PERSONAL DOCENTE: EL FALSEAMIENTO DE LA OFERTA COMPLEMENTARIA APROBADA POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Sorprenderá a muchos que una situación como la que ahora señalamos hayamos tardado tres meses en advertirla, pero esto es lo que sucede cuando se deposita confianza en los responsables públicos, dando por descontado su compromiso con la legalidad y su respeto a los derechos de los ciudadanos. Estábamos equivocados al hacer ese ejercicio de confianza, y nos duele constatar la mala fe con la que han actuado tantos responsables públicos, con la probable aquiescencia de los sindicatos de la función pública.

El Gobierno de Aragón aprobó en 2011 un Decreto de Oferta de Empleo Público, en la que se incluían plazas de los diferentes ámbitos de la Administración de la Comunidad Autónoma, como son administración general, educación no universitaria y personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud. Las plazas correspondientes a administración educativa pertenecían al Cuerpo de Maestros, indicándose las respectivas especialidades en que se subdividía el conjunto de plazas autorizadas.

El Decreto de Oferta de Empleo Público de 2011, impugnado por esta Asociación por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, al contravenir la obligación de incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos, como exigen tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), fundamentando su sentencia en el criterio ya establecido por el Tribunal Supremo al anular la Oferta de Empleo Público de 2007: el derecho fundamental de acceso a la función pública, reconocido por la Constitución Española en su artículo 23.2, es un derecho de configuración legal, delimitado por el Estatuto Básico del Empleado Público y las Leyes de Función Pública de las Comunidades Autónomas, de manera que la vulneración de los requisitos establecidos por estas leyes para la aprobación de la Oferta de Empleo Público supone una vulneración del derecho fundamental. Es decir, vulnerar la Ley en esta materia es vulnerar la Constitución, al menoscabar un derecho fundamental de los ciudadanos reconocido en la misma.

El pasado mes de julio de 2013, tras solicitarse por esta Asociación ante el TSJA la ejecución judicial de las sentencias que habían anulado las Ofertas de 2007 y 2011, el Tribunal requirió al Gobierno de Aragón la aprobación, en un plazo de seis meses, de sendos Decretos de oferta de empleo público complementaria a las anuladas, en las que se incluyesen las plazas vacantes ocupadas por interinos a 31 de diciembre de 2006 y a 31 de diciembre de 2010, respectivamente.

El Gobierno de Aragón, antes de proceder a la aprobación de los Decretos que le requirió el Tribunal, quiso dotarse de una herramienta legal ad hoc, a través del Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, en el que no solo fijó el número de plazas que correspondían a cada uno de los Decretos complementarios y modificó el plazo para el desarrollo de los procesos selectivos, sino que, y este dato nos parece de extrema gravedad, modificó la naturaleza de las plazas de personal docente, al establecer que las que debían incluirse en la oferta complementaria correspondían a Enseñanza Secundaria y no al Cuerpo de Maestros, alterando así de manera totalmente indebida el alcance del fallo judicial e incurriendo en un manifiesto incumplimiento de la sentencia.

El Decreto-ley aprobado por el Gobierno de Aragón, y posteriormente convalidado por las Cortes de Aragón, con los votos de PP y PAR, no solo incurría en todos los defectos que fueron puestos de manifiesto en su día por esta Asociación y se señalaron también por los grupos parlamentarios de la oposición en el pleno de convalidación, sino que, como apreciamos ahora, llevaba a cabo un directo y manifiesto falseamiento de las sentencias que, según se decía, venía a aplicar de manera estricta.

Una oferta complementaria ha de ser congruente con el contenido de la oferta a la que viene a complementar. Mal se pueden contemplar en una oferta complementaria plazas correspondientes a cuerpos docentes que no figuraban en la oferta original –si aceptamos que la selección de personal docente se realiza de manera alterna, para enseñanza primaria en los años impares y para enseñanza secundaria en los años pares-, de manera que resulta evidente que la oferta de empleo complementaria de 2011, al afectar a plazas del Cuerpo de Maestros, debía incluir las plazas de dicho Cuerpo ocupadas por interinos a 31 de diciembre de 2010, y no las correspondientes a Cuerpos de Enseñanza Secundaria.

Creemos que dicha actuación, realizada de manera consciente por los responsables del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte y del Departamento de Hacienda y Administración Pública, es un abierto incumplimiento de la sentencia judicial y una directa vulneración del derecho de las personas interesadas en acceder al Cuerpo de Maestros, a los que se negaron las plazas debidas en su momento y se les vuelven a negar ahora, pese a la sentencia judicial dictada. Que ello, además, se haya podido producir con la aquiescencia de los sindicatos de la enseñanza pública  no hace más que subrayar la gravedad de los hechos.

Esta Asociación pondrá esta circunstancia en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en los próximos días, solicitando que declare incumplida la sentencia que anuló la Oferta de Empleo Público de 2011, al haberse alterado irregularmente sus efectos, y deduzca las posibles responsabilidades, de todo tipo, en que hayan podido incurrir los miembros del Gobierno de Aragón. Solicitaremos, eso sí, que no se vean afectados los procesos selectivos derivados del Decreto-ley, para evitar cualquier lesión a quienes, como nosotros, han confiado en la actuación del Gobierno de Aragón, creyendo que sus decisiones eran respetuosas con las normas.