Esta
Asociación ha formulado ante el Justicia de Aragón, con fecha 27 de octubre de
2016, queja ante el Justicia de Aragón para solicitarle que, en el ejercicio de
su función de supervisión de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, y previas las actuaciones oportunas, solicite explicaciones al
Consejero de Hacienda y Administración Pública sobre las circunstancias que han
motivado la renuncia y sustitución de los miembros del Tribunal Calificar del
proceso selectivo de Auxiliares Administrativos, poniendo con ello en
entredicho el normal desarrollo del proceso selectivo y creando la sospecha
fundada de quiebra de las prerrogativas del propio Tribunal para realizar y
evaluar las diferentes pruebas del proceso selectivo, con aplicación de las
bases de la convocatoria.
No
podemos ser indiferentes al irregular desarrollo de unos procesos selectivos
que derivan del cumplimiento de unas sentencias favorables resultantes de los
recursos promovidos por esta Asociación contra las ofertas de empleo público de
2007 y 2011 del Gobierno de Aragón.
Nos
parece excepcionalmente grave que un órgano técnico como es un Tribunal
Calificador de unas oposiciones –habilitado por las bases de la convocatoria
para la conducción del proceso selectivo, y la realización y calificación de
las diferentes pruebas o ejercicios de la oposición-, pueda verse sujeto a
presiones por parte de responsables de la Dirección General
de la Función Pública,
presiones que terminan provocando la renuncia colectiva de sus miembros, y su
sustitución por un nuevo Tribunal, cuya primera decisión consiste en revocar
los acuerdos de sus antecesores, de conformidad con la tesis sostenida por la
propia Dirección General de la Función
Pública.
La
independencia del Tribunal Calificador –como exclusivo órgano competente para
evaluar las pruebas del proceso selectivo- se ha visto claramente menoscabada
por la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios, y las circunstancias que han rodeado tal decisión
administrativa deben ser investigadas por los órganos de control de la acción
administrativa, razón por la cual desde esta Asociación se ha planteado una
queja ante el Justicia de Aragón.
No
descartamos la petición de cese del Director del Instituto Aragonés de
Administración Pública, que cabrá reclamar en su momento, a la vista de las
concretas circunstancias que hayan podido motivar la interferencia en el normal
desarrollo del proceso selectivo para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa
y la intromisión indebida en la actividad propia del Tribunal, al desautorizar
sus decisiones al margen de cualquier procedimiento administrativo de revisión,
como resulta obligado.
Esto es agotador, no hay mes que no ocurra algo. ¡Pero en manos de quién está la gestión de la Comunidad Autónoma! ¿Es que no van a cesar a ningún responsable?.
ResponderEliminar
ResponderEliminar¿Pero se arregla algo con los ceses?
ResponderEliminar¿Dónde está el recambio?
Que se oferten los puestos en concurso público, abierto a la Administración del Estado y otras Administraciones, y que se seleccione a los mejores responsables en función del mérito y capacidad...¡que esto no es nuevo!
ResponderEliminar
ResponderEliminar¿Por qué se va a hacer un concurso?
ResponderEliminar¿Solo para los que son ya funcionarios?
ResponderEliminar¿Y el derecho de acceder a la función pública? La Constitución, el EBEP y normas autonómicas dejan claro lo que hay que hacer con los puestos ocupados por interinos. Y no es precisamente un concurso para que accedan funcionarios de otras Administraciones.
Estoy hablando de puestos directivos que tiene que ser ocupados por funcionarios de carrera.
ResponderEliminarUff...un cese en Función Pública, no me lo puedo creer. Según dice el BOA del 11 de noviembre, es a petición propia.
ResponderEliminar