RETRIBUCIONES PÚBLICAS, RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y LEALTAD INSTITUCIONAL: A PROPÓSITO DE LA SUBIDA SALARIAL PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

El debate surgido sobre el posible incremento salarial en el conjunto de las Administraciones Públicas, como fruto de la negociación colectiva en el ámbito de la Administración General del Estado, obliga a realizar una reflexión sobre las condiciones que necesariamente ha de reunir un acuerdo retributivo aplicable al conjunto de las Administraciones Públicas, como el que parece pretenderse por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y las organizaciones sindicales del sector de la función pública.

Es evidente que el Estatuto Básico del Empleado Público reconoce, como derecho de todos los empleados públicos, la percepción de retribuciones acordes a la función realizada, ajustándose la política retributiva a lo fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Ahora bien, el incremento de las retribuciones –sea o no fruto de la negociación colectiva- no puede en modo alguno carecer de cobertura presupuestaria –algo a lo que apunta en unas recientes declaraciones el Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, al reconocer la falta de disponibilidad presupuestaria para aplicar la subida anunciada por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas- ni puede desconocer, en su caso, el principio de lealtad institucional, al comprometer de manera indebida la capacidad de acción política de las restantes Administraciones.

Debemos recordar, en primer lugar, que el incremento anual de las retribuciones del personal de las Administraciones Públicas, a establecer con carácter básico en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ha de ser objeto de negociación en el seno de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que se hallan presentes tanto la Administración General del Estado como las Administraciones de las Comunidades Autónomas y la Administración Local, tal y como señalan los artículos 36 y 37 del Estatuto Básico del Empleado Público. Desconocemos que se haya respetado este marco que da voz en la decisión de gasto a todas las Administraciones afectadas.

Tras años de congelación salarial, parece razonable que, aunque sea de manera tímida, se inicie un proceso de recuperación del poder adquisitivo por parte de los empleados públicos, pero tal objetivo ha de ser coherente con la coyuntura presupuestaria existente en las diferentes Administraciones y con las prioridades políticas que afectan al gasto público. En un contexto de emergencia social, como el que se señala en el pacto de investidura en nuestra Comunidad Autónoma, donde el gasto prioritario quiere destinarse a políticas sociales para “rescatar a las personas” en riesgo de pobreza o exclusión social, resulta difícil justificar el destino de relevantes recursos a política salarial en la Administración Pública.

Un exiguo 1% de incremento salarial, como el pretendido, dado el enorme volumen de efectivos con que cuenta la Administración autonómica, supone una importante partida presupuestaria que habría que detraer necesariamente de otros programas de gasto, o que comprometería objetivos de política social, claramente prioritarios en la actual coyuntura. Cuando la propia Administración reconoce dificultades presupuestarias para asegurar la nómina de 2015 del conjunto de los empleados públicos, agravar esas dificultades carecería del necesario realismo y del lógico sentido de responsabilidad pública.

Lo mismo cabe decir en relación con la prevista recuperación de la suprimida paga extraordinaria de diciembre de 2012. El Gobierno de Luisa Fernanda Rudi abonó el pasado mes de abril una recuperación parcial –del 25%- en flagrante vulneración de la Ley de Presupuestos Generales del Estado –ya que era requisito para su abono el cumplimiento de los objetivos de déficit público, condición que no se satisfacía por la Comunidad Autónoma de Aragón-, disponiendo para ello de veinte millones de euros no presupuestados, sin que tal incumplimiento de la legalidad presupuestaria haya tenido la menor repercusión política o institucional ni, al parecer, haya preocupado lo más mínimo a los responsables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ni a los propios funcionarios públicos, destinatarios de dicho pago. Ahora se propone avanzar en dicha recuperación, con el cobro de otro 25% en el último trimestre del ejercicio, sin tomar en consideración siquiera las dificultades existentes para afrontar la nómina correspondiente a 2015.

Gobernar supone un ejercicio de responsabilidad, y cuando las decisiones adoptadas afectan a otras Administraciones ha de conllevar también una obligación de lealtad institucional. No parece aceptable que desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se reclamen ajustes presupuestarios a las Comunidades Autónomas, para atender los objetivos de déficit público, y al mismo tiempo se adopten medidas que agravan el desequilibrio presupuestario, imponiendo costes retributivos sin partida presupuestaria suficiente para afrontarlos, lo que viene a comprometer otras decisiones de gasto coherentes con el programa político expresado por la nueva mayoría de gobierno y refrendado parlamentariamente en el proceso de investidura del nuevo presidente del Gobierno autonómico.

Por ello, consideramos que el debate sobre incrementos retributivos en la Administración Pública exige una gran dosis de racionalidad y responsabilidad por parte de todos. No cabe invocar una recuperación económica que la propia realidad presupuestaria de las Administraciones parece desmentir, como sucede en Aragón en estos momentos. Las premisas del debate no pueden ser falsas.

El Estado no puede fijar incrementos retributivos con carácter básico para el conjunto de las Administraciones sin que las Comunidades Autónomas intervengan en tal decisión –como expresamente señala el Estatuto Básico del Empleado Público-, y sin que quede previamente acreditada la cobertura presupuestaria suficiente para tal medida retributiva. O, en último caso, sin que dicho incremento acordado unilateralmente pueda verse compensado con la adecuada financiación estatal, de manera que no comprometa los programas de gasto social de las Comunidades Autónomas ni agrave los desequilibrios presupuestarios, imponiendo con ello recortes adicionales en otras políticas públicas.

Necesitamos una Administración Pública sostenible económicamente, con un personal profesionalizado y adecuadamente retribuido, pero ese objetivo no puede desvincularse en modo alguno de la legalidad, de la suficiencia presupuestaria y de la necesaria lealtad institucional entre las diferentes Administraciones. Las prioridades de gasto son una decisión política y toda decisión política supone marcar prioridades en la acción pública, en el marco de las competencias propias, dentro del cual hay que situar los costes de funcionamiento de la Administración Pública.