ESCRITO A LOS SECRETARIOS GENERALES TÉCNICOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SOBRE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.

Desde la Asociación hemos querido informar directamente a las diferentes instituciones públicas de la Comunidad Autónoma sobre la importancia de los recientes autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con motivo de los incidentes de ejecución forzosa promovidos ante la falta de ejecución voluntaria de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y por el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón, anulando las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos.

Como directos afectados por dichas resoluciones, en su condición de responsables de personal en sus respectivos Departamentos, nos dirigimos hoy a los Secretarios Generales Técnicos,  solicitando su activa contribución al respeto del derecho de acceso a la función pública, tras haber sido condenado doblemente el Gobierno de Aragón por su conculcación.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito dirigido a los Secretarios Generales Técnicos de los distintos Departamentos:

“Zaragoza, 29 de julio de 2013.

Le dirijo el presente escrito, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para informarle de que, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a través de sendos autos dictados con motivo de los incidentes de ejecución forzosa promovidos por esta Asociación, ha requerido al Gobierno de Aragón para que, en el plazo de seis meses, adopte todas las medidas necesarias para proceder a la aprobación de nuevos Decretos de Oferta de Empleo Público de los años 2007 y 2011, en los que se incluyan, respectivamente, todas las plazas vacantes a 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2010, que se hallen cubiertas por funcionarios interinos, salvo que se prevea su efectiva amortización o estén reservadas a funcionarios de carrera con destino definitivo.

Dichos autos de ejecución forzosa se refieren a las sentencias firmes obtenidas por esta Asociación, como resultado de los recursos judiciales promovidos a través del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, como son la Sentencia de 29 de octubre de 2010, del Tribunal Supremo, por la que se anuló el Decreto de Oferta de Empleo Público para 2007, y la Sentencia de 10 de febrero de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la que se anuló el Decreto de Oferta de Empleo Público para 2011.

En ambas resoluciones judiciales se concluyó que la Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Aragón vulneraba el derecho fundamental de acceso a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, al no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, de acuerdo con lo que exigen tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Pese a que esta Asociación se dirigió en septiembre del pasado año al Consejero de Hacienda y Administración Pública, para solicitar la ejecución voluntaria de ambas sentencias firmes, la falta de respuesta de dicho Consejero nos obligó a acudir a los Tribunales el pasado mes de abril para instar su ejecución forzosa judicial, dando lugar así a los dos autos citados, en los que se requiere al Gobierno de Aragón dicha ejecución mediante la aprobación de nuevas Ofertas de Empleo Público para 2007 y 2011 en el plazo de seis meses.

Creemos que el conjunto de resoluciones judiciales dictadas, resultantes de la acción de defensa del acceso a la función pública llevada a cabo por esta Asociación, constituyen una desautorización de la política seguida en esta materia por parte del Gobierno de Aragón, y debiera dar lugar a una profunda reflexión de todos los órganos competentes en materia de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma sobre la necesidad de respetar la legalidad y garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos que afectan a la función pública.

Confiamos en que, desde ese Departamento, se contribuya a la restauración del derecho vulnerado mediante la correcta ejecución de las sentencias que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, y a la garantía futura del derecho de acceso a la función pública, ajustando la aprobación y el contenido de las Ofertas de Empleo Público a lo previsto en la Ley, en los términos señalados por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 29 de octubre de 2010.

Agradeciéndole de antemano su atención, reciba un atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”