LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL CASAR ESTÁ TODAVÍA POR VER: RECHAZO A LA DELIBERADA MANIPULACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Como se señalaba recientemente en este blog, la institución del Defensor del Pueblo ha descartado la posibilidad de promover recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud, rechazando así la petición realizada por diferentes entidades, entre ellas esta Asociación.

Tal decisión, sin embargo, no se basaba en considerar plenamente adecuada la Ley al texto constitucional, sino en el hecho de que la posible vulneración a la legislación básica estatal en materia de función pública, al afectar a una competencia del Estado, entiende el Defensor del Pueblo que corresponde acordar su posible impugnación al Estado, como titular de la competencia invadida o vulnerada. Por ello, la reciente afirmación realizada desde el Gobierno de Aragón sobre la constitucionalidad de la Ley declarada por el Defensor del Pueblo carece del menor fundamento y es una clara manipulación de la resolución adoptada por dicha institución.

Sorprende que el Gobierno de Aragón, que aprobó el citado Proyecto de Ley pese a los informes desfavorables emitidos por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios y de la Dirección General de Servicios Jurídicos, en un ejercicio de manifiesto desprecio a los razonamientos jurídicos, trate ahora de contraponer a las objeciones contenidas en los mismos una resolución del Defensor del Pueblo, en la que se contienen claros reproches a las soluciones contempladas en la citada Ley, si bien se señala que la impugnación a la misma debiera corresponder al Presidente del Gobierno, por ser el responsable de velar por el respeto de la legislación básica estatal frente a las normas aprobadas por las Comunidades Autónomas.

Precisamente porque entendíamos que la Ley aprobada por las Cortes de Aragón era contraria a la legislación básica estatal en materia de función pública, desde esta Asociación nos dirigimos no solo al Defensor del Pueblo, sino también al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, solicitando la interposición del correspondiente recurso de inconstitucionalidad, al vulnerar la Ley aprobada diferentes preceptos constitucionales, como eran los artículos 14, 23.2, 103.3 y 149.1.18.ª CE. No hemos recibido hasta el momento respuesta alguna del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre tal petición, aunque nos podemos imaginar el tenor de la respuesta a la vista de la experiencia acumulada en peticiones anteriores.

En cualquier caso, entendemos que la resolución del Defensor del Pueblo pone de manifiesto claras irregularidades de la Ley, al entender que el personal laboral con contrato de duración indefinida del CASAR incorporado al Servicio Aragonés de Salud ha de considerarse en similar situación al personal indefinido no fijo, cuyas plazas deben ser objeto de provisión ordinaria por funcionarios de carrera, ya sea a través de los procesos de movilidad interna o de selección de personal funcionario de nuevo ingreso. Tal tesis tira por tierra la pretensión principal del Gobierno de Aragón de asegurar la permanencia de dicho personal en sus puestos, con evidente fraude del régimen de acceso a la función pública.

La política de transparencia, de la que parece querer hacer gala el Gobierno de Aragón, con su Ley y su Portal en Internet, carecerá de todo valor si el Gobierno sigue la pauta de manipular la información, como ha hecho en el presente caso, y realiza afirmaciones carentes de todo fundamento, para tratar de reafirmar sus decisiones arbitrarias frente a las exigencias de la legalidad, a la que en lugar de someterse trata de someter de manera indebida. La legalidad acabará imponiéndose, no nos cabe duda alguna, y las inconsistentes declaraciones del Gobierno quedarán de manifiesto una vez más.