La
función pública merece una reflexión constante, sobre su ordenación, su funcionamiento
y su evolución; una reflexión interna, realizada por sus propios integrantes,
pero también un análisis externo, hecho desde los estudiosos de la acción pública,
desde los organismos públicos de control y desde los diferentes ámbitos de la
sociedad civil. Una reflexión realizada sobre datos objetivos y no sobre meras
impresiones o conjeturas, por lo que necesitamos conocer volumen y costes de la
administración, estructuras y técnicas de trabajo, evaluación de la competencia
de sus directivos y del compromiso y rendimiento de sus componentes, y evaluación
de los resultados de las diferentes políticas públicas.
La
desinformación en la que nos hallamos sumidos, en todo lo referente a la
administración pública aragonesa, es incompatible con la obligación de rendición
de cuentas del Gobierno de Aragón y con la realización efectiva de todos los
principios de funcionamiento proclamados en la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Necesitamos
información veraz que nos permita centrar las reflexiones sobre los rasgos y
las circunstancias que caracterizan la administración autonómica –y la función
pública que la sirve- y nos muestre la evolución y las tendencias existentes,
para observar el grado de profesionalización existente. Es difícil localizar en
todo el conjunto de nuestra Administración alguna unidad de estudio y análisis
que dedique su actividad a reflexionar, de manera solvente, sobre la Administración:
dicha tarea no queda atendida ni por el Instituto Aragonés de Administración Pública
ni por la Inspección General
de Servicios ni por las Secretarías Generales Técnicas de los diferentes
Departamentos u órganos equiparables de los organismos autónomos.
Una
Administración que ha alcanzado el volumen y la complejidad que hoy tiene la Administración
autonómica aragonesa –con sectores de responsabilidad y acción cada vez más
decisivos en la atención de las necesidades de la sociedad- no puede carecer de
visión estratégica, no puede permitirse no combatir el desconocimiento y la
incompetencia que generan la creciente desprofesionalización de su organización
y de sus responsables administrativos.
No
basta hacer públicos datos, sin la menor elaboración, sin el rigor exigible. Es
necesaria información fiable y estructurada, relevante para evaluar el
desempeño de la administración, para conocer la evolución de su composición,
sus estructuras, sus técnicas de trabajo, sus mecanismos de control, sus criterios
de calidad y eficiencia. Es necesario que la Administración sea
exigente consigo misma, tanto o más que los ciudadanos. Estos deberían tener la
confianza de que en la administración no hay espacio posible para la
incompetencia, y que en ella se cultiva la inteligencia y el compromiso con el
interés general.
De diez cabezas nueve embisten y una piensa.
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