VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN: VOLUNTAD DE AVANZAR EN EL COMPROMISO.

Ayer tarde tuvo lugar, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, la celebración de la VIII Asamblea General de la Asociación para la Defensa de la Función Pública, conforme al orden del día previsto en su convocatoria, de la que se informó a través de este blog.

Con la presencia de una docena de miembros de la Asociación, en segunda convocatoria, se dio inicio al tratamiento de los diferentes puntos del orden del día, aprobándose el acta de la asamblea anterior, celebrada el 25 de abril de 2013, y realizándose un breve repaso a la actividad desplegada por la Asociación desde dicha fecha, a través de la memoria de actuaciones remitida a todos los miembros de la Asociación y difundida igualmente en el blog asociativo, para conocimiento general. En el repaso de dichas actuaciones, llevada a cabo por el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, se hace particular hincapié en el proceso de ejecución forzosa de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, en el que, a pesar de las más que dudosas decisiones del Gobierno de Aragón, ha llevado a la aprobación de los Decretos de Ofertas de Empleo Público complementarias en las que se incluyen 2.783 plazas indebidamente omitidas en las Ofertas aprobadas en 2007 y 2011, si bien dichas Ofertas complementarias resultan claramente insuficientes para corregir las injustificadas e irregulares tasas de interinidad existentes en los diferentes ámbitos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Igualmente se hace repaso a la campaña emprendida contra las tasas de reposición de efectivos que anualmente se incluyen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,  que se inició ante las Cortes Generales con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, y que tuvo su continuidad en la petición al Defensor del Pueblo para que se promoviese un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 finalmente aprobada. También se han reclamado medidas de control de constitucionalidad de dicha Ley, en defensa del derecho fundamental de acceso a la función pública, a todos los Parlamentos autonómicos y a los diferentes Defensores del Pueblo autonómicos, si bien los resultados obtenidos han resultado bastante insatisfactorios hasta el momento, lo cual, sin embargo, no debe hacernos dudar de la oportunidad de la iniciativa.

Se destacan igualmente, entre el conjunto de actuaciones realizadas, las alegaciones formuladas, a invitación del Consejero de Hacienda y Administración Pública, al Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, a las cuales no se ha dado respuesta ni acuse de recibo por parte de los responsables del citado Departamento, y cuyo contenido no ha sido, al parecer, considerado en la redacción del texto del proyecto normativo, por lo que esta Asociación mantiene y reforzará en un futuro su posición crítica frente a dicho texto, por el repudiable modelo de función pública que propugna.

Concluido el repaso a la memoria de actividades presentada a la asamblea, el Presidente de la Asociación plantea la necesidad de marcar líneas claras de actuación para los próximos meses, abriéndose un debate general que lleva a concluir un conjunto de prioridades de las que ocuparse a lo largo del nuevo año de actividad, y que se concretan en la reivindicación permanente del derecho de acceso a la función pública y exigencia de aprobación de Ofertas de Empleo Público por el conjunto de las Administraciones con sujeción plena al Estatuto Básico del Empleado Público; en la necesidad de redoblar nuestro esfuerzo de análisis y crítica de todas las carencias e insuficiencias del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, así como del reciente Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana, del que se ha tomado conocimiento por el Gobierno de Aragón, y que, a juicio de esta Asociación, habría de someterse a un procedimiento formal de información pública, como ejercicio imprescindible de participación ciudadana que resulte coherente con los objetivos que se propone; en la conveniencia de acometer, en fechas próximas, la revisión de los contenidos del “Documento de propuestas de buen gobierno y buena administración para la VIII legislatura de las Cortes de Aragón” (julio 2011), con el fin de confeccionar un nuevo documento, en el que se contengan propuestas para la próxima legislatura, y que, a ser posible, pueda remitirse a las distintas fuerzas políticas con anterioridad al inicio del proceso electoral de mayo de 2015, sin perjuicio de que pueda, igualmente, remitirse a los distintos Grupos Parlamentarios que se constituyan en las Cortes de Aragón tras las elecciones autonómicas; y, finalmente, en la oportunidad de promover, al margen del citado documento, pero a partir de sus principales contenidos, una posible coalición de organizaciones de la sociedad civil a favor del buen gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón, de manera que seamos capaces de coordinar y sumar esfuerzos para avanzar en objetivos de calidad democrática, buen funcionamiento institucional, profesionalidad de la función pública, eficiencia de los servicios públicos y cultura cívica democrática.

La Junta Directiva de la Asociación deberá concretar las medidas específicas que quepa adoptar en cada una de esas líneas prioritarias de actuación, pero se proponen un conjunto de iniciativas en materia de acceso a la función pública. Entre ellas deberá incluirse la impugnación de la Oferta de Empleo Público que pueda aprobar, en 2014, la Administración General del Estado, para así poder plantear de modo directo, ante el Tribunal Supremo, el debate sobre la constitucionalidad de las tasas de reposición de efectivos y defender su inadecuación respecto al Estatuto Básico del Empleado Público y a la Constitución Española. Se considera que dicha impugnación es la única medida efectiva para que los responsables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se tomen en serio el respeto al derecho de acceso a la función pública, y no solo respeten la Constitución Española sino que la hagan respetar en el conjunto de las Administraciones Públicas, devolviendo a la función pública sus señas de identidad constitucional. En dicha impugnación se tratará de contar con el respaldo de otras asociaciones de empleados públicos, como FEDECA.

Asimismo, la Junta Directiva deberá diseñar y poner en marcha el proceso destinado a la configuración de una posible Coalición por el Buen Gobierno, al hilo de la revisión del Documento de propuestas para la próxima legislatura.

Finalmente, dentro de este punto del orden del día, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, plantea la necesidad de abrir un proceso de reflexión por parte de todos los miembros de la Asociación sobre el ámbito territorial de actuación de la asociación y la posible modificación de su denominación, de manera que la actividad asociativa no se limite a la defensa de la “función pública aragonesa”, sino que dicha defensa se refiera a la “función pública” en todo el ámbito de aplicación de los principios constitucionales, es decir, frente a todas las instituciones y administraciones españolas, e incluso en el marco de la Unión Europea. Se conviene por los presentes en la necesidad de profundizar en dicha reflexión, sopesando los distintos factores en juego, como son la identidad y la funcionalidad de la asociación.

A continuación el Tesorero expone su informe sobre el estado de las cuentas de la Asociación, señalando el superávit existente de 3.000 euros, con el que resulta posible abordar los gastos que implican actuaciones como la posible impugnación de la Oferta de Empleo Público aprobada por la Administración General del Estado, si bien señala el estancamiento en el número de socios, tras una paulatina disminución de los mismos.

Seguidamente, se procede a la renovación parcial de los miembros de la Junta Directiva, que de acuerdo con lo previsto en los Estatutos ha de alcanzar a los cargos de Vicepresidente, Secretario y cuatro vocales de la Junta. El cargo de Vicepresidente, que se halla vacante, queda nuevamente vacante por falta de candidatos. Como Secretario resulta reelegido Félix Gracia, y como Vocales resultan igualmente reelegidos Adolfo Ballestín, Antonio Brotons, Eduardo Notivol y Juan José Morales. De este modo, y junto a ellos, la Junta Directiva queda completada por Julio Guiral, como Presidente, José Ramón Gálligo, como Tesorero, y Alfonso Salgado, Antonio Serrano y Guadalupe Zárate como Vocales, contando con un total de diez miembros.

Por último, en el apartado de ruegos y preguntas, se interesan algunos asistentes sobre las medidas que se han adoptado para el cuestionamiento del uso abusivo de la libre designación en las relaciones de puestos de trabajo como forma de provisión, hallándose pendiente de formalizar la interposición de recurso contencioso-administrativo contra las distintas relaciones de puestos de trabajo de Departamentos y Organismos autónomos, al margen de la petición al Justicia de Aragón para la posible confección de un estudio de oficio sobre el estado del sistema de provisión de puestos en la Administración autonómica.

Concluye la asamblea con la sensación generalizada de los enormes desafíos y tareas que tiene ante sí la Asociación para tratar de dar cumplimiento a sus fines estatutarios, y con la conveniencia de afrontar la defensa de la función pública, junto a otras organizaciones ciudadanas que demandan buena administración, pues la exigencia de una función pública profesionalidad y de una buena administración que asegure los derechos de los ciudadanos son, sin duda, las dos caras de una misma moneda, resultando inaplazable sumar ambas perspectivas, reforzando con ello el trabajo que distintas organizaciones realizan en sus respectivos ámbitos.

Con las decisiones adoptadas en la asamblea, la Asociación viene, en definitiva, a reforzar su compromiso con una función pública presidida por los valores de la legalidad, la profesionalidad y la ética pública, y a expresar su voluntad de abierta colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil para promover una plataforma que propugne exigencias de buen gobierno y calidad democrática, combatiendo tanto la corrupción pública como la arbitrariedad del poder político, como principales factores de debilidad institucional de nuestra democracia.