LA SOCIEDAD CIVIL DEBE EXIGIR UN CONTROL POLÍTICO DE LA GESTIÓN IRREGULAR DEL DINERO PÚBLICO.

Las actuaciones emprendidas por la Fiscalía Anticorrupción ante los indicios de actuaciones delictivas por parte de distintos responsables de la sociedad pública PLAZA y de las empresas urbanizadoras de la plataforma logística han sido, sin duda, la mayor sorpresa deparada por el mes de agosto en Aragón, estimándose una posible malversación de fondos públicos por un importe de 50 millones de euros. Una vez más, y esta vez con particular intensidad, una iniciativa de desarrollo económico impulsada desde una institución política, como es el Gobierno de Aragón, viene a quedar lastrada por la sospecha fundada de la corrupción.

Frente al fácil discurso de algunas fuerzas políticas – que se limitan a la vacía afirmación de “hay que dejar trabajar a la Justicia”-, creemos que las instituciones políticas de la Comunidad Autónoma, y en particular su Parlamento, han de abordar y analizar la situación detectada con los mecanismos propios del control parlamentario, pues no es posible que los representantes de los ciudadanos oculten que, además de un problema de legalidad, lo sucedido en Plaza representa un fallo “gravísimo” de funcionamiento en la gestión pública de un proyecto emblemático del anterior equipo de gobierno, en el que concurren necesariamente responsabilidades políticas.

Desfases millonarios en las ejecuciones de obras, como los señalados por la Fiscalía y ya puestos de relieve por parte del Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas, revelan una deficiente gestión de un proyecto público, que podría venir determinada –como parece apuntar la Fiscalía Anticorrupción- por la voluntad de enriquecimiento ilícito de los responsables directos de su ejecución, algo que debe ser investigado y que, de constatarse, no puede quedar impune, debiendo los beneficiarios reponer las sumas defraudadas, al margen de las restantes penas que les correspondan por su presunta actuación delictiva.

Noticias como la indicada vienen a reforzar la “sospecha” de esta Asociación sobre la corrupción oculta, y que ahora empieza a aflorar, que ha existido en todos estos años en numerosas actuaciones públicas de nuestra Comunidad Autónoma, pues el uso fraudulento y a la vista de todos que se hacía de los puestos de trabajo de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón –reducidos a simple prebenda para reconocer sueldos públicos a políticos afines- y las irregularidades cometidas, fruto de una negociación colectiva también fraudulenta, en el régimen retributivo de la función pública aragonesa –con el establecimiento de una inconstitucional “cláusula de revisión salarial”-  constituían indicios claros de una forma de entender la gestión de los recursos públicos, completamente al margen de la legalidad y de la ética pública.

Es deseable por ello que, aunque tarde, empiecen a salir a la luz las graves y numerosas irregularidades cometidas en la gestión pública durante la etapa de gobierno PSOE-PAR, y que la sociedad civil, particularmente en las circunstancias de dificultad que atraviesa nuestro país, reclame una investigación exhaustiva de lo ocurrido en la sociedad pública Plaza, la cual no debe limitarse a responsabilidades penales –tarea que corresponde, efectivamente, a la Justicia-, sino que ha de extenderse a responsabilidades políticas, en las que, lógicamente, habrán de explicar su actuación los altos cargos del Gobierno de Aragón que han ejercido responsabilidades en la dirección y control de la plataforma logística Plaza y de la sociedad que la ha impulsado y gestionado.

Por ello, esta Asociación –haciendo uso del derecho fundamental de petición, y con el aval que le concedió el Tribunal Constitucional en la sentencia que le otorgó amparo con motivo de una anterior petición dirigida al Parlamento autonómico- piensa dirigirse a las Cortes de Aragón para solicitar, al igual que determinadas fuerzas políticas y medios de comunicación, la constitución de una Comisión de Investigación que analice la gestión de la plataforma logística Plaza y determine las fallas de control producidas así como las posibles responsabilidades políticas de los altos cargos responsables de su dirección.

Al mismo tiempo, la Asociación se dirigirá al Gobierno de Aragón y a los Grupos Parlamentarios para solicitar el establecimiento de “códigos de buen gobierno corporativo” en el conjunto de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma, evitando que en su actividad el interés público se vea mediatizado por razones de intereses particulares o de clientelismo político.