PETICIÓN DE INFORMACIÓN PARA CONOCER EL ESTADO DEL DERECHO DE ACCESO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nuestra Asociación, tras cerca de una década reclamando ante los Tribunales el respeto al derecho de acceso a la función pública en las ofertas de empleo público aprobadas por las diferentes Administraciones Públicas –acudiendo para ello a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional-, con el objetivo de abrir una línea jurisprudencial garantista del derecho frente a la vulneración del mismo por las diferentes Administraciones –en grado diferente, hay que destacarlo-, ha decidido promover, como elemento de seguimiento y evaluación de la política de selección de personal de las Administraciones, un Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública.

Los derechos y expectativas de miles de ciudadanos se ven afectados por la actuación de las Administraciones Públicas a la hora de aprobar las necesarias ofertas anuales de empleo público y realizar los procesos selectivos de nuevo personal requerido para atender los servicios públicos, y es justamente el incumplimiento del régimen legal de acceso a la función pública –contenido en el Estatuto Básico del Empleado Público- el que ha ocasionado unas abultadas tasas de interinidad en la función pública, lastrando con ello el correcto funcionamiento de la acción administrativa y menoscabando la profesionalidad y la imparcialidad que corresponde exigir a todo servidor público.

La importancia que reviste el derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública en condiciones de igualdad, conforme a criterios estrictos de mérito y capacidad, justifica sobradamente el impulso, desde la sociedad civil, de la que se siente parte activa esta Asociación, de un Observatorio dedicado a vigilar y comprobar que las Administraciones cumplen las normas en materia de selección de personal, garantizando el derecho fundamental de los ciudadanos de acceder en condiciones de igualdad al desempeño de la función pública y asegurando para ello el desarrollo de procesos selectivos con plenas garantías de transparencia, objetividad y seguridad jurídica.

Solo el desistimiento generalizado de la sociedad en esta materia, y la equivocada técnica de las tasas de reposición que desde años vienen recogiendo las Leyes de Presupuestos Generales del Estado –contra las que nos hemos manifestado de manera reiterada, sin resultado hasta el momento-, han podido permitir que las Administraciones Públicas –en particular, la autonómica y local- hayan incumplido sus obligaciones legales de ofertar los puestos de trabajo vacantes u ocupados por personal interino en los procesos de selección de funcionarios de carrera, por corresponder a estos su desempeño con las plenas garantías que contempla el ordenamiento jurídico: la inamovilidad del funcionario de carrera no constituye un privilegio, sino una garantía destinada a asegurar el deber de imparcialidad y neutralidad que es exigible a los servidores públicos, cuyo compromiso con la legalidad ha de primar respecto a la subordinación al poder político, sin olvidar que corresponde al Gobierno democrático dirigir la Administración y asegurar con el desarrollo de sus políticas el cumplimiento del programa de gobierno avalado por el voto de los ciudadanos y la confianza parlamentaria, con pleno sometimiento a la Constitución,  cuyo carácter vinculante para todos los poderes públicos es un rasgo propio del Estado de Derecho.

Justamente para comenzar a impulsar dicho Observatorio, y en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, hemos solicitado a diferentes Administraciones Públicas información completa sobre el estado actual de ofertas de empleo público, procesos selectivos derivados de las mismas, volumen de interinidad existente y criterios de desarrollo de los procesos selectivos, como es la existencia o no de criterios reglados para la designación de los tribunales u órganos de selección  llamados a desarrollar y evaluar las pruebas que componen cada proceso selectivo.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Ayuntamiento de Zaragoza, recabando información detallada sobre la política de selección de personal, con la que nutrir la actividad propia del pretendido Observatorio:

“JULIO GUIRAL PELEGRÍN, mayor de edad y con D.N.I. nº 17.130.593, en nombre de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con nº 01-Z-1989-2007, y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ León XIII, 21, 4º Centro, 50008-ZARAGOZA, comparece ante esa Entidad Local, y EXPONE:

Que uno de los objetivos de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa es la defensa del derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, tal y como establece el artículo 23.2 de la Constitución Española y ha sido objeto de desarrollo por parte del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se establece la obligación de incluir en la Oferta anual de Empleo Público de cada Administración aquellas plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, salvo que se acuerde proceder a su amortización.

Que la garantía del respeto a dicho derecho, además de un acuerdo expreso de los órganos de gobierno de cada Administración para la aprobación de su oferta de empleo público, requiere también disponer de una información detallada del número de plazas ocupadas por funcionarios interinos en cada Administración Pública, incluidas las de esa entidad local.

Tanto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, han venido a reconocer y garantizar a todas las personas el derecho de acceso a la información pública, como medida de transparencia de la gestión pública.

Esta Asociación tiene previsto, entre sus líneas de actuación, impulsar un Observatorio Permanente del Derecho de Acceso a la Función Pública, que permita controlar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de acceso al empleo público y  conocer la situación de los niveles de interinidad en el empleo público, de modo que resulte posible elaborar un informe anual sobre el nivel de garantía del derecho de acceso en el conjunto de las Administraciones públicas aragonesas, razón por la cual rogamos la mayor precisión posible en la información solicitada.

Por ello, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 25 y 27 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, solicito de esa Entidad Local, la información siguiente:

-          Volumen total de la plantilla de personal de dicha Entidad y volumen del personal interino que ocupa puestos de la misma, así como número de personal interino que ocupa plazas vacantes, no sujetas a reserva de funcionario de carrera, en el conjunto de esa Administración, agrupando los datos por grupos y subgrupos de titulación, y por cuerpos, escalas o, en su caso, subescalas o clases de especialidad.

-          Indicación de si se ha aprobado oferta de empleo público correspondiente a 2018 y a los últimos tres años (2015, 2016 y 2017), y, en su caso, remisión de una copia de la misma o indicación de su lugar de publicación.

-          Indicación de las ofertas aprobadas en años anteriores que estén todavía pendientes de ejecución o tengan pendientes de desarrollo alguno de los procesos selectivos correspondientes, con señalamiento de aquellas ofertas o procesos en que se haya declarado, administrativa o judicialmente, su caducidad.

-          Indicación del estado de ejecución de los procesos selectivos derivados de la oferta de empleo público aprobada en los años 2015, 2016 y 2017.

-          Indicación del estado de ejecución de procesos selectivos en marcha o pendientes correspondientes a ofertas anteriores a 2015.

-          Indicación de si dicha Administración dispone de un procedimiento reglado para la designación de los miembros de los tribunales de selección actuantes en los procesos selectivos que corresponde determinar a esa entidad, señalando los criterios que se aplican para ello, o indicando en caso contrario el modo en que se lleva a cabo tal designación.

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un atento y respetuoso saludo.

Zaragoza, 15 de mayo de 2018”