En
contra de lo que puedan hacer creer las apariencias, el actual Gobierno de Aragón
está muy lejos de haber restaurado el derecho de acceso a la función pública
vulnerado en anteriores legislaturas, como quedó declarado por sendas
sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
que anularon, por inconstitucionales, las Ofertas de Empleo Público de 2007 y
2011, al no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por
funcionarios interinos.
En
primer lugar, hay que recordar que el actual Gobierno presidido por Luisa
Fernanda Rudi no ejecutó voluntariamente las sentencias judiciales en materia
de oferta, sino que, debido a la prolongada pasividad para dar cumplimiento a
las mismas, esta Asociación hubo de solicitar del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón la ejecución forzosa de tales sentencias, y fue por lo tanto dicho
Tribunal el que requirió al Gobierno de Aragón, mediante sendos autos de ejecución de julio de 2013, la aprobación de dos Decretos de oferta
de empleo público complementaria a las anuladas, en las que se incluyeran
respectivamente la totalidad de los puestos vacantes ocupados por interinos a
fecha de 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2010, respectivamente.
En
segundo lugar, ni siquiera el requerimiento judicial ha podido asegurar la
correcta ejecución de las sentencias. Dicha ejecución ha sido involuntaria y,
además, fraudulenta. Efectivamente, la ejecución judicial se ha realizado de
forma insuficiente e irregular, y el dato más relevante del incumplimiento de
tal sentencia es la aprobación del Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, en el que
lejos de restablecer la legalidad y dar cumplimiento a las sentencias, se
aprovecha para modificar la legalidad y alterar el sentido de las sentencias,
como se evidencia con la injustificada sustitución de las plazas del Cuerpo de
Maestros por las de Cuerpos de Enseñanza
Secundaria, lo que supone una burda utilización de la figura del Decreto-ley
para quebrantar un fallo judicial, con el agravante de que dicho incumplimiento
obtiene el aval del Parlamento aragonés, al ser convalidado el Decreto-ley con
los votos del PP y PAR. El peor escenario imaginable se ha visto realizado: la completa
quiebra de los principios de legalidad y de separación de poderes. Alguien
deberá asumir la responsabilidad que corresponde por actuación tan temeraria.
En
tercer lugar, debe resaltarse que en el largo proceso de ejecución de las
sentencias, que ocupa un largo tramo de esta legislatura, el Gobierno de Aragón
no ha aprobado las ofertas anuales de empleo público que exigen tanto el
Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón, aunque fuera dentro de los límites señalados por la Ley de Presupuestos Generales
del Estado. Es más, podríamos decir que la manipulación realizada de las plazas
de personal docente por parte del Decreto-ley 1/2014 persigue, precisamente,
suplir la ilegal falta de oferta de empleo público de 2014 (correspondiente a
personal de enseñanza secundaria) con la oferta complementaria de 2011 (que debía
corresponder al cuerpo de maestros, pero que se transforme indebidamente en
cuerpos de enseñanza secundaria). Con ello se consuma la doble vulneración de
la legalidad por el Gobierno de Aragón, pues ni se restaura el derecho
lesionado en el pasado –como obligaba la ejecución de las sentencias
judiciales- ni se garantiza en el presente el derecho que asiste a los
ciudadanos para acceder a la función pública.
Consecuentemente,
y pese al dato positivo de que el Gobierno de Aragón ha de convocar 2.783
plazas en el plazo de tres años, no es posible hablar de respeto a la legalidad
de función pública por parte de este Gobierno ni de restauración del derecho de
acceso a la función pública aragonesa. Más bien todo lo contrario, pues las
2.783 plazas que se ha visto obligado a convocar por mandato del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón son únicamente el límite de su incumplimiento,
aquello que no se ha atrevido a dejar de convocar. Es lamentable constatar que
quien debía restaurar la legalidad solo ha sabido añadir más ilegalidad y más
vulneración al Estado de Derecho, pues lo realizado a través del Decreto-ley
1/2014 constituirá en la historia de la función pública un ejemplo máximo de la
carencia de respeto al Estado de Derecho.
Este Gobierno es incapaz de cumplir las leyes. Lo ha demostrado sobradamente.
ResponderEliminarHay tantas irregularidades o más que antes.
ResponderEliminarDe qué se ocupa la Inspección de Servicios?
ResponderEliminarA qué se dedican los Secretarios Generales Técnicos?
ResponderEliminarPromueven las irregularidades o solo las consienten?
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ResponderEliminarAparece en el BOA de hoy:
ORDEN de 11 de abril de 2014, del Departamento Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del citado Cuerpo.
ResponderEliminarEsta es la manipulada justificación de la oferta de hoy:
El Decreto-Ley 1/2014, de 9 de enero, del Gobierno de Aragón, de medidas para la ejecución de las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010 y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 10 de febrero de 2012, dispone que el Gobierno de Aragón aprobará los Decretos de Oferta de Empleo Público complementarios de los Decretos 67/2007, de 8 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2007, y 83/2011, de 5 de abril y 133/2011, de 14 de junio, por los que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2011.
El artículo 1.2 del Decreto-Ley contempla que los Decretos complementarios establecerán las medidas necesarias para la ordenación adecuada de los procesos selectivos derivados de las Ofertas de Empleo Público que, en todo caso, deberán desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años.
El artículo 2.3 del citado Decreto-Ley determina que el Decreto complementario correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2011 incluirá un total de 385 plazas del ámbito educativo que, atendiendo a necesidades educativas y de ordenación del sistema educativo, se destinarán al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores y Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Escuelas de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
Finalmente, el artículo 3 establece que en las Ofertas de Empleo Público se reservará un siete por ciento para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con diversidad funcional. Asimismo, se reservará un cupo para ser cubiertas por quienes se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo.
Por Resolución de las Cortes de Aragón, de 13 de febrero de 2014, se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 1/2014, de 9 de enero, del Gobierno de Aragón, de medidas para la ejecución de las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010 y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 10 de febrero de 2012.
En aplicación de la regulación previamente mencionada, por Decreto 24/2014, de 18 de febrero, del Gobierno de Aragón, se aprueba la Oferta complementaria de la Oferta de Empleo Público del 2011 correspondiente al personal docente no universitario.
ResponderEliminarEl BOA publicó ayer la convocatoria de las 210 plazas ofertadas por la DGA. Los aspirantes podrán presentar su solicitud desde hoy y hasta el 5 de mayo.
EPA.
ResponderEliminarEl ejecutivo autonómico adelanta a 2014 el cumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de 29 de octubre de 2010, y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 10 de febrero de 2012.
Estas 210 plazas para el cuerpo de profesores de Educación Secundaria en la comunidad se suman a las 95 de maestros en la especialidad de Educación Infantil, Inglés y Educación Física y las 10 de Inspectores que se convocaron el año pasado.
EPA.
ResponderEliminarComentario:
Pero las oposiciones no se hacían en julio para no interferir el curso escolar? Nada, han dicho los sindicatos, en junio, que sino nos quedamos sin vacaciones. Con esta cuadrilla de funcionarios en las clases, es normal que los padres prefieran colegios concertados.
ResponderEliminarComentario:
Pero mira que tienen cara, bueno, es un politico no nos deberia de sorprender..... si la convocatoria la hacen por sentencia judicial, que si no de que.... y ademas en que formas, plazos....