LA CALIDAD DEMOCRÁTICA COMO COMPROMISO INTERGENERACIONAL.

La historia de los países es la acumulación del quehacer de sucesivas generaciones, un legado rico en cultura -patrimonio, literatura o arte-, en infraestructuras públicas, en empresas o actividades económicas y en instituciones de autogobierno, que se va transmitiendo de generación en generación, y que debe preservarse y enriquecerse por cada una de ellas, algo que no siempre se produce. Los avances en materia de libertades democráticas y calidad de nuestras instituciones –incluida la solidez de nuestros servicios públicos o la formación de una fuerte cultura cívica- constituyen una parte esencial de dicho legado intergeneracional.

El escritor Javier Cercas, en un artículo reciente, afirmaba que la generación de sus padres había recibido un país en pésimas condiciones –con una dictadura sofocante y las dolorosas huellas de una guerra civil- y lo habían legado a la generación posterior extraordinariamente mejorado –con democracia e integrado en Europa- y que no podíamos resignarnos a  dejar a la próxima generación de españoles un país en completa decadencia o mutilado, socavado por la corrupción o roto por los independentismos. Hacerlo sería un ejercicio absoluto de irresponsabilidad.

El cambio generacional, como es lógico, se produce entre dos polos: el de quienes pasan el testigo de su trabajo, su esfuerzo y su compromiso, y el de los que recogen dicho testigo. Ese traspaso no solo requiere de la voluntad de quienes concluyen su etapa, sino también de los que asumen como propio el desafío de preservar y mejorar lo recibido. El posible desencuentro entre generaciones, por parte de unos u otros, haría fracasar dicho traspaso o relevo, sobre todo si se rechazase el testigo recibido por parte de la generación posterior. No parece, sin embargo, que ese rechazo vaya a producirse.

Reconforta saber que el futuro de este país –encarnado en su juventud- está anclado firmemente en los valores democráticos y que existe una clara voluntad de reforma de nuestras instituciones para que cumplan verdaderamente la función que les corresponde. Más aún ha de valorarse el hecho de que la identidad española y europea estén fuertemente arraigadas y se vean como una continuidad lógica, sin conceder crédito a quienes propugnan un repliegue nacional. El rechazo de las insuficiencias de la realidad española no conduce necesariamente al rechazo de España, sino al deseo de superar las actuales dificultades, haciendo del proyecto personal de futuro un elemento más del proyecto colectivo que constituyen tanto nuestro país como la Unión Europea.

La Constitución Española –al margen de reformas puntuales- da respuesta válida a las aspiraciones de los futuros españoles, a pesar de los discursos radicales que se dejan oír desde el estallido de la crisis, con la pretensión de hacer tabla rasa con todo, con una estigmatización generalizada e injusta de la clase política y una impugnación global a las instituciones democráticas, incluida la Corona. Ese discurso está muy lejos de lo que piensan y sienten los jóvenes de este país, que con su actitud reformista demuestran una actitud cívica y un sentido de responsabilidad muy superior al de tantos generadores de opinión.

La función pública no puede estar ajena a este compromiso intergeneracional, de transmisión de valores de servicio público en su interior, entre las diferentes generaciones de servidores públicos, y de radical empeño en la defensa de los valores democráticos y de la calidad institucional. Se trata de un deber contraído por la función pública con la preservación y constante mejora del Estado de Derecho, del bienestar de los ciudadanos y de la convivencia y cohesión entre todos los territorios del Estado, asegurando el correcto funcionamiento del Estado autonómico. No solo los españoles del mañana han de volver a ver como una actividad prestigiada el desempeño de la función pública, en sus más variados ámbitos, sino que han de ver en la función pública de hoy una presencia real de los valores que han de inspirarla, como son el compromiso con la legalidad y la ética pública, y la inequívoca vocación de servicio a la sociedad y de contribución a la recuperación de la esperanza colectiva como país.