EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO, SIN LAS GARANTÍAS OBLIGADAS.

El Gobierno de Aragón aprobó ayer una enmienda a su Oferta de Empleo Público complementaria de las anuladas de 2007 y 2011. ¿Por qué lo hace? Porque se lo ha requerido el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al entender que las plazas incluidas en las ofertas complementarias eran insuficientes. ¿Por qué se aprobaron las ofertas complementarias de 2007 y 2011 el pasado febrero de 2014, a las que ahora se añaden 78 nuevas plazas? Porque se lo requirió el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo y del propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón que no ejecutó voluntariamente, sino tras el incidente de ejecución forzosa promovido por esta Asociación.

¿Tenemos acaso alguna garantía de que el número de plazas final, una vez añadidas las 78 aprobadas ayer, es el que realmente corresponde ofrecer a los ciudadanos, para asegurar su derecho fundamental de acceso a la función pública? No, no tenemos ninguna. Y, lo que es peor, nada nos permite confiar en la decisión de este Gobierno. La forma en la que ha llevado a cabo todo este proceso le hace carecer de toda credibilidad. Su condición de incumplidor de la ley y de las sentencias judiciales ha quedado patente, deslegitimando a sus responsables.

Nadie ha explicado las razones por las que no se han aprobado las plazas correspondientes al personal docente no universitario, ni se ha avanzado la posible cifra de esa oferta complementaria igualmente requerida por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. No hay razón para que los requerimientos del Tribunal no se atiendan por el Gobierno en un mismo plazo, cuando afectan a un mismo proceso de ejecución judicial. Esta Asociación permanecerá muy atenta a lo que pueda suceder con la pendiente oferta complementaria para personal docente no universitario, ya que recientemente exigimos a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte que dicha oferta ha de incluir en torno al millar de plazas del Cuerpo de Maestros.

Nadie ha querido explicar la situación en que queda un Gobierno que se ve obligado a incumplir el Decreto-ley 1/2014 que aprobó para dar “cumplimiento” a las sentencias judiciales en materia de oferta, dado que el Tribunal Superior de Justicia ha considerado que las ofertas que ejecutaron el citado Decreto-ley no respetaban las sentencias judiciales dictadas. Es decir, el Decreto-ley era contrario a las sentencias, lo que deja patente su antijuridicidad radical. Los responsables de función pública quedan, por lo tanto, radicalmente desautorizados, pero el descrédito en este asunto alcanza al conjunto del Gobierno y a la mayoría parlamentaria de las Cortes de Aragón.

Debemos preguntarnos a su vez por qué el Gobierno de Aragón no ha aprobado Ofertas de Empleo Público en 2012, 2013 y 2014, cuando sí se ha hecho en la Administración General del Estado. Necesariamente, hemos de pensar que no lo ha hecho porque no se lo ha exigido el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La conclusión, por lo tanto, no puede ser más preocupante: nos hallamos con un Gobierno de Aragón incapaz de aplicar las leyes que regulan el régimen de acceso de los ciudadanos a la función pública. Únicamente lo hace cuando le obliga y conmina a ello un Tribunal, porque una Asociación ha obtenido unas sentencias que anularon unas ofertas en la anterior legislatura. Los ciudadanos no deberían verse obligados a acudir a los Tribunales para que un Gobierno cumpla con su deber de respetar las leyes. Pero la realidad de este Gobierno, presidido por Luisa Fernanda Rudi, es que sin requerimiento de los Tribunales –e incluso, pese a ellos- resulta incapaz de ajustar su actuación a la ley y al derecho, con grave lesión de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La decisión adoptada ayer, con la aprobación de una nueva cifra arbitraria de plazas a incorporar a las ofertas complementarias de 2007 y 2011, viene a corroborar el desprecio por el derecho de acceso a la función pública que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, algo plenamente coherente con la aprobación de la Ley de integración del CASAR en el Servicio Aragonés de Salud. Pero todo ello no hace sino reafirmarnos en la necesidad de la defensa del derecho y en la exigencia del control jurisdiccional frente a tanta arbitrariedad.