EL MINISTERIO FISCAL RESPALDA LAS TESIS DE LA ASOCIACIÓN EN EL RECURSO CONTRA EL GOBIERNO DE ARAGÓN POR INACTIVIDAD, AL NO APROBAR OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN 2014 PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Esta Asociación promovió el pasado mes de febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón un recurso judicial, por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, frente a la inactividad normativa del Gobierno de Aragón, al no aprobarse el decreto de Oferta de empleo público de 2014 correspondiente al ámbito de administración general de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Dicha aprobación fue expresamente requerida al Consejero de Hacienda y Administración Pública, Javier Campoy, mediante escrito de 8 de noviembre de 2014, sin que nunca se diera respuesta al mismo. Pese al citado requerimiento, y una vez concluido el ejercicio 2014, se pudo constatar que el Gobierno de Aragón no había aprobado oferta de empleo correspondiente al ámbito de administración general, ya que en lugar de aprobar una oferta única de empleo público para 2014, se  optó por aprobar ofertas sectoriales para personal docente no universitario y personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, a través de los Decretos 217/2014 y 218/2014, ambos de 16 de diciembre.

Tras la formalización del escrito de demanda por nuestra parte, ha formulado su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal, en el que se viene a respaldar la posición mantenida por esta Asociación. El Ministerio Fiscal “considera procedente que el Gobierno de Aragón debe dictar un Decreto que incluya toda la oferta de empleo público (OEP) del año 2014 correspondiente al ámbito de toda la Administración general”.

El razonamiento del Ministerio Fiscal para llegar a tal conclusión es un simple silogismo, en el que el Estatuto Básico del Empleado Público constituye la premisa mayor, al fijarse la obligación de aprobar oferta anual de empleo público en su artículo 70, en la que necesariamente han de incluirse todos los puestos vacantes ocupados por interinos, como señala el artículo 10.4 del EBEP. Dichos preceptos se ven reforzados, en el escrito de alegaciones, por la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010, que anuló la Oferta de Empleo Público de 2007 del Gobierno de Aragón, al no incluir la totalidad de plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, incurriendo con tal omisión en vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública  reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Particular interés tiene la transcripción que se realiza en las alegaciones formuladas de uno de los principales razonamientos contenidos en la sentencia del Tribunal Supremo: “Tampoco cabe alegar motivos económicos y de autoorganización, pues las plazas están presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos. En consecuencia, lo que no puede alegarse es el incumplimiento de la ley, cuando es clara y precisa, en desarrollo precisamente del derecho fundamental alegado por los recurrentes”.

Corresponde valorar muy positivamente el pronunciamiento del Ministerio Fiscal, cuya intervención es obligatorio en todos los procesos de protección de derechos fundamentales, para actuar en defensa del derecho fundamental afectado, así como la invocación realizada a la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010, en la que por primera y única vez –pese a la expresa oposición del sindicato Comisiones Obreras- el Alto Tribunal ha dado un inequívoco espaldarazo al derecho de acceso a la función pública y ha señalado la obligación de las Administraciones de ajustar la aprobación de la oferta de empleo público a lo señalado en el Estatuto Básico del Empleado Público, sin que frente a sus previsiones pueda alegarse “el incumplimiento de la ley”.

Confiamos en que el Tribunal dé por buenas nuestras razones y las señaladas por el Ministerio Fiscal.