EL JUSTICIA DE ARAGÓN RECUERDA AL GOBIERNO DE ARAGÓN QUE DEBE DESARROLLAR SUS PROCESOS SELECTIVOS EN LOS PLAZOS FIJADOS POR LA LEY.

El Justicia de Aragón, en una reciente resolución de 19 de junio de 2007, sugiere a la Diputación General de Aragón que desarrolle los procesos selectivos para acceder a las plazas incluidas en sus Ofertas de Empleo dentro de los plazos fijados por la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Dicha resolución corresponde a una queja formulada ante dicha Institución en relación con la demora injustificada en la convocatoria y resolución del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma, Clase de especialidad Auxiliares de Enfermería.

Dicho proceso, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2003, aprobada por Decreto 41/2003, de 25 de febrero, no fue convocado hasta el 7 de julio de 2004 y su conclusión se produjo el 4 de enero de 2007, mediante el nombramiento de funcionarios de carrera realizado por Orden del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Tal y como se señala en la resolución dictada por el Justicia de Aragón, “encontramos que han transcurrido casi cuatro años entre la aprobación por Decreto de la Oferta de Empleo Público y la finalización de las pruebas selectivas correspondientes a plazas incluidas en dicha Oferta”.

Llaman la atención enormemente las afirmaciones contenidas en el informe remitido por la Administración al Justicia de Aragón sobre el contenido de la queja, al negar el carácter vinculante de los plazos marcados por la Ley para la realización de los procesos selectivos: tres meses para la convocatoria, a contar desde la publicación de la Oferta, y seis meses para la realización de las pruebas selectivas, desde la publicación de la convocatoria (artículo 24 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón).

Frente a la claridad con que se expresa la norma legal, la Dirección General de la Función Pública afirma que “los plazos previstos en el artículo 24 de la Ley funcionan actualmente como objetivos que se impone la Administración, en aras de la eficacia y la agilidad de su gestión, indicando los plazos en los que, razonablemente, han de emprenderse las actuaciones necesarias para ejecutar la Oferta de Empleo Público; pero no como plazos imperativos o vinculantes que generen a los interesados un derecho a exigirlos en caso de incumplimiento, ya que las circunstancias y el entorno organizativo actual en que se ha de aprobar y ejecutar dicha Oferta no son, obviamente, los mismos que hace dieciséis años, cuando se consideraban márgenes de tiempo razonables y adecuados a las circunstancias del momento”.

Frente a tal argumentación, contraria a los principios más básicos del Estado de Derecho, como son el principio de legalidad –sometimiento de la Administración a los mandatos de la Ley- y el principio de seguridad jurídica en las relaciones entre ciudadanos y Administración, el Justicia de Aragón recuerda que la Administración ha de ceñirse al tenor literal de la norma y considera que, en el caso analizado, se ha vulnerado la disposición legal aplicable, con vulneración de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa observa con extraordinaria preocupación el hecho de que un órgano administrativo, responsable del desarrollo de procedimientos que afectan a miles de ciudadanos, considere que las garantías jurídicas establecidas por el ordenamiento jurídico no deban ser respetadas, negando incluso el carácter vinculante consustancial a la Ley. Semejante afirmación es radicalmente contraria al mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución española, en el que se señala que la Administración ha de actuar “con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.

Por tal motivo, la Asociación va a dirigirse tanto al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo como al de Presidencia y Relaciones Institucionales, para que velen por el cumplimiento estricto de los plazos marcados por la ley, desautorizando expresamente el criterio expresado por la Dirección General de la Función Pública.