FALTA DE SENTIDO INSTITUCIONAL.

El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón no ha sido aprobado por el Gobierno de Aragón –al parecer, por falta de acuerdo entre los partidos políticos de la coalición de gobierno- y, por lo tanto, sigue sin remitirse, para su tramitación, a las Cortes de Aragón, a pesar de que el Estatuto de Autonomía y la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma señalan que su remisión ha de producirse antes del último trimestre del ejercicio.

El caso, que evidencia la crisis de liderazgo político de la Presidenta del Gobierno, Luisa Fernanda Rudi, vista la incapacidad para sacar adelante la principal norma legislativa de un gobierno, como es su programa de asignación del gasto público a las diferentes políticas públicas, muestra también la falta de sentido institucional del Presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel, que está jugando un papel negociador que resulta abiertamente contradictorio con la función de árbitro que corresponde al Presidente del Parlamento autonómico.

El Presidente de las Cortes de Aragón es responsable, en primer lugar, de no haber aprobado en el plazo marcado por la Ley los presupuestos de la Cámara –que deben remitirse al Gobierno para su inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuestos-, lo que impidió que el Ejecutivo pudiese ajustar su actuación a los plazos estatutarios, pero, además, después de forzar el incumplimiento del plazo, ha imposibilitado el acuerdo político necesario para dicha aprobación, haciendo primar sobre su condición institucional de Presidente de las Cortes la condición de líder político de un partido de la coalición.

Con ello, las funciones del Presidente de las Cortes de Aragón quedan claramente en entredicho, pues mal puede velar por el respeto de las reglas del Estatuto y del reglamento de la Cámara, es decir, por los poderes del Parlamento para proceder al examen, enmienda y aprobación del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, si al mismo tiempo es el principal responsable político del bloqueo de su aprobación por el Gobierno.

Hay cargos públicos, y entre ellos está el de Presidente de las Cortes de Aragón, que deben revestir un carácter institucional y neutral, pues son los árbitros del debate político de todas las fuerzas políticas parlamentarias, y dicho papel se ve claramente menoscabado, con la consiguiente pérdida de autoridad y credibilidad, cuando su titular no solo no vela por el respeto de la normativa, sino que entra en la negociación política con la Presidenta del Gobierno de Aragón para obtener mayores créditos presupuestarios para las áreas de gobierno que controla o gestiona su partido, anteponiendo con ello sus intereses de partido a su función institucional como Presidente de las Cortes de Aragón.

Comportamientos como el señalado solo contribuyen al deterioro de la imagen de nuestras instituciones, y quienes incurren en tales actuaciones debieran ser consecuentes y abandonar su papel institucional, para ejercer con plena libertad su condición de personas de partido, lo que resulta incompatible con la función arbitral que corresponde al Presidente de la Càmara parlamentaria.