ANTE LA ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN: NECESIDAD DE ATENDER UN ABANICO MÁS AMPLIO DE OBJETIVOS.

Mañana tendrá lugar la 10ª Asamblea ordinaria de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, tras nueve años de actividad ininterrumpida desde su constitución en febrero de 2007, y la sesión ha de servir para hacer balance de lo realizado en el último año –con una intensa actividad judicial, de la que es muestra que en estos momentos tengamos en tramitación un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y dos recursos de casación ante el Tribunal Supremo, en materia de oferta de empleo público, además de estar pendientes de la sentencia que ha de dictar el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con la oferta de empleo público de 2014, al no haberse aprobado la correspondiente a administración general-; para marcar las prioridades de la actuación en los próximos meses –para lo que contamos con el documento de propuestas de buen gobierno y buena administración, elaborado con motivo del comienzo de la presente legislatura-, entre las cuales habrá que incluir necesariamente el análisis del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, así como el Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública, actualmente en tramitación parlamentaria; y para renovar la composición de la actual Junta Directiva, que afecta a la mitad de sus miembros, según disponen los Estatutos.

Nueve años de existencia y de actividad son un bagaje suficiente para poder valorar la eficacia de las distintas estrategias e iniciativas lanzadas a lo largo de estos años, y reorientar las formas de actuación en todo aquello que se considere necesario. Tal vez sea un momento oportuno para suspender temporalmente la estrategia judicial en materia de oferta de empleo público, y sustituirla por iniciativas de presión a las instituciones públicas sobre la necesidad de asegurar de manera efectiva el derecho de acceso a la función pública. Hemos demostrado suficientemente, ante los Tribunales, la solvencia de nuestros argumentos, validados por sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y nos hallamos librando la batalla sobre la licitud constitucional de las tasas de reposición de efectivos, como límite al derecho de acceso, ante el propio Tribunal Constitucional, con motivo del recurso de amparo promovido contra la Oferta de Empleo Público de 2014 de la Administración General del Estado. Sea cual sea el signo de la sentencia del Tribunal Constitucional –si el recurso llegase a superar el estricto filtro de la admisibilidad-, creemos que hemos cumplido nuestra tarea de defensa del derecho ante los Tribunales, y que las energías y recursos de la Asociación no pueden seguir dedicados casi en su totalidad a dicha batalla jurídica, pues los objetivos de la Asociación y las necesidades de la función pública comprenden otras muchas cuestiones que hasta el momento no hemos podido atender adecuadamente.

La profesionalización –con planes de formación adecuados, un sistema de provisión de puestos que corrija los abusos de la libre designación y de la discrecionalidad de las fórmulas provisionales que se prolongan indebidamente en el tiempo, y un modelo de carrera racional y sostenible económicamente-, el cumplimiento de las leyes, la prevención contra la corrupción, la calidad de los servicios públicos, la transparencia de la actividad pública y tantos otros objetivos merecen más reflexión, más debate y más iniciativas dirigidas a corregir las actuales insuficiencias de la normativa o de la práctica administrativa, tantas veces alejada de lo que disponen las normas.

Más allá de colaboraciones y contactos ocasionales con otras organizaciones con las que compartimos planteamientos u objetivos, se hace necesario marcarse como horizonte de esta nueva etapa el establecimiento de relaciones y mecanismos de colaboración estables con entidades y organizaciones que comparten nuestras preocupaciones y nuestros objetivos, tanto en la defensa de la función pública y de las instituciones democráticas como en la lucha contra la corrupción. Y hemos de tratar de que todas aquellas instituciones que tienen entre sus fines velar por la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos –como son el Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal- incorporen a su actividad iniciativas que hasta la fecha hemos impulsado casi en solitario. Los ciudadanos deben ser activos y vigilantes, pero deben reclamar de las instituciones el ejercicio de sus funciones de garantía, sin descargarles de tal responsabilidad. Debemos evaluar el papel de las instituciones públicas en todo aquello que concierne a la función pública, pero en especial el papel que toca a las instituciones de garantía. Los órganos de control han de ser controlados y auxiliados por la sociedad civil para que no se relajen en el desempeño de su función, y para que sus resultados sean oportunamente difundidos y conocidos por todos, y sirvan de punto de partida para nuevas demandas de mejora.

Una asamblea anual es ocasión para reflexiones sobre el papel que como organización de la sociedad civil nos corresponde asumir para la promoción y defensa de los valores y principios de la función pública, desde el convencimiento de que dicha labor es una tarea compartida por ciudadanos, servidores públicos e instituciones. Hemos de ser capaces de articular una relación entre todos que nos permita avanzar de la manera más sólida posible en la profesionalización y mejora de la función pública, a pesar de las evidentes dificultades para ello.