UNA OFERTA DE EMPLEO QUE CERCENA EL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA: Y QUE OBLIGA A SU IMPUGNACIÓN JUDICIAL PARA DEFENDER EL ESTADO DE DERECHO.

El Gobierno de Aragón aprobó ayer la oferta de empleo público para 2016 correspondiente al ámbito de administración general, cuyos números constituyen una manifiesta vulneración del derecho de acceso a la función pública que la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público reconocen a los ciudadanos. Según información de prensa, única información de la que disponemos –a pesar del deber de transparencia de los proyectos normativos del Gobierno de Aragón-, la oferta aprobada contiene 262 plazas, de las cuales 132 corresponden al turno libre. Unas cifras que no guardan ninguna congruencia con las necesidades de personal y con el volumen de interinidad existente.

Esta Asociación no puede sino deplorar la nueva decisión del Gobierno de Aragón, que no hace sin volver a confirmar el desprecio de la legalidad administrativa y constitucional, y el desconocimiento de las cinco sentencias, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que en años precedentes han declarado contrarias a derecho las ofertas de empleo de 2007, 2010, 2011, 2014 y 2015, al no incluir la totalidad de las plazas cubiertas por interinos, incumpliendo con ello lo exigido por el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público y por el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Gobierno de Aragón carece de proyecto para la función pública aragonesa. Sus actuaciones no son otra cosa que el mantenimiento de las inercias y malas prácticas acumuladas en los últimos años, cuando proliferaron las empresas y entidades públicas y se buscó una Administración paralela, apta para todas las prácticas clientelares que abundaron en anteriores legislaturas. Pero como Asociación no nos resignamos al actual estado de cosas, y creemos necesario reaccionar desde la reflexión crítica y el compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho.

Por ello, y por coherencia con las acciones judiciales que han propiciado una línea jurisprudencial claramente comprometida con la realización del derecho de acceso a la función pública –aunque el Gobierno de Aragón intente incomprensiblemente combatirla, para permitir la continuidad de la precariedad, la desprofesionalización y la discriminación laboral-, esta Asociación se siente obligada a recurrir nuevamente ante los Tribunales para que la oferta aprobada sea declarada nula y contraria a Derecho y se requiera al Gobierno de Aragón a aprobar una oferta conforme a lo señalado en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Las exigencias del Estado de Derecho y del sometimiento pleno a la Ley son el requisito primero al que han de ajustar su actuación todos los poderes públicos, algo que desgraciadamente han olvidado los responsables políticos de la Comunidad Autónoma de Aragón y otras tantas instituciones del Estado, dando con ello lugar a una Administración con unas tasas de temporalidad inaceptables. Por ello resulta doblemente necesario que los ciudadanos y servidores públicos asumamos la defensa de la legalidad administrativa y constitucional, reclamando una función pública que en su actuación, y también en su ordenación, haga realidad los proclamados principios de profesionalidad, imparcialidad, servicio a los ciudadanos y sometimiento pleno al ordenamiento jurídico.