LA ADMINISTRACIÓN IMPUGNA LA PROVIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA QUE LE RECLAMA INFORMACIÓN PARA CONSTATAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SENTENCIA.

La Administración de la Comunidad Autónoma, a través de sus Servicios Jurídicos, ha formulado recurso de reposición frente a la providencia de 20 de junio de 2014, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la que se solicitaba información detallada que acreditase que el número de plazas incluid en las ofertas complementarias de 2007 y 2011 se ajustaba a los términos de las sentencias judiciales que obligaban a incluir en las mismas la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos existentes a 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2010, respectivamente.

En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón solicitaba certificación de plazas vacantes ocupadas por interinos en las fechas indicadas y de las existentes a 18 de febrero de 2014, especificándose en caso de falta de coincidencia las posibles vacantes no incluidas en el Decreto aprobado y la indicación de si consta su amortización.

Conforme a la citada petición de información, el Tribunal desea saber el volumen de interinidad existente en el momento de aprobación de las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, que fueron anuladas por sendas sentencias judiciales, y el persistente en el momento de la aprobación de las ofertas complementarias de 2007 y 2011, así como la previsión de amortización de las plazas no incluidas en las mismas, tal y como se prevé en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Frente a ello, la Administración reacciona invocando el Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, que injustificadamente aprobó el Gobierno de Aragón para ordenar el proceso de ejecución de ambas sentencias, pero que en realidad utilizó para fijar el número de plazas a incluir en cada una de las ofertas complementarias, sin informe alguno que acreditase la procedencia de dicho número de plazas, con la evidente voluntad de escapar con ello al posterior control del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al considerar que una norma de rango legal, aunque emanase del propio Gobierno obligado a ejecutar las sentencias, vincularía al Tribunal encargado de velar por su estricto cumplimiento.

Señala la Letrada de los Servicios Jurídicos, en su escrito de recurso, que “no es posible” determinar el número de plazas vacantes a fecha 18 de febrero de 2014, en la que se aprobaron los respectivos decretos de oferta complementaria, sino que la fecha que ha de tomarse como referencia ha de ser el 29 de noviembre de 2013, por ser la fecha que sirvió para aprobar el Decreto-ley 1/2014 y fijar el número de plazas incluido en dicho Decreto-ley. A juicio de la Administración, cualquier cambio de fechas llevaría a obtener resultados distintos, pues entre el periodo de aprobación del Decreto-ley y el de los decretos de oferta complementaria “mucha gente ha podido perder su reserva de puesto, obtener otro por concurso o jubilarse de su puesto de trabajo”.

Es evidente que los decretos de oferta de empleo público complementaria a las anuladas de 2007 y 2011 debían incluir las plazas vacantes ocupadas a 31 de diciembre de 2007 y 2011, cosa que entiende esta Asociación que no se hizo, y que dicho incumplimiento buscó la indebida cobertura jurídica de un decreto-ley –no es posible imaginar peor práctica que el dictado por el ejecutivo de una norma de rango legal para incumplir dos sentencias judiciales-, de manera que los datos existentes en fecha posterior, ya sea 29 de noviembre de 2013 o 18 de febrero de 2014, solo tiene como finalidad acreditar la entidad del volumen de interinidad persistente, y constatar si se han aplicado o no las amortizaciones que prevé el Estatuto Básico del Empleado Público como única justificación para la no inclusión de vacantes ocupadas por interinos en las respectivas ofertas.

Se sorprende la Administración ante el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón no tenga en cuenta la aprobación del Decreto-ley aprobado por el Gobierno de Aragón, pero es normal que si la ejecución pasaba exclusivamente por la aprobación de unos decretos de oferta complementaria, sin necesidad alguna de la aprobación de un decreto-ley previo, el Tribunal ignore el contenido del mismo, y reclame a la Administración exclusivamente la información acorde con las sentencias y los autos de ejecución dictados. 

Es decir, el Decreto-ley puede ser el elemento que justamente, a juicio del Tribunal, acredite el incumplimiento de las sentencias, y su invocación frente a la información reclamada por el Tribunal puede poner en evidencia la auténtica finalidad de su aprobación, que no era otra que la de corregir a la baja los efectos de ambas sentencias, reduciendo el número de plazas a incluir en las ofertas complementarias. Incumplimiento que no fue solo cuestión de números, sino que incluye decisiones de mayor gravedad, como la sustitución indebida de plazas de docentes de educación primaria por educación secundaria, alterando con ello plenamente los términos de la sentencia a ejecutar.