REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: EXPRESAR EL RECHAZO AL PROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA DE ARAGÓN.

En la tarde de ayer, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva de esta Asociación, conforme a la convocatoria y el orden del día establecido, hecho público a través de este blog.

Tras la aprobación del orden del día y del acta de la reunión anterior, celebrada el 20 de mayo de 2014, el Presidente hizo un repaso a la actividad desarrollada por la Asociación desde la anterior reunión de la Junta Directiva, destacando la formalización del recurso contencioso-administrativo frente a la Oferta de Empleo Público para 2014 de la Administración General del Estado, ya admitida a trámite por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y la reciente comparecencia del Consejero de Hacienda y Administración Pública, Javier Campoy, ante la correspondiente Comisión de las Cortes de Aragón, a petición del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, para analizar el contenido y objetivos del Boletín estadístico de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma.

En relación con el proceso judicial correspondiente a la Oferta de Empleo Público del Estado, nos encontramos pendientes de que se nos dé traslado del expediente administrativo, requerido ya por el Tribunal al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para poder, a la vista del mismo, formular el escrito de demanda, en el que recoger los argumentos que nos llevan a sostener la ilegalidad e inconstitucionalidad de dicha Oferta, al no respetarse el contenido esencial del derecho de acceso a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, y cuestionar la indebida aplicación de las tasas de reposición de efectivos contempladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sin conexión alguna con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público. Se expone por los asistentes la necesidad de que el debate de fondo –como es el cuestionamiento de la idoneidad y licitud de las tasas de reposición de efectivos- no quede circunscrito al proceso judicial, sino que se intente trascender dicho ámbito, trasladando las razones de la Asociación a los Subsecretarios de los diferentes Ministerios de la Administración General del Estado, en cuanto responsables de la gestión de personal en cada Departamento, así como a otras instituciones, como el Consejo de Rectores de Universidades, recientemente posicionado en contra de la técnica de las tasas de reposición, así como al Defensor del Pueblo y figuras análogas existentes en las Comunidades Autónomas. El debate de la problemática del acceso a la función pública no solo ha de ir dirigido a obtener una sentencia favorable a nuestras tesis, sino también a convencer a los responsables de personal de las distintas Administraciones e instituciones, así como a quienes tienen como misión principal la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Asimismo, se valora positivamente el desarrollo de la comparecencia del Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón ante las Cortes de Aragón para abordar las necesarias mejoras en la estructura y contenidos del Boletín estadístico de personal, cuyas deficiencias actuales carecen de toda justificación. Dado que el Consejero se mostró dispuesto a tomar en consideración todas las propuestas de mejora que se le trasladen desde los diferentes Grupos parlamentarios, se entiende oportuno por los asistentes dirigir un escrito a todos los Grupos, con una relación de las principales mejoras que, a juicio de la Asociación, debieran introducirse en dicho Boletín, con el fin de que cada Grupo pueda valorar la oportunidad de trasladarlas como propias al responsable de Hacienda y Administración Pública o, en el caso del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, como solicitante de la comparecencia, pueda promover una moción o proposición no de ley para recabar la opinión general de la Cámara sobre las mejoras necesarias.  Consideramos que el Boletín está llamado a ser un instrumento valioso de conocimiento de la realidad de la función pública aragonesa –cosa que todavía no lo es- y un elemento indispensable de control sobre la política de personal aplicada desde el Gobierno de Aragón. Al margen de las sugerencias a realizar a los Grupos Parlamentarios, se considera igualmente útil solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la confección de anexos autonómicos más amplios en su actual Boletín estadístico y la coordinación de boletines de otras Administraciones Públicas, para asegurar que todos ellos se confeccionan con iguales criterios y metodología.

Por último, dentro de este apartado de información, se da cuenta de las recientes comunicaciones remitidas por el Justicia de Aragón en relación con algunas de las quejas planteadas, como la adjudicación de primeros destinos al personal funcionario de nuevo ingreso en puestos reservados ocupados por interinos o la posible impugnación ante el Tribunal Constitucional de las limitaciones al derecho de acceso a la función pública contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Seguidamente, y de acuerdo con el orden del día establecido, se entra en el análisis del Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, recientemente aprobado por el Gobierno de Aragón y actualmente en tramitación en las Cortes de Aragón. Dicho análisis se centra en aquellos contenidos que, a juicio de los asistentes, debieran resaltarse en la comparecencia que, ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, han de protagonizar representantes de la Asociación la semana próxima. Se debaten aquellos elementos argumentales que debieran vertebrar tal intervención, centrando la misma en el valor que la ley representa en un Estado de Derecho y la importancia de aprobar normas viables, que fortalezcan el principio de legalidad en lugar de erosionarlo, y en las manifiestas insuficiencias del Proyecto de Ley aprobado, cuyas consecuencias directas son la desprofesionalización de la Administración Pública, dado que la introducción de la función directiva y la ampliación del ámbito de la libre designación, así como la eliminación de toda carrera vertical –reducida a mera provisión de puestos- pretende consolidar una Administración clientelar y plenamente sometida a criterios políticos en sus niveles de decisión, liquidando el principio constitucional de objetividad en el servicio al interés general, y la ausencia de estimación real de costes de la implantación de la nueva ley y de respaldo presupuestario la convierten en una norma carente de consistencia y de viabilidad. Los Grupos Parlamentarios han de conocer y valorar el crecimiento de los gastos de personal que puedan derivarse de la futura Ley y decidir políticamente sobre la idoneidad del coste de oportunidad que ello impone a la acción pública de la Comunidad Autónoma. ¿Cuál es el horizonte de gasto que establece la carrera horizontal en sus distintas fases de desarrollo y consolidación? ¿Es asumible? ¿Puede otorgarse un aval a un modelo no evaluado en las actuales circunstancias financieras de la Comunidad Autónoma? Este tipo de interrogantes, que esta Asociación no está en condiciones de despejar, son los que se desean trasladar a los Grupos Parlamentarios, para que actúen con la responsabilidad que les otorga su condición de representantes de los ciudadanos, función que no puede verse coartada ni condicionada por la posición, claramente de parte, adoptada por los sindicatos de la función pública.

Finalmente, se aborda el último punto del orden del día propuesto para la reunión, relativo a las actuaciones en defensa del acceso a la función pública. En este sentido, se destaca el reciente escrito de petición dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, recordándole la obligación del Ejecutivo aragonés de aprobar la Oferta de Empleo Público para 2014, sin que tal obligación pueda verse dispensada por las ofertas complementarias de 2007 y 2011 derivadas de la ejecución de sentencias judiciales. Se prevé, tras el escrito a la Presidenta, plantear la no aprobación de oferta para 2014 ante el Defensor del Pueblo y el Justicia de Aragón, y en el caso de no obtener una respuesta satisfactoria del Gobierno de Aragón, acudir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón como reacción frente a la inactividad del Ejecutivo en el cumplimiento de sus deberes legales, con lesión de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Dentro de esta campaña a favor del derecho de acceso, hay que situar igualmente todas las iniciativas comentadas para acompañar el proceso judicial emprendido contra la Oferta de Empleo Público para 2014 en la Administración General del Estado.

Se expresa igualmente la preocupación ante las previstas iniciativas de la Administración General del Estado para impugnar todas aquellas ofertas o procesos selectivos que no se ajusten de forma rigurosa a los límites de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, aunque se ajusten a lo señalado en el Estatuto Básico del Empleado Público. Tales procesos judiciales son asimismo una ocasión para tratar de hacer prevalecer el derecho fundamental de acceso sobre las indebidas limitaciones presupuestarias que, a juicio de esta Asociación, han de incidir sobre el volumen o amplitud de la plantilla de las Administraciones pero no sobre el régimen de selección de personal, al quedar éste vinculado al ejercicio de un derecho fundamental que, por definición, vincula y obliga a todos los poderes públicos.

No habiendo ruegos y preguntas, se da por concluida la reunión de la Junta Directiva.