PROGRESIVA VUELTA A LA ACTIVIDAD.

Tras el paréntesis impuesto por las vacaciones de verano, esta Asociación retomará paulatinamente su actividad de reflexión y defensa de la función pública y del imprescindible papel que la misma ha de jugar en el aseguramiento del Estado de Derecho y en el buen funcionamiento de los servicios públicos. Son numerosas las líneas de trabajo emprendidas y actualmente en curso que resulta necesario retomar y seguir impulsando en los meses próximos, entre las que destaca la impugnación ante el Tribunal Supremo de la Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado para 2014.

Otro punto importante de atención, durante los próximos meses, habrá de ser la tramitación parlamentaria de proyectos de ley relevantes para la ordenación de la función pública y de la propia administración autonómica, como son el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón y el Proyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana, a los cuales esta Asociación formuló numerosas alegaciones en los correspondientes trámites de consulta o información pública. Dentro de los respectivos periodos para la formulación de enmiendas, esta Asociación remitirá sus sugerencias a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón.

El nuevo curso administrativo y político, que se iniciará el próximo mes de septiembre, marca el final de la presente legislatura autonómica y la celebración de elecciones autonómicas y municipales en el cuarto domingo del mes de mayo de 2015, por lo que, como ya viene siendo costumbre de esta Asociación, en los meses próximos elaboraremos un Documento de propuestas de buen gobierno y buena administración para la próxima legislatura autonómica (2015-2019), partiendo de la situación alcanzada al término de la presente legislatura.

Retomamos con ello las líneas principales que han marcado la acción de esta Asociación, en defensa de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública que han de presidir la actividad de la función pública, pero a lo largo del próximo curso nos gustaría además llevar a cabo una campaña especial, ante las instituciones estatales y europeas, para instar el desarrollo de las medidas contempladas en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006 y por la propia Unión Europea en 2008.

La función pública, dentro del esquema establecido por dicha Convención, constituye un factor esencial en la prevención y lucha contra la corrupción, y desde esta Asociación queremos reclamar de las diferentes instituciones estatales un compromiso firme para desarrollar dichas previsiones, y en particular el establecimiento de mecanismos que permitan a los servidores públicos denunciar, con las debidas garantías de seguridad, aquellos casos de corrupción que detecten en el desarrollo de su actividad profesional.

La función pública ha de jugar un papel fundamental en la superación de la crisis política e institucional vivida por nuestro país, y ha de contribuir con un desempeño eficaz no solo a no lastrar la superación de la crisis económica sino a reforzarla, de manera que los servicios públicos sigan siendo un factor de cohesión social determinante de nuestra calidad democrática.