LOS CESES GENERALES, SIGNO DEL FRACASO DE LA POLÍTICA DE PERSONAL.

Esta semana el Boletín Oficial de Aragón publicaba diez ceses de funcionarios que ocupaban puestos de libre designación en diferentes ámbitos de la Administración autonómica, si bien una parte importante de los mismos correspondía a puestos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, donde cesan la totalidad de los funcionarios que se hallaban al frente de un servicio o de una dirección provincial. No serán los únicos, pues a ellos seguirán con toda probabilidad otros muchos, al margen de aquellos otros cambios que, al afectar a comisiones de servicios, carecen de visibilidad en el Boletín Oficial, pues se incumple el deber de publicidad que establece el artículo 41 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Será bueno conocer, en su momento, el total de ceses motivados por el cambio de gobierno y razonar el modelo de administración a que responde todo lo sucedido.

Es un hecho sobre el que es necesario reflexionar. Algo funciona mal cuando un cambio de gobierno lleva aparejada una renovación tan significativa del nivel profesional, lo que equivale a cuestionar la propia profesionalidad de dicho nivel. A juicio de esta Asociación, lo que está sucediendo indica claramente el pésimo sistema de provisión de puestos de trabajo existente en nuestra Administración –donde el nivel profesional queda a plena disposición del nivel político, debido al uso y abuso de la libre designación, olvidando con ello la naturaleza institucional de la función pública, para reducirla a un mero instrumento al servicio de la dirección política-, y pone en entredicho la pretendida regeneración y reforma de la Administración anunciada por el actual Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. No hay criterio que venga a avalar los cambios que se están produciendo. Parece más bien un ejercicio generalizado de discrecionalidad política y de colonización de las estructuras administrativas con candidatos afines política o personalmente.

Resulta particularmente llamativo lo sucedido al producirse con más celeridad el relevo en el nivel profesional que en el nivel directivo, dado que, en ciertos casos, se producen cambios en el segundo nivel de la estructura administrativa –el profesional- con antelación al relevo del nivel directivo, de mayor perfil político. Todo ello no hace sino distorsionar las estructuras administrativas y quebrar el principio de jerarquía administrativa, generando disfunciones evidentes en el funcionamiento de las diferentes áreas de gestión.

El elevado número de ceses en el nivel profesional de la Administración al que asistimos es un signo indicativo de las debilidades estructurales de nuestra organización y del pésimo diseño del sistema de provisión de puestos de trabajo. Ni el acceso a los puestos de trabajo ni su desempeño está regido por criterios estrictos de profesionalidad e imparcialidad. Por el contrario, el cambio de gobierno genera para muchos una oportunidad insospechada de promoción profesional al margen de los criterios de mérito y capacidad. Bastan las conexiones personales y razones ajenas a la profesionalidad –como es la afinidad política- para poder acceder a los puestos que dejan libres los cesados. Estos, a su vez, tratan de buscar acomodo en los puestos que dejan libres los ahora promovidos, si bien cargan con el estigma de haber colaborado con el anterior Gobierno, confundiéndose una vez más el principio de “eficacia indiferente” con el de servicio a las políticas denostadas de la pasada legislatura. No digamos si los funcionarios a recolocar han sido altos cargos en la anterior etapa, pues frente a la reserva de puesto de trabajo que les corresponde no se dudará en invocar la "incomodidad" que genera su posible reincorporación. En estos casos, el estigma es doble, lo que merece una revisión específica de la pretendida profesionalización del nivel directivo.

En la actual coyuntura, por encima de la suerte personal de cada uno, ya se vea beneficiado o perjudicado por los cambios producidos, urge una reflexión colectiva sobre el sinsentido del sistema de provisión de puestos de trabajo, que permite la generalización de ceses como los que observamos en el inicio de cada legislatura, con los que cada Gobierno viene a disponer de la Administración de forma libérrima, haciendo cada vez más irrealizable cualquier empeño de verdadera profesionalización. El resultado de todo ello es una quiebra organizativa que terminan pagando –en el doble sentido de la palabra- los ciudadanos, con un mayor coste e ineficiencia de los servicios y con una quiebra de los principios de objetividad e igualdad en la aplicación de las leyes.