UN MINISTERIO CUYA LÓGICA NO ES POSIBLE COMPARTIR: LAS LEYES DE PRESUPUESTOS NO PUEDEN VACIAR DE CONTENIDO EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.

En el ya lejano mes de septiembre de 2014, en fechas previas al envío del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado a las Cortes Generales, dirigimos un escrito de petición al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, solicitando una revisión de la ordenación de la oferta de empleo público establecida a través de la técnica de las tasas de reposición de efectivos, al objeto de garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública que corresponde a los ciudadanos, en los términos contemplados en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Nuestra petición quedaba fundamentada, y así lo sintetiza el escrito de respuesta, en las razones siguientes: a) que el derecho de acceso a la función pública recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), sufre un grave deterioro en el conjunto de las Administraciones Públicas; b) que las elevadas tasas de interinidad existentes en la mayor parte de las Administraciones públicas evidencias un incumplimiento del régimen de acceso  a la función pública, a la vez que suponen un factor de deterioro de las condiciones para el desempeño de la función pública, en la medida en que la inamovilidad de los funcionarios es garantía del deber de imparcialidad de los empleados públicos; c) que con la exclusión de incorporación de personal de nuevo ingreso, con la excepción de la tasa de reposición del 10% en determinados ámbitos o sectores de la Administración, se ha desconocido de forma indebida el derecho de acceso a la función pública, dando lugar al actual volumen de interinidad; d) que el objetivo de contención del gasto y las previsiones de incorporación de nuevo personal han de operar sobre la dimensión de las plantillas o el volumen de masa salarial, pero ello no debe suponer un obstáculo para el acceso a la función pública; y e) que, por todo ello, es necesario que las previsiones en materia de oferta de empleo público para el año 2015 se ajusten al régimen establecido en el artículo 10.4 del EBEP, de manera que se incluya el conjunto de plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, salvo que se proceda a su amortización.

A todo ello, y para justificar el rechazo de la petición formulada, desde la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se esgrimen las razones siguientes: a) que no puede entenderse deteriorado el derecho de acceso a la función pública, pues la regulación del derecho de acceso ha de sustentarse también en la planificación general de la actividad económica y en los principios de coordinación con la hacienda estatal y solidaridad de todos españoles contemplados en los artículos 149.1.13 y 156.1 CE; b) que las manifestaciones de la entidad peticionaria sobre el deterioro de la función pública, quiebra de derechos fundamentales y menoscabo del Estado de Derecho, no pueden considerarse sino como meras afirmaciones de carácter voluntarista y subjetivo, en apoyo de una pretensión imposible, dado que atender ésta conllevaría hacer caso omiso a premisas legislativas y económicas, dictadas en consecución de la estabilidad presupuestaria, por lo que hay que entender que la oferta de empleo público es un instrumento de actuación subordinado a las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado: c) que las normas sobre incorporación de personal de nuevo ingreso que cada año establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado tienen como fin primordial contener la expansión del gasto público en uno de los capítulos que más peso tiene en el conjunto del gasto público, como es el capítulo de personal; d) que las Leyes de Presupuestos contienen también, con carácter general, la prohibición de nombramiento de funcionarios interinos, salvo casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restrinjan a sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren `prioritarios; e) que el nombramiento en las Administraciones Públicas de funcionarios interinos se realiza con respeto de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; y f) y que, por último, la oferta de empleo público para todos los puestos interinos que se solicita supondría la transformación de un gasto que tiene carácter temporal en un gasto estructural, ello además sin hacer un previo análisis de la necesidad de mantener de forma permanente los puestos de trabajo afectados.

Concluye la respuesta ministerial que la obligación de cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria y de contención del déficit público impide que se pueda acceder a la petición en los términos formulados.

La respuesta recibida plantea un doble orden de consideraciones. En primer lugar, debe señalarse que la respuesta es doblemente extemporánea, ya que la petición de modificación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado carece de sentido tras su aprobación parlamentaria, pero además la respuesta, con fecha 30 de marzo de 2015, incumple el plazo legal de tres meses que impone la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. Es cierto que es preferible una respuesta tardía a una falta de respuesta, pero ello no exime a la Administración del deber de respetar los plazos señalados en las Leyes para dar respuesta a las peticiones formuladas al amparo del artículo 29 de la Constitución Española.

Al margen del carácter tardío de la respuesta, no podemos negar que el rechazo de la misma resulta debidamente razonado. Lo preocupante del caso, sin embargo, es el conjunto de razones apuntadas para justificar el mantenimiento de una técnica tan ineficaz y arbitraria como es la tasa de reposición de efectivos para contener el gasto de personal de las Administraciones Públicas, y cuyo efecto fundamental ha sido la creciente precarización del empleo público, con tasas de interinidad desconocidas en el pasado. Nada se dice sobre la dificultad de limitar el ejercicio de un derecho fundamental, ni se explica cómo es posible que la oferta de empleo público se ordene anualmente en las Leyes de Presupuestos cuando nada dice el EBEP sobre tal posibilidad, ni sobre todo se justifica el porqué una parte del empleo público ha de carecer de la condición estructural cuando tal necesidad queda reconocida en las respectivas relaciones de puestos de trabajo. No es posible que un mecanismo tan burdo como las tasas de reposición de efectivos se anteponga a los mecanismos de ordenación y planificación de los recursos humanos, alegando una excusa tan inconsistente como la imposibilidad de cubrir las plazas vacantes al carecer de un estudio previo de la necesidad de mantenimiento de los puestos. La aprobación de las relaciones de puestos de trabajo tiene, entre sus efectos, la necesaria cobertura de sus puestos, salvo amortización. Es la amortización del puesto y no su no cobertura de forma permanente, impuesta por vía presupuestaria, la única vía legalmente prevista para excluir su inclusión en la oferta anual de empleo público.

No es de recibo, en definitiva, que Estatuto Básico del Empleado Público y Leyes de Presupuestos Generales del Estado mantengan modelos incompatibles de ordenación del acceso al empleo público, primando de manera indebida la norma presupuestaria sobre la norma básica que ordena materialmente el ejercicio de un derecho fundamental, incorporando aquellas garantías necesarias para hacer compatible dicho derecho con la sostenibilidad económica de las estructuras administrativas. El único responsable de esa descoordinación normativa, y del correspondiente menoscabo del derecho fundamental de acceso a la función pública, es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Nos gustaría, sin embargo, que no fuera solo nuestra voz la que lo señalase. Nos gustaría confiar en que, al menos, nuestra visión pudiera ser compartida o respaldada por el Defensor del Pueblo e instituciones autonómicas análogas, pero en estos años no hemos sido capaces de obtener un pronunciamiento claro de dichas instituciones en el sentido pretendido. No por ello dejaremos de sostener nuestras tesis a favor del derecho.