Desde esta Asociación
hemos dirigido una solicitud de acceso a la información pública a la Presidenta
de las Cortes de Aragón, al amparo de la normativa de transparencia y del
Reglamento de las Cortes de Aragón, para conocer el contenido de los informes
remitidos al Parlamento autonómico con advertencias de inconstitucionalidad
respecto al contenido de la recientemente aprobada Ley de actualización de los
derechos históricos de Aragón.
Entendemos que reviste
una enorme trascendencia, en el orden de la calidad democrática, evitar la
consolidación de una norma de las características de la aprobada, cuya
filosofía y apelación a la legitimidad histórica, contraria a la legitimidad democrática
y a la supremacía de la norma constitucional, la invalida radicalmente y la
convierte en un elemento que atenta contra los valores propios de nuestro
sistema político de convivencia y de articulación territorial.
Extender la anomalía
que supone la pervivencia de residuos forales en Navarra y País Vasco solo
contribuye, en estos momentos, a debilitar los valores de igualdad y
solidaridad que son consustanciales a un Estado social y democrático de Derecho,
tras la superación de fueros y privilegios propios de un pasado ampliamente
superado.
La realidad de Aragón
y, sobre todo, su futuro, han de huir de esquemas identitarios como los que
inspiran la ley aprobada. Se ha de avanzar en un horizonte de ciudadanía,
abierto e integrador, que permita superar los marcos estrechos de la historia y
ampliar horizontes, pues los repliegues identitarios –y la reivindicación de
pasados míticos- son claramente ineficaces para afrontar los retos del futuro.
Esta Asociación va a
movilizarse en todas las instancias institucionales contra esta Ley, y el
primer paso para ello es recabar de las Cortes de Aragón los informes jurídicos
que han alertado sobre sus deficiencias y sus contradicciones con la norma
constitucional, pero nuestra oposición va más allá de su simple incorrección
jurídica. Rechazamos de plano su planteamiento historicista, su apelación a una
legitimidad que nada tiene que ver con los valores democráticos que han de
inspirar un sistema constitucional de libertad y progreso.
“JULIO GUIRAL PELEGRIN, mayor de edad y con
D.N.I. nº 17.130.593, en nombre de la Asociación para la Defensa de la Función
Pública Aragonesa, inscrita en Registro de Asociaciones
de la Comunidad Autónoma
de Aragón, con nº 01-Z-1989-2007, y con
domicilio en C/ León XIII, 21, 4º Centro, 50008-ZARAGOZA, comparece ante las
Cortes de Aragón y EXPONE:
Que la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa tiene
como objetivos la defensa y promoción de los principios de legalidad,
profesional y ética pública en el seno de las Administraciones Públicas, así
como la defensa de los valores y principios propios del Estado social y
democrático de Derecho y del Estado autonómico recogidos por la Constitución
Española.
La reciente aprobación,
por las Cortes de Aragón, de la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de
los derechos históricos de Aragón, supone a juicio de esta Asociación la
apelación a una legitimidad que nada tiene que ver con la legitimidad
democrática de las normas jurídicas en un sistema constitucional, que solo
puede residir en la voluntad general de los ciudadanos, sin que ésta se pueda
ver constreñida por apelaciones a la historia como las que se formulan en la
norma aprobada, en cuya aprobación se han ignorado las advertencias sobre
inconstitucionalidad formuladas en relación con su contenido.
Tanto la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
como la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública
y Participación Ciudadana de Aragón, han venido a reconocer y garantizar a
todas las personas el derecho de acceso a la información pública, como medida
de transparencia de la actuación de las instituciones y de la gestión pública.
En el mismo sentido, el artículo 304 del Reglamento de las Cortes de Aragón
reconoce el derecho de acceso a la información y documentación de las Cortes de
Aragón, como es la generada con motivo de la tramitación de una iniciativa
legal.
Que
de acuerdo con lo establecido en los artículos 4.2, 25 y 27 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública
y Participación Ciudadana de Aragón, y en el artículo 304 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, solicito de ese Parlamento la remisión de una copia de aquellos
informes formulados por parte de la Administración General del Estado o de los
Servicios Jurídicos de la Cámara, o de cualquier otro órgano o entidad, en los
que se señalen objeciones a la constitucionalidad o adecuación al ordenamiento
jurídico de los contenidos de la proposición de ley que ha dado lugar a la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los
derechos históricos de Aragón, pudiéndose llevar a cabo su
remisión al correo electrónico asocfuncionpublica@yahoo.es
Sin
otro particular, agradezco de antemano su atención.
Zaragoza,
18 de julio de 2018”
Agradecemos esta importante iniciativa, dada la trascendencia social, cívica y política de la aprobación de dicha Ley de Derechos Históricos.
ResponderEliminarNo hay derechos de los territorios, el único titular de derechos es el ciudadano!!! Felicidades.
ResponderEliminarMuy bien hecho, nada de cruzarse de brazos, o lamentarse sin más, o quedarse quietos en la mata!!!
ResponderEliminarLa Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, que agrupa a empleados públicos de la región, ha criticado duramente la polémica Ley de actualización de los derechos históricos, promovida por la Chunta y aprobada con los votos del PSOE, Podemos e IU. La controvertida ley llega a referirse a Aragón como «país», que coloca los derechos históricos por delante de la propia Constitución y que incluso abre la puerta al derecho de autodeterminación. La Asociación para la Defensa de la Función Pública considera que es una ley «antidemocrática» e «ignora la Constitución».
«Está plagada de barbaridades y aberraciones jurídicas, incompatibles con nuestro ordenamiento constitucional y nuestra cultura democrática, y busca el anclaje de nuestra vida pública en una visión irreal e inerte de la historia, como si nuestro horizonte fuera la Edad Media», afirma esta asociación de funcionarios.
Esta organización insiste en que es inadmisible «la apelación a cualquier legitimidad que no sea la legitimidad democrática, cuya plasmación máxima se contiene en la Constitución Española de 19178». Y subraya: «No podemos aceptar la noción antidemocrática de derechos históricos» porque, «en democracia, es el pueblo y sus representantes, y no La Historia, la fuente de legitimidad del poder y del derecho».
abc
ResponderEliminarH Bildu será "crítica" con quienes están en contra "de los restos de los derechos históricos" vascos que quedan
¿Qué hacemos con los derechos históricos?
ResponderEliminar¿Son discutibles los derechos de Aragón?
ResponderEliminarEl día 28 de junio se aprobó en las Cortes la Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón. Esta propuesta forma parte de la esencia de Chunta Aragonesista, tal y como hemos puesto de manifiesto en forma de Proposiciones de ley desde el 2014. Es una visión de Aragón desde el aragonesismo político, que como dice el profesor Fernández Clemente: «En esta hora de perplejidades convendría releer y acaso replantear por un más amplio arco político». Esto es lo que ha ocurrido, puesto que todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Popular y Ciudadanos, han apoyado esta ley.
Aragón es una nacionalidad histórica con más de doce siglos de historia. Sobre este amplio territorio, sucesivas generaciones fueron construyendo una nación fundada en la defensa de sus libertades, dotada de instituciones singulares, depositaria de un rico patrimonio natural, cultural, jurídico y lingüístico.
No solo hablamos de himnos y banderas y de simbolismo identitario, sino de la posibilidad de disponer de recursos económicos suficientes –autonomía financiera--, y del poder político necesario –autogobierno--, para afrontar la mejora de las condiciones de vida de las aragonesas y los aragoneses –Estado del bienestar--, así como blindar por la ley sus derechos sociales.
Esta actualización impulsará y desarrollará los principios propios del Estado social y democrático de derecho, así como el cumplimiento de los derechos y libertades de los aragoneses en el momento actual.
gregorio briz
ResponderEliminarAnte esta situación, el Partido de la Ciudadanía, seguramente pensando en el interés general de Aragón, anuncia un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de actualización de Derechos Históricos. Para conseguirlo deberá echarse en los cálidos brazos de la derecha y, con su complicidad, imponer de una forma descarnada un modelo territorial centralista y dejar a Aragón sin discurso en un posible debate de la nueva configuración del Título VIII de la Constitución desde el federalismo.
El error de Ciudadanos es de fondo, ya que se deja arrastrar por una ideología vulgar y simplista muy propia de plató de televisión. Desde el punto de vista legal, que tan del gusto es de Ciudadanos, la Constitución señala en la Adicional Primera: «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de Autonomía».
El Estatuto de Autonomía de Aragón, desde 1982, recoge estos derechos históricos; en su Adicional Tercera afirma: «La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, lo que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece la disposición adicional primera de la Constitución”.
gregorio briz
ResponderEliminarEn definitiva, que el sistema foral que pervive en Navarra y Euskadi, consagrando la autonomía financiera y fiscal, podría extenderse al resto de comunidades históricas, tal como postula el profesor Manuel Gerpe, catedrático de Derecho Constitucional.
Fernando Rey Martínez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, exponía: «La aproximación aragonesa a la singularidad de su autonomía a partir de su propia historia no ha encontrado aún concreción y ni es fácil que lo haga (puesto que su peso político en el conjunto del Estado no es comparable al de otras regiones) (…) pero, a mi juicio, se halla, sin embargo, latente y pudiera ser concretada en el futuro».
CON TODO LO sucedido en España en los últimos tiempos, con el proceso independentista de Cataluña, se debe apostar por la revisión en profundidad del Título VIII de la Constitución que ha estado en una permanente interinidad durante los cuarenta años. Hay que solucionar este problema grave de encaje territorial de España, que no solo afecta a Cataluña. Recientemente se creó la Comisión para la evaluación y modernización del Estado, donde el autogobierno y la autonomía financiera deberían salir bien paradas, y no perjudicadas en un acuerdo donde la corresponsabilidad fiscal beneficie solo a algunos territorios.
Para este tránsito y negociación política qué mejor que una ley de derechos históricos donde se refleja nuestra posición con respecto al autogobierno y a la autonomía financiera de Aragón, incluso en el marco de la vieja Constitució.
gregorio briz
ResponderEliminarLamentable artículo el del diputado de CHA Gregorio Briz. Esperemos que se dé al mismo la réplica merecida.
ResponderEliminarSolo faltaría que no resultaran discutibles los contenidos disparatados de una ley como la aprobada.