“El
buen gobierno de los asuntos públicos es condición necesaria para la mejora de
la competitividad y se beneficiaría de la buena información, la transparencia y
la confianza en la calidad de las políticas que se deriva de un escrutinio de
las mismas basado en la competencia profesional de quienes las analizan. Por
estas razones son necesarias apuestas decididas por la ampliación de las prácticas
de evaluación de muchas políticas públicas en España, imitando las buenas prácticas
de otros países”. Así se concreta una de las propuestas contenida en el Informe hecho público recientemente por la Fundación BBVA-Ivie,
con el título “Crecimiento y competitividad. Los retos de la recuperación”.
Los
programas y medidas puestos en marcha por parte de las diferentes
Administraciones Públicas, orientados a objetivos más o menos definidos, han de
ser objeto de evaluación periódica, para observar su efectiva contribución a
los objetivos propuestos y detectar, en su caso, los efectos negativos que
puedan derivarse de los mismos, no suficientemente contemplados en su diseño,
para así poder proceder a su rectificación o, en su caso, eliminación.
En
esta Asociación desconocemos, por ejemplo, que la Administración
General del Estado, y en particular los responsables máximos
de la ordenación de la función pública, dentro del actual Ministerio de
Hacienda y Administración Pública, dispongan de una evaluación de los
resultados obtenidos con la utilización de la técnica de las tasas de reposición
de efectivos a lo largo de más de una década, de manera que las conclusiones de
dicho análisis puedan avalar la idoneidad de dicha técnica y la oportunidad de
mantener su aplicación, como viene a hacerse en el artículo 21 del actual
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.
Desconocemos
igualmente si dichos responsables han detectado la incidencia negativa que
dicha técnica ha ocasionado en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a
la función pública que la
Constitución reconoce a los ciudadanos y su posible contribución a las elevadas
tasas de interinidad que, como consecuencia de la crisis del régimen de acceso, existen en la mayor parte
de las Administraciones Públicas, debilitando con ello su profesionalidad y su
imparcialidad, lo que sin duda ha podido ocasionar el debilitamiento de la
función pública como garantía de la legalidad y de la buena administración,
perdiendo así efectividad como elemento de prevención y corrección de la
corrupción pública, tanto política como administrativa.
A
la vista de todo ello, y con el fin de dar continuidad a las medidas hasta
ahora impulsadas con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2014, esta Asociación se va a dirigir en
los próximos días al conjunto de los Subsecretarios de los Ministerios de la Administración
General del Estado para recabar información sobre la evaluación
de los resultados obtenidos tras los años de aplicación de las tasas de
reposición de efectivos y va a recabar asimismo del conjunto de los Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado la adopción de
iniciativas parlamentarias de control del Gobierno -en forma de preguntas o de
petición de comparecencias- sobre la evaluación de las tasas de reposición de
efectivos y su idoneidad para reducir efectivos innecesarios de las
Administraciones Públicas sin lesionar el ejercicio del derecho de acceso a la
función pública, en los términos establecidos por el Estatuto Básico del
Empleado Público.
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