¿CABE UN GOBIERNO SIN PRIORIDADES DE GASTO?

Superado ya largamente el plazo que marcan tanto el Estatuto de Autonomía de Aragón como la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma para la obligada remisión por parte del Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuesto a las Cortes de Aragón, parecen haber trascendido las desavenencias de la coalición de gobierno que dificultan o impiden su aprobación.

El hecho es grave por un doble motivo: en primer lugar, por el incumplimiento del Estatuto de Autonomía en que incurre el Gobierno, provocando con ello el primer acto de falta de disciplina presupuestaria frente a la regulación legal en materia de gasto público; y, en segundo lugar, por el hecho de que, en un contexto de grave crisis económica, la priorización de la inversión pública es la principal decisión política que corresponde a un gobierno, y ello solo puede hacerse a través del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

El Gobierno de Aragón, y en particular su Presidenta, no pueden escudarse para incumplir los plazos legales previstos para la aprobación del Proyecto de Ley del Presupuesto y su posterior remisión a las Cortes de Aragón en la falta de garantía del respaldo parlamentario suficiente, por la actitud crítica mantenida por su socio de gobierno.

Una prórroga del presupuesto de 2013, como opción posible a la Ley que ha insinuado la Presidenta del Gobierno, Luisa Fernanda Rudi, no solo sería un ejercicio de dejación e irresponsabilidad política –al hipotecar la gestión de todos los Departamentos de la Administración con unas dotaciones previstas para las necesidades de un ejercicio distinto-, sino que cabría considerarlo como un fraude de ley, pues el incumplimiento del deber de aprobación del Proyecto de Ley respondería únicamente a la finalidad de impedir que su debate y enmienda en las Cortes de Aragón pueda poner en evidencia la debilidad política del Gobierno y su incapacidad para sacar adelante sus presupuestos, es decir, para establecer su acción política durante el próximo ejercicio.

El Gobierno de Aragón ha de cumplir sus obligaciones, y una de ellas, entre las más destacadas, es remitir a las Cortes de Aragón el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, algo que debería haber hecho antes del pasado 1 de octubre. No es razón válida para incumplir tal obligación la falta de garantía de que tales cuentas sean aprobadas, pues, si lo que se desea es constatar la permanencia de la mayoría parlamentaria que otorgó su confianza a la actual Presidenta del Gobierno, debiera plantearse la correspondiente cuestión de confianza que prevé el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de Aragón. De no hacerlo, el Gobierno no puede dejar sin presupuesto a la Comunidad, por simple cálculo político para su permanencia, y debe exponerse a que las Cortes modifiquen su propuesta de gasto, si la voluntad mayoritaria de la Cámara discrepa con el Proyecto presentado.