UNA POLÍTICA DE PERSONAL ERRÁTICA: PROSIGUEN LOS CESES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS.

Al parecer, una de las primeras decisiones de la nueva Directora General de Presupuestos, Financiación y Tesorería, Blanca Soláns, ha sido proceder al cese de las funcionarias de carrera que ocupaban las responsabilidades máximas del Servicio de Presupuestos y del Servicio de Fondos Europeos, tal vez con la idea equivocada de que un cargo directivo necesita conformar su propio equipo técnico de confianza. Los funcionarios no pueden ser concebidos como la cohorte o séquito de un alto cargo, que lo siguen allá donde va. Es realmente penoso, ahora y siempre, ver funcionarios de carrera que siguen a un cargo político, en cada uno de sus destinos, como si trabajasen para el cargo público y no para la Administración.

Un funcionario de carrera ha de tener su compromiso esencial con su puesto de trabajo, con su responsabilidad administrativa, con el área de gestión que conoce y en la que se ha especializado, con el equipo de personas del que forma parte, y cuyo desarrollo profesional colectivo ha de procurar al máximo. Desde el control técnico de una materia, tarea nada fácil de conseguir, es posible contribuir a hacer realidad objetivos globales de buena administración, de calidad o de transparencia, pero todo esto queda reducido a retórica hueca si no se promueve y asegura, de manera prioritaria, la alta profesionalidad de los responsables de los órganos administrativos.

Frente a ello, el modelo del actual Gobierno, incapaz incluso a estas alturas de legislatura de asentar un modelo reconocible de gestión pública y de profesionalización de la función pública, ha consistido en anteponer la confianza personal a la profesionalidad de los titulares de los servicios administrativos, convirtiendo este nivel de la Administración en un ámbito de inestabilidad permanente –no son pocos los órganos administrativos que han llegado a tener hasta tres titulares en lo que va de legislatura, y aún podrían ser más antes de concluir-, de manera que la idea de compromiso con la Administración y el servicio público ha quedado claramente devaluada, convertida en claro obstáculo para cualquier aspiración a desarrollar una carrera administrativa conforme a los valores y principios constitucionales, es decir, el mérito y la capacidad, la imparcialidad, y el servicio objetivo al interés general.

El uso y abuso de la libre designación, la utilización injustificada de las comisiones de servicios interadministrativas, para incorporar a funcionarios de perfil claramente inadecuado, o la cobertura de puestos de dirección técnica mediante contratos de alta dirección con candidatos ajenos a la Administración carentes de toda competencia profesional -cuya elección solo responde a relaciones políticas clientelares-, han sido práctica de los miembros del actual Gobierno de Aragón, sin reparar en el daño que todo ello ocasiona a la organización administrativa y a la cultura de legalidad e imparcialidad que ha de existir en el seno de la función pública. 

Hemos retrocedido, a causa de ello, en todo lo que concierne a aquellos niveles de profesionalidad, legalidad y ética pública que pudieran haberse alcanzado en la función pública autonómica, y ese es un déficit o retroceso que debiera pesar tanto o más que el déficit presupuestario en la valoración de la gestión de un Gobierno. No hay peor directivo que aquel que dilapida y devalúa los recursos humanos de la organización que dirige, y eso es lo que está sucediendo en la Administración de la Comunidad Autónoma, a causa de decisiones y actitudes equivocadas, como la que ha adoptado la nueva Directora General de Presupuestos, Financiación y Tesorería, pero también otros muchos altos cargos de este Gobierno que preside Luisa Fernanda Rudi.