LA ILEGALIDAD CONSOLIDADA EN MATERIA DE PERSONAL EVENTUAL.

Nuevamente –nos asalta la tentación de no llevar la cuenta de esta irregular práctica del Gobierno de Aragón-, el Boletín Oficial de Aragón de hoy incluye la publicación de un anuncio por el que se da publicidad a los nombramientos y ceses de personal eventual, adscrito al Departamento de Presidencia y Justicia. Poco importan las reiteradas denuncias realizadas desde esta Asociación sobre el incumplimiento que dicha práctica supone del deber de publicación que contiene el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón. Tampoco importan las recomendaciones realizadas desde el Justicia de Aragón o las sentencias dictadas por la jurisdicción contencioso-administrativa, declarando ilegal la publicación de anuncios de publicidad en lugar de insertar en el Boletín las resoluciones de nombramiento y cese, como señala la Ley.

                                             

Los responsables de las Secretarías Generales Técnicas de esta Administración actúan como si todo lo anterior careciese de valor jurídico alguno –empezando, lógicamente, por la propia Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón- y la “ilegalidad consolidada” (que ya procedía de la anterior etapa de Gobierno, irregular práctica que, como tantas otras, no han querido corregir, sino consolidar) supusiera una conquista a la que no se desea renunciar.

Realmente resulta fatigoso señalar una y otra vez la misma vulneración de la Ley –verse en la obligación de volver a formular una petición al Consejero responsable y formular una nueva queja ante el Justicia de Aragón-, por lo que entendemos que la cuestión ha de elevarse a un nivel superior de responsabilidad y de reproche, pues incumplimientos administrativos reiterados y contumaces pueden acabar por revestir relevancia penal, como creemos que puede estar ya sucediendo en este caso, al ignorarse deliberadamente la sentencia judicial que declaró contraria a la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón  la práctica de los anuncios de publicidad sobre nombramientos y ceses de personal eventual acordados por el Gobierno de Aragón.

Esta Asociación quiere tomarse en serio la exigencia de la legalidad, y por eso ha analizado con detalle los anteproyectos de ley que el actual Gobierno de Aragón ha tomado en consideración y sometido a información pública –como son el Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón y el Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana-, pero el ejercicio de la iniciativa legislativa debiera hacerse desde el compromiso firme con el principio de legalidad que impone un Estado de Derecho como el establecido por nuestra Constitución.

Para qué promueve leyes quien carece de voluntad de respetarlas, como viene demostrando el Gobierno de Aragón en este tema de la publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual, y, aún más en este caso, qué compromiso cabe reconocer con el principio de transparencia en un Departamento que, al tiempo que promueve una norma legal sobre transparencia pública, es incapaz de ajustarse a las exigencias de publicación que impone el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón. La coherencia entre discurso y actuación no existe dentro del Gobierno de Aragón, olvidando acaso la pérdida de credibilidad que conlleva el hacer lo contrario de lo que se dice. Ni siquiera se han publicado todavía los cambios de personal eventual producidos en el Departamento de Hacienda y Administración Pública, resultantes del cambio de titular del Departamento.

Esta Asociación va a valorar la oportunidad de dirigirse nuevamente a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, advirtiéndole del reiterado incumplimiento de la Ley en que vienen incurriendo los miembros del Gobierno de Aragón, frente a lo señalado por esta Asociación, e informándole de nuestra disposición a dar traslado de tales actuaciones al Ministerio Fiscal, en el caso de que se reiteren en el futuro, por si los hechos pudieran merecer la oportuna sanción penal, ante la constante y manifiesta inaplicación de la Ley.