QUEJA AL JUSTICIA POR LA ADJUDICACIÓN DE PUESTOS RESERVADOS COMO PRIMER DESTINO PROVISIONAL A FUNCIONARIOS DE NUEVO INGRESO.

Vista la preocupación trasladada a esta Asociación por diferentes funcionarios interinos afectados por la posible adjudicación de puestos reservados como primer destino provisional a funcionarios de nuevo ingreso, y tras un detenido análisis de dicha práctica de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, esta Asociación ha considerado oportuno presentar escrito de queja ante el Justicia de Aragón, alegando las razones por las que dicha práctica ha de entenderse contraria a la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, constituyendo una decisión arbitraria que incurre en desviación de poder y atenta al principio constitucional de seguridad jurídica.

Al margen del escrito de queja al Justicia de Aragón, formulado en el día de hoy, esta Asociación se dirigirá igualmente al responsable de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios y a los Secretarios Generales Técnicos de los Departamentos de la Administración autonómica, para trasladarles las razones que nos llevan a rechazar el criterio aplicado en materia de adjudicación de primeros destinos a funcionarios de nuevo ingreso.

Se reproducen a continuación las razones que fundamentan el escrito de queja formulado ante el Justicia de Aragón:

1. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, establece los criterios que ordenan el procedimiento de acceso a la función pública aragonesa, desde la aprobación de la Oferta de Empleo Público y la convocatoria de los procesos selectivos autorizados hasta el nombramiento de los funcionarios de nuevo ingreso y la adjudicación de su primer destino como funcionarios de carrera.

Los criterios legales a los que ha de ajustarse la adjudicación de primer destino a los funcionarios de nuevo ingreso se contienen en el artículo 28.3 de la citada Ley de Ordenación de la Función Pública:

“3. Los funcionarios de nuevo ingreso ocuparán los puestos de trabajo que se les ofrezcan, de acuerdo con las necesidades del servicio y según las preferencias manifestadas por riguroso orden de puntuación final, siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados en las relaciones de puestos de trabajo, a cuyo efecto podrán fijarse en éstas los puestos que por sus características se consideran idóneos como primer destino para funcionarios de una o varias Escalas del mismo Cuerpo, en relación con la formación exigida en el proceso selectivo.

También podrá adjudicarse destino provisional cuando las vacantes estén pendientes de resolución de concursos para la provisión de puestos de trabajo”.

Asimismo, y de cara a la delimitación de las plazas que pueden ser objeto de oferta de empleo público y consecuentemente de posterior adjudicación como primer destino, ha de tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública:

“4. Las plazas ocupadas por interinos serán incluidas en la primera oferta de empleo público que se apruebe, salvo los casos de sustitución de funcionarios”.

2. A la vista de ambos preceptos, cabe sostener la obligatoriedad legal de que los primeros destinos adjudicados a los funcionarios de nuevo ingreso revistan, en todo caso, carácter definitivo, y únicamente resulte admisible la adjudicación en destino provisional cuando las vacantes adjudicadas se hallen afectadas por un concurso de méritos pendiente de resolución.

Ahora bien, en el caso excepcional de que se opte por la adjudicación de destinos provisionales, las plazas adjudicadas con tal carácter han de revestir la condición de “vacantes”, lo que no permite la adjudicación de plazas reservadas a funcionarios de carrera que puedan estar ocupadas por funcionarios interinos de manera transitoria.

Los criterios de ordenación de recursos humanos que pueda utilizar la Dirección General de la Función Pública y Calidad de Servicios en el momento de determinar los puestos de trabajo ofertados como primer destino a los funcionarios de nuevo ingreso no pueden desconocer los límites establecidos por la Ley ni cabe acudir a la adjudicación provisional de destinos cuando las vacantes ofertadas no se hallan pendientes de la resolución de un concurso, toda vez que no figuran entre las convocadas.

Nuestro ordenamiento jurídico tiene como fin propio la seguridad jurídica y, por ello, prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 CE). Se incurre en arbitrariedad cuando se lesionan derechos e intereses de terceros con decisiones administrativas no ajustadas a la legalidad, e igualmente se excluye la desviación de poder, cuando se ejercen las competencias administrativas con finalidad distinta a la establecida. No cabe así instrumentalizar la adjudicación de primeros destinos para provocar el cese de funcionarios interinos que ocupan plazas reservadas a funcionarios, pues dichas puestos, por sus propias circunstancias, no son idóneos para ser ofertados como primer destino –al contar ya con un funcionario de carrera titular de la misma, que podría reincorporarse a su desempeño efectivo- ni pueden hallarse incursos en ningún concurso y a expensas de lo que resulte del mismo, de manera que quepa justificar se adjudicación como destino provisional.

3. Si bien el artículo 7.3 de la Ley de Ordenación de la Función Pública señala que “el personal interino cesará cuando dejen de ser necesarios sus servicios o cuando la plaza que ocupen sea cubierta por un funcionario”, de ello ha de deducirse que los puestos vacantes ocupados por interinos habrán de proveerse por funcionarios de carrera a través de oferta de empleo público o mecanismos ordinarios de provisión de puestos de trabajo, siendo tal adjudicación la causa legal de cese del interino, mientras que en los puestos reservados a funcionario de carrera temporalmente desempeñados por funcionario interinos se producirá el cese de éstos cuando se reincorpore el funcionario titular del puesto o cuando, una vez liberada la reserva, sea objeto de adjudicación a través de los mecanismos de provisión establecidos.

No cabe instrumentalizar las fórmulas de provisión de puestos de trabajo para ocasionar, de manera deliberada, el cese de funcionarios interinos fuera de los supuestos previstos, pues ello constituiría una desviación de poder, al utilizar la provisión de puestos para fin distinto al normativamente establecido. La reducción de plantilla ha de operarse a través de la supresión de puestos de trabajo y, en el caso de funcionarios interinos, a través de la justificación de la innecesariedad de sus servicios, conforme a lo señalado en el artículo 7.3 de la Ley.

Obviar la justificación de esa hipotética innecesariedad y pretender el cese a través de la utilización irregular de formas de provisión de puestos o de criterios inapropiados de adjudicación de primeros destinos constituye una actuación arbitraria y un claro supuesto de desviación de poder, al erigir en fin y justificación del acto dictado no la provisión de un puesto vacante sino el cese de un funcionario interino en puesto reservado.

4. La realidad de la función pública aragonesa, como puso claramente de manifiesto esa Institución en su informe sobre el empleo público en la Administración autonómica dado a conocer en diciembre de 2012, viene marcada por una injustificada tasa de interinidad, resultado del reiterado incumplimiento del régimen de selección de personal por parte del Gobierno de Aragón, con vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública que reconoce a los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución Española, así como de los criterios de mérito y capacidad que han de presidir los correspondientes procesos selectivos, de acuerdo al artículo 103.3 CE.

Ahora bien, la corrección de dichas tasas de interinidad, contrarias al modelo constitucional -del que se deriva el criterio de inamovilidad como elemento de garantía del deber de imparcialidad de los servidores públicos-, ha de hacerse con la restauración de la legalidad en materia de función pública, a través de ofertas y de convocatorias regulares de provisión de puestos de trabajo y, en su caso, si se estimase un sobredimensionamiento injustificado de puestos de trabajo o de efectivos, a través de la supresión de puestos o medidas adecuadas para la reducción de la plantilla.

Los puestos de trabajo han de ser ocupados por funcionarios de carrera y el personal interino solo ha de desempeñar aquellos puestos que transitoriamente no pueden ser ocupados por aquéllos. De ahí la obligación de que las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos se incluyan necesariamente en oferta de empleo público y, en su caso, en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo. El incumplimiento de este doble deber legal, en el que todavía se sigue persistiendo por parte del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, ha motivado que el personal interino ocupe una cuarta parte de los puestos de trabajo de la Administración autonómica, situación que es obligado corregir.

No cabe aceptar, sin embargo, que el cese de funcionarios interinos se convierta en un objetivo o finalidad de las medidas de personal ni en una justificación de las mismas, toda vez que dicho cese ha de ser un efecto derivado de la ocupación de plazas por funcionarios de carrera en la forma prevista en cada caso. Por ello, el cese en puesto reservado no puede derivarse de su adjudicación como primer destino, aunque sea con carácter provisional, toda vez que las plazas reservadas no son susceptibles de inclusión en oferta y, por ello, su posible adjudicación como primer destino a los funcionarios de nuevo ingreso debe considerarse radicalmente antijurídica, al hacer intervenir en el momento final del proceso selectivo puestos que, por definición, estaban y deber seguir estando expresamente desvinculados del mismo.

5. Si bien debe valorarse la necesidad y oportunidad de que los puestos de trabajo de la Administración sean desempeñados por funcionarios de carrera, evitando la permanencia de personal interino más allá de lo estrictamente necesario, ello no justifica decisiones arbitrarias que vengan a desconocer las garantías jurídicas que corresponden a dicho personal, entre las cuales ha de entenderse incluida el que su cese se produzca en los supuestos y conforme a los criterios previstos en el ordenamiento jurídico.

El objetivo final que señala la legalidad en materia de función pública, como es el desempeño de los puestos de trabajo por funcionarios de carrera, no puede alcanzarse al margen de los procedimientos legalmente establecidos, y por ello ha de rechazarse la práctica pretendida por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios de desplazar a funcionarios interinos que desempeñan puestos reservados mediante la adjudicación de dichos puestos en destino provisional a funcionarios de nuevo ingreso.