PRESENTADAS LAS ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: LA PARTICIPACIÓN COMO EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD.

Dentro del plazo de consulta y participación abierto por la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, a través del portal “Aragón Participa”, esta Asociación ha formulado su documento de alegaciones, del que recientemente se avanzaban sus conclusiones en este blog.

Con ello, esta Asociación vuelve a realizar un esfuerzo de colaboración con los responsables del Gobierno de Aragón –como ya lo hizo anteriormente al analizar el Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón o la propuesta de modificación del Decreto regulador de las Cartas de Servicios, con la seriedad que merecían ambos proyectos-, con la convicción de que todos tenemos una cuota de responsabilidad en la toma de aquellas decisiones que afectan al futuro de la Administración Pública, y muy especialmente quienes hemos hecho de la función pública nuestra actividad y dedicación profesional.

Entre las prioridades que se marcó esta Asociación en sus más recientes asambleas anuales, a lo largo de la presente legislatura, siempre han figurado la formulación de análisis y propuestas en todas aquellas iniciativas legislativas del Gobierno de Aragón que se correspondiesen con las propuestas de buen gobierno y buena administración formuladas en nuestro documento de inicio de legislatura, y es lo que hemos hecho cuando se nos ha dado la oportunidad, como sucedió en su día con el Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón y sucede ahora con el Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana. El esfuerzo de análisis y debate interno no ha sido escaso en ninguno de los supuestos. Lamentablemente, el Anteproyecto de Ley de Calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón no fue sometido a consulta ni trámite alguno de información pública, por razones que desconocemos.

No importa que nuestras observaciones no se acepten por los responsables políticos ni sean siquiera agradecidas –como ocurrió en el caso del extenso documento formulado con motivo del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón-, pues nuestra finalidad no es decidir el contenido de las leyes, sino aportar a su redacción ideas que deban ser necesariamente consideradas, de manera que nunca pueda alegarse en un futuro, por ejemplo, que el régimen de libre designación o la universalización de la carrera horizontal como exclusivo modelo de carrera administrativa en la función pública aragonesa se establecieron de forma unánime –o por consenso generalizado- y sin objeciones.

Participar es conceder valor al debate de ideas y propuestas, al margen de cualquier otra estrategia de negociación o presión, totalmente ajena a los principios de actuación de esta Asociación. Allí donde hay libertad de configuración ha de existir debate sincero de propuestas, con la voluntad de mejorar la gestión pública y servir mejor a los ciudadanos, y allí donde ha de velarse por el respeto a la normativa aprobada, ha de haber vigilancia, advertencia y utilización de todos los mecanismos disponibles para reclamar el respeto a la legalidad, primera garantía de los derechos de los ciudadanos frente a la arbitrariedad administrativa.

Esta Asociación ha entendido en todo momento que participar y formular propuestas –algo que viene haciendo desde el inicio de su actividad, a través del ejercicio del derecho de petición- ha de acompañarse del compromiso claro de reclamar el respeto de la legalidad, pues peor que no disponer de normas de transparencia es aprobar unas normas que no van a ser respetadas, devaluando aún más la noción de Estado de Derecho por la que debemos regirnos en el ejercicio de toda potestad pública.

El sentido de la responsabilidad –el saber que nuestro grado de compromiso con la realidad y el futuro de la función pública resulta determinante para el desempeño de su valiosa función y su necesaria legitimación social- es el que nos ha llevado tanto a esforzarnos para intervenir en los procesos de participación que hemos considerado ineludibles, por afectar de lleno a los objetivos de esta Asociación, como a promover, cuando ha resultado necesario, denuncias, quejas o acciones judiciales frente a graves vulneraciones del ordenamiento jurídico que menoscaban los principios que han de presidir la ordenación y la actividad de la función pública. Sentido de la responsabilidad que, por supuesto, no evita las posibles contradicciones en que pueda incurrir esta Asociación en sus actuaciones, en particular por su limitada capacidad de respuesta a las numerosas arbitrariedades en que incurren los responsables de la Administración autonómica.