DIEZ AÑOS Y UN DÍA DE COMPROMISO.

Esta Asociación ha cumplido diez años de trabajo, de recorrido, de existencia, desde la celebración de su asamblea constitutiva el 14 de febrero de 2007, en Zaragoza.

Y queremos celebrarlo hoy con un acto público en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Aragón, a partir de las 18:30 horas, acto que consistirá en una breve exposición del Presidente de la Asociación, Julio Guiral, con la posterior proyección del documental "Corrupción, el organismo nocivo", de Pandora Box TV, y un posterior coloquio, en el que, junto al Presidente de la Asociación, participarán Teresa Soler, codirectora y guionista del documental, José Manuel Aspas, abogado y responsable de las acciones judiciales promovidas por la Asociación en defensa de la legalidad constitucional y administrativa, y Manuel Contreras, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. Agradecemos a todos ellos su presencia y disponibilidad.

Es motivo de celebración acumular diez años de actividad a nuestras espaldas, pero la ocasión y la celebración que hemos querido organizar con tal motivo, no tiene tanto la finalidad de hacer recuento de logros obtenidos en este tiempo pasado, como la intención de reafirmar nuestra voluntad de seguir trabajando en la promoción de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el conjunto de las Administraciones Públicas, con el fin de que la Administración pueda cumplir el papel constitucional que tiene asignado, y que no es otro que servir con objetividad el interés general, dando concreción a las políticas impulsadas por los gobiernos que expresan la voluntad de los ciudadanos, desde el respeto a las normas que impone el Estado de Derecho, y el compromiso con el mejor funcionamiento de los servicios públicos de nuestro Estado social, vital para lograr la cohesión social.

La Administración ha de estar a la altura de las circunstancias y saber responder a las exigencias de nuestra sociedad. Debe ser un mecanismo de legitimación de nuestro sistema político e institucional –democracia parlamentaria, Estado social de Derecho, Estado autonómico-, por su inequívoco compromiso con la legalidad y el interés general de todos los ciudadanos, y los primeros obligados a conseguir tal objetivo somos los servidores públicos, quienes trabajamos profesionalmente en el seno de las Administraciones Públicas, convencidos del valor intrínseco del servicio público.

Ha valido y vale la pena defender la función pública como institución al servicio del programa de libertad e igualdad que es nuestra norma constitucional. No importan las resistencias que hayan de vencerse en dicha tarea, ni los costes asumidos por comportamientos a contracorriente del poder político o del conformismo general. Estamos satisfechos de la labor realizada –con sus luces y sombras- y tenemos voluntad de seguir trabajando otros diez años más, con el mismo entusiasmo y compromiso, y animamos a todos a sumarse a este esfuerzo colectivo por hacer que el ser y el deber ser de las Administraciones tiendan a identificarse, superando el divorcio creciente que viven en la actualidad.