DEFENDER AQUELLO VALIOSO EN LO QUE CREEMOS.

Hay momentos excepcionales y complejos, como los vividos ahora en España, en los que es preciso apelar a los valores esenciales que dignifican y dotan de sentido todo proyecto cívico, valores en los que se fundamenta la convivencia democrática, la legitimidad de las instituciones, y el pleno ejercicio de la ciudadanía. 

Esos valores son una responsabilidad común, a preservar tanto por los ciudadanos como por el conjunto de las instituciones democráticas. Y el marco en el que ha de llevarse a cabo dicha tarea no puede ser otro que la Constitución, como garantía esencial de la democracia y de la legalidad, elementos indisociables en todo proyecto político que aspire a garantizar la libertad e igual dignidad de los ciudadanos.

El olvido por algunos actores políticos de la integridad en el ejercicio de la actividad política y de la lealtad a la norma constitucional son dos factores que, en estos momentos, parecen situar a España en uno de sus momentos más delicados en la larga etapa democrática vivida desde la aprobación de la Constitución de 1978. Cualquier solución colectiva al actual momento de crisis institucional ha de pasar necesariamente por el restablecimiento de ambos principios, consustanciales al proyecto de convivencia y de sociedad decente que representa nuestra norma constitucional.

Nuestra Asociación lleva más de una década trabajando, dentro de sus limitadas capacidades, en la defensa de la función pública, y especialmente en los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública que deben vertebrarla, desde un compromiso pleno con los valores y principios constitucionales, dado que en una democracia la única resistencia válida frente al poder legítimo es la resistencia constitucional, apelando a sus valores para hacer frente a los disvalores de la acción política.

Defender los valores de la libertad y de la convivencia, la honestidad en el desempeño de las tareas públicas, la solidaridad entre todos los territorios y personas, el respeto máximo a los derechos humanos, las garantías propias del Estado de Derecho es una tarea necesaria que nos incumbe a todos. Y existe el deber de responsabilidad cívica de anteponer el interés público al simple interés personal y contribuir activamente al bien colectivo, cuya máxima expresión es la salud y el vigor ético de nuestra democracia.

En ello nos sentimos plenamente comprometidos, y creemos que nuestra contribución reside justamente en la defensa de la función pública, como elemento indispensable del Estado de Derecho llamado a evitar el abuso de poder, la arbitrariedad, la banalización de la ilegalidad, la quiebra del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.