Todo
parece indicar que el Gobierno de Aragón aprobará en sus últimas semanas de
legislatura una Oferta de Empleo Público, demostrando con ello que la ausencia
de aprobación en los ejercicios anteriores –que no puede ocultarse tras las
cifras de las ofertas complementarias de 2007 y 2011- era estricto resultado de
una falta clara de voluntad de cumplir las normas y respetar los derechos de
los ciudadanos para acceder a la función pública.
Desconocemos
los datos reales de dicha oferta -más allá de la información aparecida en los
medios de comunicación, o divulgada por alguna organización sindical, dispuesta
a defender ahora posiciones contrarias a las sostenidas en el pasado, pero
siempre es bueno evolucionar hacia la defensa de la legalidad-, y ello es
resultado de la deficiente transparencia que existe en materia de información
sobre empleo público. Desconocemos los datos de vacantes sobrevenidas a lo
largo de 2014 y del número total de vacantes ocupadas por funcionarios
interinos, que conforme a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público
debieran incluirse en la oferta de empleo público. Tal nivel de opacidad nos
parece incompatible con el nivel de respeto que requiere un derecho fundamental
de los ciudadanos, y debemos ponerlo públicamente de manifiesto.
Otra
posibilidad que se comenta en tales informaciones es la inclusión en Oferta,
por vez primera, de plazas de la
Clase de especialidad Interventores e Inspectores
Financieros, lo que supondría un paso importante, si se realiza con las garantías
suficientes, para reforzar la profesionalización de la Intervención General,
pues carece de sentido que las funciones de los puestos principales de dicho órgano
de control interno se hallen ocupadas, en su mayor parte, por personal no
especializado, cuyo acceso a los puestos no requiere acreditar además ninguna
formación específica en materia de fiscalización y control del gasto público. Es
posible que la puesta en marcha en la presente legislatura de la Cámara de Cuentas haya
hecho insostenible el mantenimiento de la situación existente en la Intervención
General.
Es
cierto que las tasas de reposición aplicables en 2015 son más amplias que en
años pasados –al haberse elevado del 10% al 50% de las vacantes producidas
durante el ejercicio, no sabemos si por razones objetivas o estrictamente
electorales-, pero nuestra Asociación sigue rechazando la aplicación de dicha técnica
de limitación del acceso al empleo público, totalmente ajena al modelo
establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Estamos esperando
precisamente que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso promovido
contra la Oferta
de Empleo Público de 2014 en la Administración
General del Estado, en la que el motivo de impugnación
fundamental es la inadecuación constitucional de las tasas de reposición
establecidas en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
La
posible aprobación de una Oferta de Empleo Público en 2015 para la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón –cuando no la ha habido en 2012, 2013 y 2014- puede considerarse una
buena noticia, pero sobre todo debe contemplarse como una muestra de la arbitrariedad administrativa
del actual Gobierno de Aragón, que aprueba o no aprueba oferta conforme a su
estricta voluntad, al margen de toda sujeción a la legalidad y todo compromiso
con los derechos de los ciudadanos. Esa falta de compromiso es la misma que le
lleva a aprobar una oferta cuyos datos relevantes para su elaboración carecen
de la imprescindible publicidad para determinar la corrección o no de la misma.
El
respeto al Estado de Derecho no solo exige la adopción de ciertas decisiones,
sino que impone las condiciones básicas en las que tales decisiones deben ser
adoptadas. Creemos que seguimos estando muy lejos del obligado respeto al
derecho de acceso a la función pública, aunque su vulneración pueda ser unos
años menor que otros.
ResponderEliminarSegún el Gobierno, España se ha convertido en un ejemplo a seguir de cómo salir de la crisis. Una referencia europea. Somos, Rajoy dixit, los que más crecemos y los que creamos más empleo de Europa. Y la corrupción es un asunto particular, llámese Bárcenas, Rato, Matas, Fabra o Alfonso Rus, al que han pillado contando billetes. Pero la considerada gran prensa internacional proyecta una imagen muy diferente de la situación. Preocupante. Tres de los medios de comunicación más influyentes del mundo han fustigado por diversas razones al Gobierno en los últimos días. En un demoledor editorial, The New York Times tilda la llamada ley mordaza de «ominosa» y «franquista», impropia de un país democrático. El semanario The Economist acusa a Rajoy de no hacer su trabajo y pone en duda una recuperación basada en cifras macroeconómicas, pero que no llega a los ciudadanos, con un paro del 23,8 % y muchos trabajadores cayendo en la pobreza. En otro artículo denuncia el amiguismo y la corrupción. Por su parte, Financial Times un día se hace eco de la manipulación de la televisión pública y otro incide en los numerosos casos de corrupción que afectan al PP. Se esté más o menos de acuerdo con esta visión, es la que dan las tres biblias de la información, que van más allá de ese país idílico que crece al 3 % y crea empleo. Algunos preferirán hablar de la supuesta parcialidad antiespañola de la prensa anglosajona, pero estas publicaciones son muy prestigiosas, crean opinión y cuentan con millones de lectores cualificados en todo el mundo. Su interpretación dista años luz de esa España que admira a propios y extraños que se vende desde la Moncloa. ¿Alguien podría decir que mienten?
enrique clemente
Un sindicato se refiereva la oferta como la gran estafa.
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