EL INCÓMODO PERO NECESARIO PAPEL DE LA CÁMARA DE CUENTAS.

La puesta en marcha de la Cámara de Cuentas de Aragón –que ha venido a sustituir en gran medida la función del Tribunal de Cuentas en el control externo de la actividad económico-financiera del sector público de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales aragonesas- ha servido para poner un potente foco sobre la gestión del dinero público por nuestras instituciones. Su reciente informe de control sobre la actividad del Ayuntamiento de Zaragoza en 2011 ha generado estos días una agria polémica en los medios de comunicación, que evidencia la incomodidad que dicha fiscalización supone para algunos responsables políticos.

La incomodidad de los gestores públicos frente a los controles es el precio indispensable que hay que pagar por la transparencia y la rendición de cuentas que resulta obligada para cualquier institución pública. La legalidad debe cumplirse en la ejecución presupuestaria y su respeto debe estar garantizado por órganos de control interno, pero también de control externo. Es algo sobre lo que debiéramos reflexionar con alguna profundidad, pues ese doble control, a la vista de los resultados, se está manifestando dispar y, a veces, contradictorio. Lo que parece darse por bueno por los órganos de control interno, luego es puesto en entredicho por el órgano de control externo, incurriendo en una disparidad de juicio de legalidad que impone no solo alguna explicación sobre la actividad de los órganos de control interno, sino alguna revisión de su actual estatuto regulador y de la ordenación de sus funciones.

Los órganos de control interno –las intervenciones de cada administración- funcionan, en teoría, con autonomía funcional e independencia, pero los nombramientos y ceses de las personas que ejercen la función fiscalizadora es totalmente discrecional para los responsables políticos de cada institución. No hace mucho se produjo el cese de la interventora de la Diputación Provincial de Zaragoza y también se ha producido un cese reciente en la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma. Esos ceses demuestran que aquellos interventores que resultan incómodos a los responsables políticos pueden ser fácilmente removidos de sus funciones, acaso con la voluntad o la pretensión de que los nuevos titulares resulten más dóciles o flexibles o razonables. Es decir, más proclives a admitir las decisiones de gestión de los responsables políticos. Creemos que no es la docilidad el problema, sino la previsibilidad de las decisiones lo que debe garantizarse en la actividad de los órganos de control. Una fiscalización imprevisible o sorpresiva es contraria a los principios de seguridad jurídica y de eficacia de la actividad administrativa y pone de manifiesto una mala articulación del control interno de la gestión presupuestaria.

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su Vicealcalde, ha reaccionado de la peor manera posible, al airear la posible petición de destitución de los miembros de la Cámara de Cuentas. Es evidente que hay quienes no se contentan con la posibilidad de cesar o remover a los interventores de la institución, sino que también les gustaría poder cesar a los miembros de la Cámara de Cuentas o del propio Tribunal de Cuentas, atribuyendo finalidad política a cualquier reproche de mala gestión que pueda hacerse. Los datos que señala el informe de la Cámara de Cuentas son de una enorme gravedad, y más valdría que los responsables municipales tratasen de aclarar las anomalías señaladas en lugar de desacreditar a los miembros de la Cámara de Cuentas, que cuentan con el respaldo que les da la mayoría cualificada de las Cortes de Aragón que los designó y el estatuto que les otorga su propia Ley.

Las irregularidades en la gestión pública –y los casos más graves, en los que cabe hablar de corrupción- se producen porque ni los órganos ejecutivos o gestores ni los mecanismos de control han actuado o funcionado adecuadamente. Las alertas que realiza la Cámara de Cuentas sobre graves irregularidades en el Ayuntamiento de Zaragoza debieran recoger no solo las actuaciones indebidas, sino también señalar el papel jugado por los controles internos en dichas irregularidades. El papel de los órganos de control interno no puede ser solo salvar las responsabilidades personales, pues ello no evita que se produzca la gestión irregular, y el órgano de control externo ha de asegurar que sus criterios de control sean compartidos por los órganos de control interno, pues una actuación administrativa no puede ser regular o irregular a un mismo tiempo, según quien la fiscalice, salvo posibles diferencias de criterio justificables.

Creemos que existe un debate institucional –en el que no cabe más que expresar el total respaldo a la labor de la Cámara de Cuentas, frente al Ayuntamiento de Zaragoza y a cualquier otra institución pública sujeta al control de dicho órgano-, pero bajo ese debate institucional debería plantearse y clarificarse, sin dilación, el debate técnico sobre la ordenación de los órganos de control interno de las administraciones públicas, a los que corresponde asegurar la corrección de la gestión pública en el proceso de ejecución presupuestaria, garantizando a un tiempo la legalidad y la eficacia de la actividad pública. No vamos a insistir en este momento en la insuficiente profesionalización de la Intervención General de la Administración autonómica, pero ese dato resulta fundamental e insoslayable a la hora de definir las reformas deseables en materia de control de la gestión económica en la Comunidad Autónoma de Aragón.