Zaragoza, 3 de octubre de 2007
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido hoy al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, en ejercicio del derecho constitucional de petición, para solicitar que los nombramientos y ceses del personal eventual o de confianza de los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón sean públicos y transparentes, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, y que el trabajo realizado por dicho personal quede sujeto al mismo régimen de control establecido para los funcionarios de carrera.
El personal eventual constituye una de las clases de empleados públicos prevista tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en la vigente Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, definiéndose como tal el personal que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para tal fin.
Dicho personal eventual únicamente puede ocupar los puestos de trabajo que, con tal naturaleza, se adscriben a los Gabinetes y Secretarías particulares de los miembros del Gobierno de Aragón, según se prevé en el artículo 20 de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Señala el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 12.5, que al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. De acuerdo con ello, debiera entenderse que la publicación de los nombramientos y ceses en los puestos de trabajo, así como los principios o reglas que se establecen en el denominado Código de Conducta o capítulo de deberes de los empleados públicos, habrían de ser aplicados a dicho personal.
Entre tales principios o deberes figuran los de dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad y eficacia, principios todos ellos que vendrían a determinar lo que cabe y debe entenderse como “funciones retribuidas” a desarrollar por dicho personal.
La falta de publicidad actualmente existente en cuanto al nombramiento de las personas que acceden a las funciones públicas de confianza o de asesoramiento especial, así como la inaplicación a los mismos de control de presencia en los lugares de trabajo y cumplimiento de jornada, hace posible que la condición de dicho personal, en determinados casos, no vaya más allá de la percepción de un sueldo público, sin realización de función alguna que justifique el cobro del mismo, posibilidad que en modo alguno puede estimarse admisible.
La Asociación va a hacer de esta cuestión una de sus prioridades de actuación y, en su caso, de denuncia, al constituir tal realidad –o su posibilidad- una de las anomalías más graves de funcionamiento del régimen de función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ahí, ahí, muy bien traído el asunto, porque la situación es un completo escándalo, pero parece que a los políticos les está todo permitido, hasta vivir del cuento.
ResponderEliminarVeo a la Asociación derrochando energías. Fabuloso.
ResponderEliminar¿Alguien conoce algún caso concreto o está feo señalar?
ResponderEliminarLo que está feo es recibir un sueldo público a cambio de nada, pero hay gente que por lo visto se cree con derecho a que los ciudadanos lo mantengan a cambio de "servicios prestados" a su partido.
ResponderEliminarA ver qué contestan, y si no se puede acudir, como en otros casos, a las Cortes de Aragón, para que el control democrático del poder se ejerza.
ResponderEliminarMe parece una buena iniciativa, siempre que se dé continuidad a la exigencia de control, pues la clase política se ha hecho experta en aguantar el "chaparrón" -cuando lo hay- y luego salirse con la suya, beneficiándose del olvido de los temas y del interés general por otras cuestiones más inmediatas.
ResponderEliminar¿Hay casos concretos? hay que denunciarlos y especialmente ante los medios de comunicación.
ResponderEliminarBien recogido ayer en Heraldo de Aragón, aunque fuese en formato breve.
ResponderEliminar¿Qué hay que denunciar y ante quién? No creo que sea bueno iniciar una estrategia de escándalo, sino que sería preferible formular las denuncias ante la Inspección General de Servicios, para que la posible pasividad de los órganos de control haga cuestionarse el funcionamiento de los mecanismos internos.
ResponderEliminarPienso también que hay que poner en valor los instrumentos de control propios de la organización, aunque está claro que a los políticos sólo les preocupa lo que aparece en prensa.
ResponderEliminarCreo que la actitud de funcionarios públicos, en la medida en que somos profesionales de esta organización administrativa, es reforzar en todo lo posible los instrumentos y canales propios de la Administración, poniendo con ello en evidencia, si así fuera, los incumplimientos de las obligaciones de corrección de irregularidades por parte de los consejeros o directivos.
ResponderEliminarNo deberíamos permitir que las cosas pierdan su eficacia por desuso, como ocurre con la Inspección General de Servicios, pues no podemos pretender que determinados asuntos los investiguen de oficio.
ResponderEliminarLa publicidad en los nombramientos del personal eventual es fundamental, pues la opacidad actualmente reinante ha permitido que se hagan nombramientos que carecen de justificación, por la total falta de idoneidad de las personas nombradas y lo injustificado de la percepción retributiva por el trabajo realizado, o, lo que es peor, permite que se hagan nombramientos de personas a las que alguien ha decidido poner sueldo público a cambio de nadam, por razones estrictas de interés político.
ResponderEliminar¿Por qué tienen han de disponer los políticos del dinero público de esta forma? Este modo de actuar debiera invalidarlos para actuar en un sistema democrático. ¿Dónde queda la noción de rendición de cuentas?
En este tema ha de insistirse, y no hay que dejar que el abuso de poder prospere.
He recuperado vuestro enlace en: http://aragonliberal.zoomblog.com/archivo/2007/02/23/blog-del-dia-Asociacion-de-Defensa-de-.html
ResponderEliminarcuando www.aragonliberal.es os nombró el blog del día, ya que estamos en esta nueva página.
Federico
Confiemos en que Velasco sea consecuente y ponga coto a la situación de los gabinetes, pero precisamente por eso creo que debería comenzarse por ver cómo está su gabinete, pues mal va a corregir irregularidades en las que él mismo incurre.
ResponderEliminarEn el BOA de hoy se nos regala con perlas de lo que es ya el embarullamiento administrativo de las pruebas selectivas: resoluciones que dejan sin efecto anteriores correcciones de errores, error sobre error, terror jurídico, eso sí, esta vez ya se sabe quién suscribe semejantes resoluciones.
ResponderEliminarSí, el desbarajuste es penoso.
ResponderEliminar¿Quién se cree que existe seguridad jurídica en semejante descontrol?
ResponderEliminarDebe insistirse tanto en el cumplimiento de plazos por parte de la Administración como en el sistema objetivo y reglado de formación de Tribunales, pues ambas cuestiones son el elemento crítico en este momento.
ResponderEliminarNo comprendo el bajísimo nivel de exigencia que existe en nuestra sociedad respecto a los políticos: basta con recordar el cese del Presidente del Banco Mundial por un supuesto trato de favor a su novia y comparar dicho caso con la situación que vivimos en nuestra Administración. ¿Qué sucedería si se aplicase el mismo nivel de exigencia?
ResponderEliminarDesde luego, parece que se admitiera la corrupción como algo consustancial al funcionamiento de las instituciones. Acaso, porque ello nos legitima a los demás a defraudar en aquello que podamos. No encuentro otra explicación.
ResponderEliminarExactamente: summum ius summa inuiria.
ResponderEliminarSumma iniuria, perdón.
ResponderEliminarPuede que haya algo de ello: si yo no les exijo, ellos tampoco me exigirán a mí. Todos consentimos los abusos, en mayor o menor medida.
ResponderEliminarSi la cosa fuese así, nos empezamos a deslizar por una pendiente muy peligrosa.
ResponderEliminar¿Se puede hacer llegar este asunto al Fiscal Anticorrupción?
ResponderEliminarAlguien debería analizarlo, pues parece ser que no se entiende otro lenguaje que el de la responsabilidad penal y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, de unos y de otros, de los que cobran sin merecerlo y de los que pagan con un dinero que no es suyo.
ResponderEliminar¿Y la Intervención General no fiscaliza estos pagos con rigor o también consiente la situación?
ResponderEliminarDemasiadas preguntas a quien no tiene ninguna voluntad de contestar ni de rendir cuentas, algo que debiera ser básico en una democracia.
ResponderEliminarNo se sabe no se contesta, y si no basta con ver la sonrojante actitud del Gobierno frente a las preguntas parlamentarias sobre contrataciones en las empresas públicas y cómo se confunde el derecho a la intimidad de las personas con la opacidad y la corrupción, lisa y llanamente.
ResponderEliminar¿Dónde está el aliento democrático de nuestros políticos?
ResponderEliminarIndignante arbitrariedad de la Administración.
ResponderEliminar¿A nadie le ha sorprendido que los procesos selectivos de la Oferta de Empleo Público no los asuma la Dirección General de la Función Pública?
ResponderEliminarPor cierto,¿hay alguna novedad en relación con los recursos interpuestos contra el Decreto de Oferta de Empleo Público? ¿En qué momento se encuentran los procesos judiciales? ¿Podríais informar sobre el tema?
ResponderEliminarSe preocupan algunos de lo rocambolesco de ciertas actuaciones administrativas que afectan a la promoción interna, pero nada se dice de la penosísima aplicación de las pruebas de habilitación correspondientes al nuevo sistema de promoción del personal laboral. A punto ya de acumular un año desde que se produjo una convocatoria inédita en la historia de la función pública, sobre la que nada objetaron los sindicatos. ¿Por qué?
ResponderEliminarLo que no dice el sindicato al que se alude es que el Decreto de Oferta no es el instrumento para regular las modalidades de promoción interna, sino que ésta debe regularse en las normas de promoción interna.
ResponderEliminarEn fin, todo se está haciendo de tapadillo y al margen de los procedimientos legales y parece que esa es la opción que se apoya por las dos partes negociadoras.
¿Hay alguien que crea que la defensa de la legalidad en un Estado de Derecho es una tarea loable y que merece, si no reconocimiento, al menos no ser reprochada?
ResponderEliminarAlguien tiene interés en evitar la capacidad de acción procesal ante los Tribunales de esta Asociación, entendiendo de manera alicorta la noción de interés legítimo: ese alguien es la propia Administración -en el ejercicio de una interpretación restrictiva de los derechos fundamentales, justamente al contrario de lo que manda la Constitución al conjunto de los poderes públicos- y también el sindicato Comisiones Obreras, que ha debido dejar olvidado su progresismo en algún punto de su larga trayectoria en favor de la libertad y la justicia.
ResponderEliminarHay que cargarse de razones, de forma sopesada y paciente, con exigencia intelectual y ética, y con esfuerzo sostenido tratar de volver a restaurar todas y cada una de las piezas del Estado de Derecho.
ResponderEliminar¿Alguien puede alegrarse de que los Tribunales amparen o puedan amparar la arbitrariedad administrativa?
ResponderEliminarPienso que la Asociación debería acompañar sus iniciativas de la elaboración de documentes explicativos y de profundización en los asuntos, para evitar que sus propuestas sean indebidamente distorsionadas por los hunos o los hotros, como decía Unamuno.
ResponderEliminarNo somos detectives ni fiscales y, por eso, debemos encontrar el modo de trasladar determinadas irregularidades que se detecten a las instancias de control adecuadas.
ResponderEliminarAhora resulta que se anuncia a bombo y platillo en la prensa que el nuevo Consejero de Presidencia se ha convencido de que las leyes hay que cumplirlas y que, por lo tanto, los días adicionales de libre disposición que reconocía el Estatuto Básico del Empleado Público a los funcionarios de todas las Administraciones Públicas van a ser reconocidos a los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
ResponderEliminarPero para llegar a una conclusión tan obvia ha sido necesario, por lo visto, solicitar un informe a los servicios jurídicos, informe que no se solicitó, debe suponerse, cuando el anterior responsable de Función Pública concluyó que tal medida no era de aplicación al personal de la Comunidad Autónoma. ¿Estamos en manos de este tipo de gente que se permite decidir si una ley se aplica o no? Desgraciadamente no cabe llegar a otra conclusión y el vulnerador de la legalidad ahí sigue tan ufano, dedicado a corregir errores y a cometer otros nuevos.
ResponderEliminarErrar es humano.
ResponderEliminarLa Asociación no debiera dejarse desanimar por las "chinitas" que muchos tratarán de ponerle en el camino. Los problemas han de servir, por el contrario, de estímulo. No hay nada valioso que no conlleve esfuerzo.
ResponderEliminarHay que convencerse de que una labor como la propuesta va a tener que vencer muchas resistencias, pues una Asociación independiente de obediencias políticas o sindicales es un elemento extraño e incómodo para muchos.
ResponderEliminarLa gente libre no gusta al poder.
ResponderEliminarDeberíamos profundizar en las nociones, muy gráficas e ilustrativas, de democracia gobernante y democracia gobernada, a propósito del status central o subordinado de los ciudadanos en el sistema político.
ResponderEliminarMe temo que cada vez estamos más y peor gobernados.
ResponderEliminarAlguna responsabilidad nos tocará a los funcionarios en ese negocio, digo yo.
ResponderEliminarSí, no podemos eludir nuestra gran responsabilidad en la calidad del gobierno y en el papel de la administración pública como prestadora de servicios a los ciudadanos.
ResponderEliminarQuiero animar a todos los miembros de la Asociación a seguir adelante con el proyecto que han impulsado y a tratar de hacer partícipes del mismo al mayor número posible de compañeros, pues no sobra la aportación de nadie en esta tarea.
ResponderEliminar¿Cuántos funcionarios se han incorporado a la Asociación desde su creación? Ese dato sería bueno conocerlo para saber el refrendo dado a su existencia y actuaciones.
ResponderEliminarQuiero simplemente decir que la sola existencia de este blog, con la apertura de un espacio de libre expresión y de circulación de las iniciativas y planteamientos de la asociación, es un motivo de satisfacción diaria, aunque sólo sea por la oportunidad de asomarse a una ventana con horizontes amplios que uno no suele tener en el Pignatelli o en tantos otros centros de trabajo.
ResponderEliminarCuanto más casos conozco de personas que están ocupando -porque no se puede hablar de desempeño- puestos de trabajo en los gabinetes de los consejeros más me sonrojo, por los propios interesados, por los consejeros que los nombran y por la Administración en su conjunto que permite y consiente semejantes tropelías.
ResponderEliminarA este paso, según leo, algún día algún Fiscal mandará a la Policía Judicial a las oficinas de la Administración para ver lo que está sucediendo con el personal, como ocurrió hace tiempo en Italia.
ResponderEliminarNo creo, sin embargo, que los Fiscales de Aragón tengan la menor preocupación por estos temas.
¿Qué sentido de la responsabilidad demuestran los que así actúan y dónde quedan los controles de eficacia y eficiencia?
ResponderEliminar¿Qué se puede esperar de una Inspección General de Servicios a la que sólo se conoce su preocupación por sistemas de control horario y luego se inhibe ante el descontrol organizativo?
ResponderEliminarMuy poca cosa, y mucho menos con el Director General del que ahora ha pasado a depender.
ResponderEliminarEste tema debería llevarse al Parlamento y no dejarlo sólo a decisión del Consejero de Presidencia, quien no olvidemos lleva ya tres legislaturas en puestos de Consejero. ¿En esas condiciones se puede estar con capacidad de innovar o sanear algo?
ResponderEliminarSiempre es posible aprovechar el cambio de responsabilidades para modificar criterios y corregir disfunciones.
ResponderEliminarLos proyectos de regeneración precisan de factores que brillan por su ausencia en esta Administración, en mi opinión.
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