CIERRE DEL PARÉNTESIS VERANIEGO.

Hoy concluye el mes de agosto, y por nuestra parte damos por concluido el paréntesis veraniego, en el que prácticamente nos hemos limitado –aunque tal vez no sea poco- a la impugnación del Decreto de oferta de empleo público de 2016 aprobado por el Gobierno de Aragón en el ámbito de administración general.

Aunque nos gustaría evitar las acciones judiciales, resulta imposible hacerlo mientras el Gobierno de Aragón siga instalado en su manifiesto incumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en su empeño de anular las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón favorables al derecho de acceso a la función pública.

¿A qué intereses sirve el Gobierno de Aragón cuando combate los derechos fundamentales de los ciudadanos? ¿Cuál será el logro obtenido por sus Servicios Jurídicos en el caso de prosperar los recursos de casación promovidos? ¿Contribuir al debilitamiento de nuestro Estado de Derecho? ¿Minimizar, en lugar de optimizar, la realización de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución? ¿Proclamar una vez más la gran mentira de la contención presupuestaria merced a la precarización y desprofesionalización de la función pública?

Imaginamos que estas o similares preguntas se las habrán formulado los responsables de la función pública autonómica a la hora de impulsar los recursos de casación contra las sentencias del TSJA referidas a las ofertas de 2014 y 2015. Y podemos imaginar la respuesta a la vista de los hechos.

También los sindicatos de la función pública han desaprovechado una oportunidad para dejar claro su grado de compromiso con el derecho de acceso a la función pública. Pero no nos sorprende en absoluto su mutismo, dado que llevan muchos años creyendo que los derechos de los ciudadanos pueden quedar sujetos a negociación colectiva, en un ejercicio constante de patrimonialización indebida de lo público.

Nos encontramos en el inicio de un nuevo curso, con signos preocupantes de inestabilidad e incapacidad política, tanto en el ámbito estatal como autonómico. En este escenario, creemos que hay que redoblar el esfuerzo de todos en el compromiso con los valores constitucionales compartidos, y ejercer desde la sociedad civil y el conjunto de la ciudadanía una responsabilidad y un compromiso con el interés general –desde el que afrontar los problemas que tanto nos acucian- para reclamar al conjunto de los responsables políticos diálogo y entendimiento en lo sustancial, y entre lo sustancial se incluye necesariamente el correcto funcionamiento institucional.