaragoza, en el Salón de Actos del Edificio Pignatelli.
Ante las más de treinta personas que acudieron al acto convocado, los representantes de la Asociación que intervinieron en dicho acto, Julio Guiral, Manuel Díaz y Félix Gracia, expusieron las razones que han llevado a la constitución de una Asociación para la Defensa de la Función Pública en el seno de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, la filosofía que anima a la Asociación creada y la necesidad de un compromiso activo del conjunto de los funcionarios públicos con los valores y principios que han de regir el correcto ejercicio de la función pública para hacer posible una Administración que contribuya a la realización plena del Estado de Derecho, la satisfacción del interés general y la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos.
Se hizo un repaso de la actividad desplegada por la Asociación en los cerca de cuatro meses de existencia, con las propuestas formuladas con motivo de las elecciones sindicales de 28 de marzo y las elecciones autonómicas de 27 de mayo, además de numerosas iniciativas formuladas ante las instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, y de las perspectivas de actuación futura, con la puesta en marcha de los diferentes Grupos de Trabajo internos.
También se expuso la decisión de la Asociación de impugnar judicialmente la Oferta de Empleo Público para 2007, aprobada por el Gobierno de Aragón el pasado 8 de mayo, iniciativa que se materializará esta misma semana, con la interposición de un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, al entender que los términos de la Oferta restringen de forma arbitraria y antijurídica el derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos, reconocido por el artículo 23.2 de la Constitución.
En el coloquio posterior, se plantearon diversas cuestiones sobre el estado actual de la función pública autonómica y se constató el deseo de explorar las posibilidades de esta Asociación para contribuir a modificar el actual estado de cosas, mediante el análisis de los problemas, la formulación de propuestas y la activación, siempre que sea preciso, de los mecanismos y resortes de que se halla dotado el Estado de Derecho para asegurar el respeto de la legalidad.
lunes, 4 de junio de 2007
ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN EL EDIFICIO PIGNATELLI EL DÍA 6 DE JUNIO.
Zaragoza, 4 de junio de 2007.
La Asociación, después de realizar su presentación a los funcionarios de los Servicios Provinciales de Teruel y Huesca, desea cerrar dicho capítulo de presentaciones con la organización de un acto público de presentación que tendrá lugar este próximo miércoles, 6 de junio, a las cinco de la tarde, en el Edificio Pignatelli (en el Salón de Actos, conocido como “croissant”).
El acto permitirá exponer a todo el personal de Servicios Centrales y Servicios Provinciales de Zaragoza que se hallen interesados en la Asociación promovida tres aspectos que nos parecen destacables: qué es y qué se propone esta Asociación, qué ha hecho desde su creación hasta ahora y qué actividades se plantea realizar durante la nueva legislatura de la Comunidad Autónoma.
La Asociación es una organización de participación, debate y propuesta que desea acoger en sus diferentes Grupos de Trabajo (Etica Pública, Gestión Pública, Régimen de la Función Pública y Participación Ciudadana) el mayor número de personas posibles, para poder analizar con la debida profundidad los problemas y formular propuestas útiles de actuación y mejora en los diferentes ámbitos de la gestión pública.
Animamos a todos a asistir a dicho acto público, para tratar de dar el impulso definitivo a esta propuesta asociativa y contratar los planteamientos de la Asociación con las diferentes opiniones de los asistentes.
La Asociación, después de realizar su presentación a los funcionarios de los Servicios Provinciales de Teruel y Huesca, desea cerrar dicho capítulo de presentaciones con la organización de un acto público de presentación que tendrá lugar este próximo miércoles, 6 de junio, a las cinco de la tarde, en el Edificio Pignatelli (en el Salón de Actos, conocido como “croissant”).
El acto permitirá exponer a todo el personal de Servicios Centrales y Servicios Provinciales de Zaragoza que se hallen interesados en la Asociación promovida tres aspectos que nos parecen destacables: qué es y qué se propone esta Asociación, qué ha hecho desde su creación hasta ahora y qué actividades se plantea realizar durante la nueva legislatura de la Comunidad Autónoma.
La Asociación es una organización de participación, debate y propuesta que desea acoger en sus diferentes Grupos de Trabajo (Etica Pública, Gestión Pública, Régimen de la Función Pública y Participación Ciudadana) el mayor número de personas posibles, para poder analizar con la debida profundidad los problemas y formular propuestas útiles de actuación y mejora en los diferentes ámbitos de la gestión pública.
Animamos a todos a asistir a dicho acto público, para tratar de dar el impulso definitivo a esta propuesta asociativa y contratar los planteamientos de la Asociación con las diferentes opiniones de los asistentes.
CONTITUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ÉTICA PÚBLICA.
Zaragoza, 1 de junio de 2007. De acuerdo con la decisión adoptada por la Junta Directiva de la Asociación, el pasado día 30 de mayo, y en calidad de Coordinador del Grupo de Trabajo de Ética Pública, me pongo a disposición de todos aquellos miembros de la Asociación que deseen incorporarse al mismo.
Los Grupos de Trabajo, de acuerdo con la configuración que se ha querido dar a los mismos, son un ámbito de estudio y debate, cuya finalidad es la incorporación de elementos teóricos y el conocimiento de experiencias realizadas en la materia en otras Administraciones o entidades. Son un instrumento adecuado para madurar propuestas y para posibilitar la circulación y difusión de ideas.
El objetivo inicial del Grupo de Trabajo, según mi propuesta –sometida naturalmente a revisión por lo que se decida por los integrantes del Grupo-, sería la recopilación y análisis de documentos básicos en materia de ética pública, para proceder a su posterior difusión dentro y fuera de la Asociación. Posteriormente, pasaríamos a la formulación de iniciativas en la materia, trasladándolas a la Junta Directiva de la Asociación, para su posible aprobación.
Una de las iniciativas que cabría impulsar, dentro de la Administración, es el establecimiento de un Código de Buena Conducta Administrativa, en desarrollo de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la línea del aprobado por el Parlamento de la Unión Europea. Al margen de dicha iniciativa, de ámbito interno de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la innegable proyección exterior en un buen servicio a los ciudadanos, cabría impulsar una Declaración común de asociaciones de funcionarios públicos de todas las Administraciones Públicas españolas (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales), formulando un compromiso colectivo con la ética pública y contra la corrupción política y administrativa.
En todo caso, los contenidos y la dinámica del Grupo vendrán determinados por las aportaciones de todos los socios y no socios que participen en el mismo.
Instrumento fundamental del Grupo de Trabajo será un blog específico sobre Etica Pública vinculado al blog general de la Asociación.
Todos los interesados en participar en este Grupo, podéis poneros en contacto conmigo a través de la dirección fgracia@aragon.es
Un cordial saludo.
Félix Gracia Romero.
Los Grupos de Trabajo, de acuerdo con la configuración que se ha querido dar a los mismos, son un ámbito de estudio y debate, cuya finalidad es la incorporación de elementos teóricos y el conocimiento de experiencias realizadas en la materia en otras Administraciones o entidades. Son un instrumento adecuado para madurar propuestas y para posibilitar la circulación y difusión de ideas.
El objetivo inicial del Grupo de Trabajo, según mi propuesta –sometida naturalmente a revisión por lo que se decida por los integrantes del Grupo-, sería la recopilación y análisis de documentos básicos en materia de ética pública, para proceder a su posterior difusión dentro y fuera de la Asociación. Posteriormente, pasaríamos a la formulación de iniciativas en la materia, trasladándolas a la Junta Directiva de la Asociación, para su posible aprobación.
Una de las iniciativas que cabría impulsar, dentro de la Administración, es el establecimiento de un Código de Buena Conducta Administrativa, en desarrollo de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la línea del aprobado por el Parlamento de la Unión Europea. Al margen de dicha iniciativa, de ámbito interno de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la innegable proyección exterior en un buen servicio a los ciudadanos, cabría impulsar una Declaración común de asociaciones de funcionarios públicos de todas las Administraciones Públicas españolas (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales), formulando un compromiso colectivo con la ética pública y contra la corrupción política y administrativa.
En todo caso, los contenidos y la dinámica del Grupo vendrán determinados por las aportaciones de todos los socios y no socios que participen en el mismo.
Instrumento fundamental del Grupo de Trabajo será un blog específico sobre Etica Pública vinculado al blog general de la Asociación.
Todos los interesados en participar en este Grupo, podéis poneros en contacto conmigo a través de la dirección fgracia@aragon.es
Un cordial saludo.
Félix Gracia Romero.
CARTA AL CONSEJERO DE ECONOMIA, OFERTA PÚBLICA Y DISCAPACITADOS
Zaragoza, 31 de mayo de 2007.
Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo.
Estimado Señor:
En mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, me dirijo a Vd. para expresarle mi preocupación por el hecho de que la Oferta de Empleo Público para el año 2007, aprobada por Decreto 67/2007, de 8 de mayo, al contemplar el turno de acceso al empleo público para personas discapacitadas, reserve para el mismo solamente un tres por ciento de las plazas ofertadas, en lugar del cinco por ciento que prevé el artículo 56.3 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y que, igualmente, establece el artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril.
Si bien es cierto que para el personal funcionario cabría aplicar la reserva del 3 por ciento, prevista en la Disposición adicional sexta de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, precepto no derogado por el Estatuto Básico en la fecha de aprobación del Decreto 67/2007, dicho porcentaje no resulta válido para el personal laboral. Además, toda vez que el citado Decreto 67/2007 incorpora en su contenido previsiones materiales del Estatuto Básico del Empleado Público, pese a no haberse producido en dicha fecha su entrada en vigor, nada impide que la reserva para el turno de discapacitados contemple el cinco por ciento de las plazas ofertadas, tanto para el personal funcionario como para el personal laboral, dando con ello aplicación a un criterio de acción positiva que se ha querido común para el conjunto de las Administraciones Públicas.
Por todo ello, y al amparo del artículo 29 de la Constitución y de la Ley Orgánica que lo desarrolla, solicitamos la modificación de los términos del artículo sexto del Decreto 67/2007, con el fin de adecuar el número de plazas reservadas al turno de discapacidad a lo ya señalado en el vigente Convenio Colectivo así como al criterio fijado por el Estatuto Básico del Empleado Público.
Al margen de lo señalado, esta Asociación considera que la Oferta de Empleo Público incurre en muchas otras deficiencias que requerirían una revisión en profundidad de la misma, razón por la cual le comunico nuestra voluntad de promover diferentes acciones para garantizar el necesario respeto al derecho constitucional de acceso al empleo público de todos los ciudadanos y la adecuada atención de las necesidades de funcionamiento de la Administración autonómica.
Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragones
Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo.
Estimado Señor:
En mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, me dirijo a Vd. para expresarle mi preocupación por el hecho de que la Oferta de Empleo Público para el año 2007, aprobada por Decreto 67/2007, de 8 de mayo, al contemplar el turno de acceso al empleo público para personas discapacitadas, reserve para el mismo solamente un tres por ciento de las plazas ofertadas, en lugar del cinco por ciento que prevé el artículo 56.3 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y que, igualmente, establece el artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril.
Si bien es cierto que para el personal funcionario cabría aplicar la reserva del 3 por ciento, prevista en la Disposición adicional sexta de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, precepto no derogado por el Estatuto Básico en la fecha de aprobación del Decreto 67/2007, dicho porcentaje no resulta válido para el personal laboral. Además, toda vez que el citado Decreto 67/2007 incorpora en su contenido previsiones materiales del Estatuto Básico del Empleado Público, pese a no haberse producido en dicha fecha su entrada en vigor, nada impide que la reserva para el turno de discapacitados contemple el cinco por ciento de las plazas ofertadas, tanto para el personal funcionario como para el personal laboral, dando con ello aplicación a un criterio de acción positiva que se ha querido común para el conjunto de las Administraciones Públicas.
Por todo ello, y al amparo del artículo 29 de la Constitución y de la Ley Orgánica que lo desarrolla, solicitamos la modificación de los términos del artículo sexto del Decreto 67/2007, con el fin de adecuar el número de plazas reservadas al turno de discapacidad a lo ya señalado en el vigente Convenio Colectivo así como al criterio fijado por el Estatuto Básico del Empleado Público.
Al margen de lo señalado, esta Asociación considera que la Oferta de Empleo Público incurre en muchas otras deficiencias que requerirían una revisión en profundidad de la misma, razón por la cual le comunico nuestra voluntad de promover diferentes acciones para garantizar el necesario respeto al derecho constitucional de acceso al empleo público de todos los ciudadanos y la adecuada atención de las necesidades de funcionamiento de la Administración autonómica.
Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragones
EL GOBIERNO DE ARAGÓN APRUEBA UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO QUE NO RESPETA EL PORCENTAJE RESERVADO A PERSONAS DISCAPACITADAS.
Zaragoza, 4 de junio de 2007. El pasado día 25 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de Aragón el Decreto del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2007, para cubrir vacantes existentes en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Con independencia de otros motivos de desacuerdo con la Oferta aprobada, claramente insuficiente en relación con el alto porcentaje de interinidad existente en la Administración autonómica, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa quiere poner de manifiesto el hecho de que dicha Oferta no respeta los porcentajes establecidos para incorporación de personas discapacitadas al empleo público.
En concreto, señala el artículo sexto del citado Decreto que “del total de las plazas ofertadas se reservará un tres por ciento para ser cubiertas por personas que tengan la condición legal de personas con minusvalía”
Tanto el VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, pactado entre Administración y sindicatos en julio de 2006, como el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, señalan que “en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad”.
Llama la atención el hecho de que la mayor parte de los sindicatos presentes en la Mesa de Negociación y en la Comisión de Personal que han intervenido en la tramitación de la Oferta aprobada, hayan apoyado unos términos de la misma que incumplen el propio Convenio Colectivo suscrito por dichos sindicatos y que no satisfacen el porcentaje previsto en el propio Estatuto Básico del Empleado Público, si bien éste no entró en vigor hasta pocos días después de la aprobación de la citada Oferta, lo cual no ha impedido que determinados preceptos de la Oferta incorporen su contenido.
Entendemos que, coherentemente con la línea de integración de las personas discapacitadas y las medidas favorecedoras de su incorporación al empleo público impulsadas por el conjunto de las Administraciones Públicas, corresponde al Gobierno de Aragón subsanar los términos de la Oferta aprobada, para acomodarla al Convenio Colectivo aplicable al personal laboral y ajustarla al criterio establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ya se ha dirigido al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, competente en materia de función pública, para que proceda a acomodar la Oferta aprobada a las condiciones señaladas.
Con independencia de otros motivos de desacuerdo con la Oferta aprobada, claramente insuficiente en relación con el alto porcentaje de interinidad existente en la Administración autonómica, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa quiere poner de manifiesto el hecho de que dicha Oferta no respeta los porcentajes establecidos para incorporación de personas discapacitadas al empleo público.
En concreto, señala el artículo sexto del citado Decreto que “del total de las plazas ofertadas se reservará un tres por ciento para ser cubiertas por personas que tengan la condición legal de personas con minusvalía”
Tanto el VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, pactado entre Administración y sindicatos en julio de 2006, como el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, señalan que “en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad”.
Llama la atención el hecho de que la mayor parte de los sindicatos presentes en la Mesa de Negociación y en la Comisión de Personal que han intervenido en la tramitación de la Oferta aprobada, hayan apoyado unos términos de la misma que incumplen el propio Convenio Colectivo suscrito por dichos sindicatos y que no satisfacen el porcentaje previsto en el propio Estatuto Básico del Empleado Público, si bien éste no entró en vigor hasta pocos días después de la aprobación de la citada Oferta, lo cual no ha impedido que determinados preceptos de la Oferta incorporen su contenido.
Entendemos que, coherentemente con la línea de integración de las personas discapacitadas y las medidas favorecedoras de su incorporación al empleo público impulsadas por el conjunto de las Administraciones Públicas, corresponde al Gobierno de Aragón subsanar los términos de la Oferta aprobada, para acomodarla al Convenio Colectivo aplicable al personal laboral y ajustarla al criterio establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ya se ha dirigido al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, competente en materia de función pública, para que proceda a acomodar la Oferta aprobada a las condiciones señaladas.
viernes, 1 de junio de 2007
CUARTA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION.
Ayer, en la Junta Municipal Centro (C/ Hernán Cortés, 33) del Ayuntamiento de Zaragoza, se celebró la cuarta reunión de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.
Tras aprobar el orden del día propuesto y el acta de la sesión anterior, se procedió a efectuar una valoración de las actividades principales desarrolladas a lo largo de los tres meses de andadura de la Asociación, haciendo especial hincapié en el ciclo de conferencias “El futuro de la función pública” (abril-mayo 2007), cuyas tres sesiones discurrieron de forma muy satisfactoria, tanto en su contenido como en la asistencia de público, y en el documento de propuestas formuladas a los partidos políticos que concurrían a las elecciones a Cortes de Aragón celebradas el pasado 27 de mayo, documento que se trasladó a dichos partidos, en la última semana de la campaña electoral, y que se ha hecho llegar también a los sindicatos presentes en la Administración autonómica. Se acordó remitirlo también al Presidente del Gobierno de Aragón, al Justicia de Aragón y a los diferentes medios de comunicación social aragoneses.
Después de repasar el conjunto de actividades desarrolladas, la Junta Directiva pretende priorizar en este momento la vida interna de la Asociación, mediante la constitución de los diferentes grupos de trabajo establecidos, en especial aquellos para los cuales existen ya Coordinadores designados, como es el caso de los Grupos de Etica Pública, Gestión Pública y Régimen de Función Pública. Los respectivos coordinadores, en fechas próximas, se dirigirán al conjunto de los asociados para invitarles a participar en los mismos y diseñar unos posibles criterios de actuación o funcionamiento. El trabajo de reflexión realizado en el seno de los Grupos de Trabajo ha de ser el sustento de las diferentes iniciativas públicas adoptadas por la Asociación, una vez concluido este primer periodo de funcionamiento en el que la Junta Directiva se ha visto forzada a asumir la casi totalidad de los requerimientos de actuación.
Tras deliberar sobre la necesidad de concluir el conjunto de actos de presentación de la Asociación a los funcionarios y demás empleados públicos de la Administración autonómica, se decidió organizar un acto informativo en el edificio Pignatelli para el próximo día 6 de junio.
Finalmente, y por entender que el cumplimiento de la legalidad administrativa en materia de selección de personal es una prioridad máxima para corregir la actual situación de la Administración autonómica, se acordó por unanimidad de todos los presentes la impugnación judicial de la Oferta de Empleo Público para 2007, aprobada por Decreto 67/2007, de 8 de mayo, al entender que ni su tramitación ni su contenido se ajustan a las necesidades de la Administración y a las normas legales que le son de aplicación. El carácter insuficiente de las plazas aprobadas y el modo arbitrario en que se ha procedido a su determinación invalidan, a juicio de la Asociación, la Oferta aprobada, con la que no queda garantizado ni el derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos interesados ni la necesaria reducción de la tasa de temporalidad del empleo público a los porcentajes sugeridos por el Defensor del Pueblo (8%) o pactados en su día por Administración y sindicatos (5%).
Por último, se acordó la admisión de todos los nuevos socios que han solicitado la incorporación a la Asociación.
Tras aprobar el orden del día propuesto y el acta de la sesión anterior, se procedió a efectuar una valoración de las actividades principales desarrolladas a lo largo de los tres meses de andadura de la Asociación, haciendo especial hincapié en el ciclo de conferencias “El futuro de la función pública” (abril-mayo 2007), cuyas tres sesiones discurrieron de forma muy satisfactoria, tanto en su contenido como en la asistencia de público, y en el documento de propuestas formuladas a los partidos políticos que concurrían a las elecciones a Cortes de Aragón celebradas el pasado 27 de mayo, documento que se trasladó a dichos partidos, en la última semana de la campaña electoral, y que se ha hecho llegar también a los sindicatos presentes en la Administración autonómica. Se acordó remitirlo también al Presidente del Gobierno de Aragón, al Justicia de Aragón y a los diferentes medios de comunicación social aragoneses.
Después de repasar el conjunto de actividades desarrolladas, la Junta Directiva pretende priorizar en este momento la vida interna de la Asociación, mediante la constitución de los diferentes grupos de trabajo establecidos, en especial aquellos para los cuales existen ya Coordinadores designados, como es el caso de los Grupos de Etica Pública, Gestión Pública y Régimen de Función Pública. Los respectivos coordinadores, en fechas próximas, se dirigirán al conjunto de los asociados para invitarles a participar en los mismos y diseñar unos posibles criterios de actuación o funcionamiento. El trabajo de reflexión realizado en el seno de los Grupos de Trabajo ha de ser el sustento de las diferentes iniciativas públicas adoptadas por la Asociación, una vez concluido este primer periodo de funcionamiento en el que la Junta Directiva se ha visto forzada a asumir la casi totalidad de los requerimientos de actuación.
Tras deliberar sobre la necesidad de concluir el conjunto de actos de presentación de la Asociación a los funcionarios y demás empleados públicos de la Administración autonómica, se decidió organizar un acto informativo en el edificio Pignatelli para el próximo día 6 de junio.
Finalmente, y por entender que el cumplimiento de la legalidad administrativa en materia de selección de personal es una prioridad máxima para corregir la actual situación de la Administración autonómica, se acordó por unanimidad de todos los presentes la impugnación judicial de la Oferta de Empleo Público para 2007, aprobada por Decreto 67/2007, de 8 de mayo, al entender que ni su tramitación ni su contenido se ajustan a las necesidades de la Administración y a las normas legales que le son de aplicación. El carácter insuficiente de las plazas aprobadas y el modo arbitrario en que se ha procedido a su determinación invalidan, a juicio de la Asociación, la Oferta aprobada, con la que no queda garantizado ni el derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos interesados ni la necesaria reducción de la tasa de temporalidad del empleo público a los porcentajes sugeridos por el Defensor del Pueblo (8%) o pactados en su día por Administración y sindicatos (5%).
Por último, se acordó la admisión de todos los nuevos socios que han solicitado la incorporación a la Asociación.