UNA TRANSPARENCIA FALTA DE CRITERIOS LÓGICOS Y TRANSPARENTES.

No se puede negar que la puesta en marcha del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón supone un avance en el acceso a una información pública vital para que los ciudadanos puedan conocer la actividad del Ejecutivo autonómico y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pero esa apertura, de momento, resulta poco coherente, pues no se aciertan a adivinar los criterios a los que se ajustan los contenidos incluidos en dicho Portal.

Puede servir de ejemplo, para señalar esa falta de coherencia, la información relativa a los Anteproyectos de Ley del Gobierno de Aragón y las memorias e informes que acompañan a las iniciativas legislativas. En dicha sección del Portal, en la que se incluyen normas en trámite, aparecen los anteproyectos de ley elaborados por el Gobierno, con los informes emitidos en su procedimiento de elaboración y aprobación. Pero no aparecen todos. Carecemos de información, por ejemplo, sobre el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, sobre el cual se desconocen las memorias elaboradas y los informes emitidos. Carecemos también de información sobre otras iniciativas impulsadas por el Gobierno, como la reforma de la Ley del Instituto Aragonés de Servicios Sociales o la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ninguna razón explica el silencio sobre estas normas. No estamos, por lo tanto, ante un Portal de Transparencia, sino ante un Portal de Transparencia y de Silencios, lo que revela la baja calidad del mismo.

El Portal de Transparencia, por lo tanto, no es fiable para conocer la totalidad de los proyectos de ley aprobados por el Gobierno de Aragón y en fase de tramitación parlamentaria. Para conocer las iniciativas legislativas del Gobierno se hace necesario acudir a la página web de las Cortes de Aragón, en la que se informa del estado de tramitación de los diferentes proyectos de ley aprobados por el Gobierno de Aragón. Dicho portal, sin embargo, no incluye los antecedentes de los respectivos proyectos, por la sencilla razón de que el Gobierno no tiene costumbre de remitirlos, incumpliendo con ello la exigencia establecida en el artículo 122 del Reglamento de las Cortes de Aragón. De este modo, pese a la existencia de dos portales informativos sobre las iniciativas legislativas del Gobierno de Aragón, resulta imposible conocer los informes emitidos en relación al Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, lo que revela las claras insuficiencias de la política institucional de transparencia impulsada.

Tampoco resulta comprensible que la información disponible sobre las iniciativas legislativas sea temporal, durante el periodo de tramitación, de manera que, una vez aprobada la correspondiente Ley por las Cortes de Aragón, se dé de baja la información correspondiente al Proyecto de Ley y dejen de ser accesibles en el Portal los antecedentes del proyecto normativo. Así sucede con la Ley de integración efectiva del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud. Aprobada la Ley, se clausura la información relativa al proyecto normativo, y ya no es posible disponer de los informes desfavorables emitidos por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios y por la Dirección General de Servicios Jurídicos, en los que se advertía de la inconstitucionalidad de la norma proyectada.

No hay razón alguna que explique el hecho de que en el Portal figuren unas normas y otras no, o que la información correspondiente a las mismas desaparezca una vez concluida su tramitación, al aprobarse la correspondiente Ley por las Cortes de Aragón. La transparencia correspondiente a la producción normativa de la Comunidad Autónoma exigiría que todas las normas proyectadas se incluyeran en el Portal de Transparencia –sin omisiones como las señaladas-, que dicha información no se cancelara con la aprobación final de la Ley y que existiera el oportuno vínculo entre los portales del Gobierno de Aragón y de las Cortes de Aragón, para integrar la información correspondiente a la iniciativa legislativa del Gobierno y a la tramitación parlamentaria de los Proyectos de Ley aprobados.