Los
días de verano en los que nos encontramos no solo son días de vacación y
descanso para muchos –entre los que nos contamos-, sino también días para mirar
el horizonte que nos aguarda y cobrar nueva perspectiva, y para hacer acopio de
energía con la que retomar y seguir la actividad que como Asociación nos hemos
marcado en la defensa de la función pública, justo ahora que se cumplen 35 años
de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón y, pese a todo el tiempo
transcurrido, nos hallamos todavía con una Administración autonómica cuyas
carencias resultan injustificables, situación que solo cabe achacar a la
desidia de los responsables políticos –incluido, por supuesto, el actual
gobierno autonómico de Javier Lambán- y al desistimiento de buena parte de los
funcionarios públicos en su compromiso con una buena Administración al servicio
de los ciudadanos.
El
verano también es ocasión propicia para la reflexión –en la que no puede faltar
la debida dosis de autocrítica, sobre todo aquello que siendo anómalo e
irregular nos hemos acostumbrado a ver como parte irremediable de la realidad
administrativa- y para renovar objetivos de mejora o perfilar iniciativas de
control y exigencia, pero todo ello desde la premisa de nuestro compromiso
personal y directo con el funcionamiento diario de los servicios públicos y el
cumplimiento estricto de nuestra función en la aplicación de las normas, en la
satisfacción del interés general y en la realización de los derechos de los
ciudadanos, única razón de ser de los aparatos administrativos y de los
servicios públicos.
Hemos
entendido siempre que el papel de los servidores públicos en una sociedad
democrática es de una particular relevancia, con el doble cometido de ejecutar
el programa político del Gobierno elegido por los ciudadanos –y expresión, por
lo tanto, de la voluntad mayoritaria de la sociedad- y de asegurar el respeto
de la legalidad y el funcionamiento de las garantías propias del Estado de
Derecho –tarea que no corresponde en exclusiva a la Administración Pública,
pero que constituye una de sus tareas básicas en nuestro actual modelo
constitucional-, y el cumplimiento de esa doble tarea requiere de una necesaria
reflexión colectiva, de una cultura organizativa fuertemente comprometida con
ambos cometidos y de una conciencia clara de las obligaciones que comporta el
papel que nos corresponde en el aseguramiento del buen gobierno y de la buena
administración, es decir, cuál es nuestra participación en la calidad democrática
de nuestras instituciones.
Desde
esta Asociación tratamos justamente de desarrollar la reflexión sobre el papel
que ha de cumplir la función pública en una democracia como la española y la
contribución que a avanzar y profundizar en tal marco institucional corresponde
a todos los que hemos hecho del servicio público nuestra opción profesional.
Gozamos
de un estatuto jurídico especial respecto al resto de los trabajadores, estatuto
que viene exclusivamente motivado por la trascendencia de nuestra función, con
el fin de asegurar nuestra imparcialidad y nuestro neto compromiso con la
legalidad constitucional y administrativa, y la principal reflexión de todo
servidor público, en fechas propicias como las actuales, ha de dirigirse a
evaluar su comportamiento y su compromiso profesional con los principios que
rigen el ejercicio de la función pública. Para no perder la perspectiva
necesaria que da sentido a nuestra condición y a la función de servicio que nos
corresponde.
ResponderEliminarllega ya el tiempo de actuar y de reaccionar frente a burlas como la supuests profesionalización del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, cuyos miembros se nombran por libre designación entre funcionarios de todas las Administraciones, qué mejor manera de nombrar a los amigos!!