CONCURSOS DE MÉRITOS: PERSISTE LA ILEGALIDAD DE LAS BASES DE CONVOCATORIA AL PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS EN PRIMER DESTINO PROVISIONAL.

Mediante resolución de 14 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios Públicos, publicada el pasado viernes 28 de febrero en el Boletín Oficial de Aragón, se publicó convocatoria de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (Veterinarios de Administración Sanitaria).

 

En dicha convocatoria se vuelve a contravenir la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, al permitirse en su base primera la participación de los funcionarios que se encuentran en primer destino provisional, siempre que, en la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión del primer destino adjudicado con carácter provisional. Cuando no hubieran transcurrido dos años en tal situación solo podrán solicitar puestos adscritos al Departamento al que pertenece o pertenecía el puesto al que fueron destinados inicialmente.

 

Es evidente, como ya expusimos en anteriores ocasiones, que los concursos de méritos no son el mecanismo idóneo ni legal para adjudicar primeros destinos definitivos a los funcionarios de nuevo ingreso –al margen de la situación de destino provisional en la que puedan hallarse-, y así lo ratifica el apartado final del citado artículo 28.3 de la Ley de Ordenación de la Función Pública, al señalar que “también podrá adjudicarse destino provisional cuando las vacantes estén pendientes de resolución de concursos para la provisión de puestos de trabajo”. Ese destino provisional, motivado por el hecho de que los puestos idóneos se hallen comprometidos en un concurso aún no resuelto, habrá de corregirse posteriormente en la forma legalmente establecida, a través de la elección de destino definitivo conforme al “riguroso orden de puntuación final” obtenida en el proceso selectivo, pero no mediante la participación en futuras convocatorias de concursos, pues de este modo el primer destino definitivo se adjudicaría en virtud de criterios distintos al del orden señalado por la Ley, como es el de la puntuación final obtenida en el proceso selectivo, pudiendo lesionar con ello el mejor derecho de terceros a la elección de destino.

 

El destino provisional inicial, por lo tanto, no puede resolverse mediante concurso de méritos, sino que las plazas vacantes resultantes del concurso que impidió la adjudicación de destino definitivo directo han de ser las ofertadas en la forma que señala la Ley de Ordenación de la Función Pública, operando exclusivamente como criterio de elección de destino el orden de puntuación final del proceso selectivo. 

En lugar de ajustarse a la legalidad, la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, una vez más, y en claro desafío a lo previsto en la norma, opta por fusionar y confundir la convocatoria de concurso de méritos y la asignación de primer destino definitivo, permitiendo con ello que los funcionarios de nuevo ingreso puedan acceder a su primer destino definitivo no en atención a su orden de puntuación final –en un proceso específico para tal fin- sino en atención a los méritos profesionales que les puedan corresponder, lo que no solo altera el criterio de preferencia con quienes proceden de idéntico proceso selectivo –pudiendo llegar a invertir el orden de puntuación final- sino que puede permitir que funcionarios de nuevo ingreso puedan acceder a determinadas plazas con prioridad a funcionarios de carrera que tienen en el concurso el cauce propio de su derecho a la movilidad, derecho que no corresponde a los funcionarios que no cuentan todavía con primer destino definitivo.

 

El anómalo proceder de la Dirección General de la Función Pública –al otorgar indebidamente destinos provisionales a los funcionarios de nuevo ingreso, incluso en plazas reservadas, provocando con ello el cese ilegal de funcionarios interinos- se agrava, en un segundo momento, al permitir la participación de dichos funcionarios en los procesos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de méritos, desvinculando la obtención del primer destino provisional del criterio legal establecido y que no es otro que el orden de puntuación final obtenido en el proceso selectivo.

 

Resulta inaceptable que las decisiones de un órgano como la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios respondan a criterios arbitrarios contrarios a la ley y menoscaben tanto el debido respeto a las normas como los derechos e intereses de otros funcionarios que puedan verse ilícitamente perjudicados por las decisiones de dicha Dirección General.

 

El hecho reviste además una particular significación, dado que tal práctica ya fue expresamente desautorizada por el Justicia de Aragón, en resolución de 19 de julio de 2013, en la que se formulaba la siguiente sugerencia: “El Departamento de Hacienda y Administración Pública debe garantizar que los funcionarios de nuevo ingreso obtengan un primer destino definitivo conforme a riguroso orden de puntuación final, evitando que la prolongación de la permanencia en un destino provisional vulnere sus derechos e intereses”. Es evidente que no se ha atendido lo sugerido, pero es que el respeto a la ley no puede ser una mera sugerencia, sino una obligación de todo poder público, cuya infracción deliberada debiera ser directamente sancionable.