LA PETICIÓN DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA SARGA, A ESTUDIO POR LAS CORTES DE ARAGÓN.

La Mesa de las Cortes de Aragón, en su reunión de 21 de enero de 2015, ha acordado remitir, para su tramitación y estudio por parte de la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, la petición realizada el pasado 12 de enero de 2015 sobre creación de una comisión de investigación parlamentaria, al objeto de esclarecer las diferentes irregularidades que hayan podido producirse tanto en materia de selección del personal de la empresa pública Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) como en el indebido ejercicio por su personal de funciones reservadas a funcionarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desarrolladas en las propias oficinas de la Administración autonómica.

Dicha petición viene derivada de la intervención, el pasado mes de diciembre de 2014 ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, de un grupo de trabajadores de la empresa pública Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA), integrantes del sindicato Candidatura Independiente, en el transcurso de la cual denunciaron la existencia de más de cuatrocientos trabajadores –un tercio del total de la plantilla- con presencia en las candidaturas electorales del Partido Aragonés (PAR).

Dicha denuncia pretendía poner de manifiesto la generalizada instrumentalización política del sector público empresarial desde el Gobierno de Aragón, al supeditar el funcionamiento de la empresa  SARGA –y, anteriormente, Sodemasa- a los intereses partidistas con el fin de asegurar puestos públicos a quienes se incorporen a las candidaturas electorales del Partido Aragonés (PAR). De ser así, y existen razones para considerar que la acusación cuenta con fundamento real, nos encontraríamos ante una grave malversación de fondos públicos por parte de responsables institucionales del área medioambiental de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Los hechos merecen, como se ha hecho con las graves irregularidades producidas en la gestión de la empresa pública PLAZA, S.A. –más allá de las limitadas conclusiones a las que se ha podido llegar-, la constitución de una comisión parlamentaria de investigación, ante la que sean citados todos los responsables de la gestión de la empresa SARGA –y de su antecedente SODEMASA- y del área medioambiental de la Administración autonómica, para que se aclaren las condiciones de contratación y de dedicación de su plantilla, se investiguen las conexiones entre la misma y las candidaturas electorales del Partido Aragonés (PAR) o su estructura territorial y, asimismo, se investiguen las condiciones en que viene operando la empresa en sus relaciones con el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, como son los trabajos encomendados, las condiciones de ejecución y el continuado e irregular préstamo de trabajadores a la Administración, en la que suplantan indebidamente la actividad de funcionarios públicos.

No podemos contentarnos, en absoluto, con la aclaración solicitada por el Grupo Parlamentario del PAR a los responsables del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, pues dicha información carece de virtualidad para conocer la realidad de la situación del personal de la empresa –y la incidencia de sus prácticas clientelares de signo político- y en nada descarta que los criterios de selección de personal hayan quedado supeditados a razones que nada tienen que ver con el interés general, sino con el aprovechamiento irregular y abusivo de las estructuras públicas para colocar y recompensar a personas por razones estrictamente partidistas.

Como comunica la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón a esta Asociación, la Mesa de las Cortes ha trasladado nuestra petición de creación de Comisión de Investigación a la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, conforme a lo señalado por el reglamento de la Cámara. Estaremos, por lo tanto, muy atentos a lo que resuelva tal Comisión, a la posición adoptada por los distintos Grupos Parlamentarios y a las razones esgrimidas por cada uno de ellos. La situación de SARGA –y su antecesora SODEMASA- es una prueba sobre el grado de voluntad de nuestras fuerzas políticas de arrojar luz sobre uno de los casos que, en opinión de muchos, es de los más sangrantes en cuanto a la utilización del dinero público en beneficio de intereses de partido