ANTE EL INICIO DE UN NUEVO CURSO.

Concluye el paréntesis estival, y la llegada del mes de septiembre marcará, en breve, el comienzo de un nuevo curso académico y político. Hemos alcanzado el ecuador de la presente legislatura, lo que sin duda nos permite tener ya una idea aproximada del balance y las perspectivas de la labor del actual equipo de gobierno en la Comunidad Autónoma. Las expectativas que pudiéramos albergar sobre medidas de regeneración de la vida pública han quedado defraudadas y servidores públicos y sociedad civil debemos impulsar, con absoluta determinación, todas las exigencias necesarias de cambio, para suplir la falta de iniciativa política.

El nuevo curso que dará comienzo el próximo mes de septiembre es un año importante para esta Asociación, pues son numerosos los temas que se acordaron en la pasada asamblea general para ser impulsados en estos próximos meses.

La restauración del derecho de acceso a la función pública –tras las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que obligan al Gobierno de Aragón a ejecutar las sentencias firmes en materia de Oferta de Empleo Público- va a ser una de las cuestiones centrales en este nuevo curso, y esta Asociación está empeñada en abrir una nueva línea de debate sobre la idoneidad y la constitucionalidad de las “tasas de reposición de efectivos” que incluyen todos los años, desde 1995, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, limitando indebidamente el pleno ejercicio del derecho de acceso a la función pública.

Desconocemos el futuro que pueda aguardar al borrador de Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, elaborado por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, cuyo contenido nos parece claramente insatisfactorio, resultando difícil obtener los acuerdos y consensos necesarios para sacar adelante un texto como el actualmente disponible. Con independencia de ello, desde nuestra Asociación vamos a seguir demandando el respeto a la legalidad en materia de función pública a los distintos órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma y a las entidades locales aragonesas, y vamos a tratar de poner freno al actual abuso de la libre designación como fórmula de provisión de puestos de trabajo, tratando de eliminarla en aquellos ámbitos en que se ejercen tareas de control y fiscalización, como son la Intervención General o la Inspección General de Servicios.

A lo largo del nuevo curso impulsaremos, en los diferentes niveles de responsabilidad pública –autonómica, estatal y europea- iniciativas a favor del compromiso ético de los servidores públicos, propugnando el desarrollo y la implantación de mecanismos de prevención y sanción de la corrupción pública como los previstos por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, ratificada por España en 2006.

Buscaremos, en los próximos meses, la convergencia con otras asociaciones de funcionarios o de la sociedad civil para llevar a cabo medidas que devuelvan a la función pública el papel fundamental que le corresponde en un Estado de Derecho y que expresamente le encomienda la Constitución Española.