Una
vez resueltas las primeras convocatorias de concursos de méritos para la
provisión de puestos de trabajo, aún pendientes de publicación en el Boletín
Oficial de Aragón, y aunque la fecha de efectividad de la resolución quede
demorada al día 9 de septiembre, no es posible dejar de considerar el fuerte
impacto que tal resolución va a tener en el normal funcionamiento de las
unidades administrativas, por la falta de continuidad en muchos casos de
quienes han venido desempeñando, de forma provisional, los puestos de trabajo
convocados. Son muchos puestos, además, los que quedarán vacantes como
resultado del cambio de destino de sus titulares, con la consiguiente
complicación para su nueva cobertura.
Desconocemos
el grado de previsión por parte de la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios para minimizar el impacto de tanto traslado en el
funcionamiento normal de la organización, o las medidas que desde las
respectivas Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos puedan
adoptarse, pero parece, a primera vista, que el impacto en la gestión de las
diferentes áreas va a ser notable, y ello produce inevitablemente la impresión
de que no se han conjugado suficientemente los diferentes intereses en juego,
como son las expectativas de carrera de los funcionarios y la eficacia de la
gestión pública.
La
obsesión por terminar con la provisionalidad en el desempeño de los puestos de
trabajo ha impedido, más allá de una improvisada adjudicación de áreas funcionales
a los puestos de trabajo -que difícilmente habrá asegurado la especialización
funcional de los candidatos-, modular y equilibrar la movilidad interna, y
preservar el desarrollo eficiente de la actividad administrativa.
En
todo caso, la desidia de los anteriores responsables de Función Pública en el
cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de provisión de puestos de
trabajo constituye la principal causa de que las convocatorias de concurso
realizadas –sin apenas escalonamiento temporal- tengan ahora un impacto
indeseable en el funcionamiento de la organización y en la garantía del interés
superior en toda política de personal, como es asegurar el funcionamiento
eficaz de los servicios públicos.
No
obstante, todo parece indicar que el impulso de la gestión pública y el
deseable mantenimiento de los equipos existentes en cada área de gestión no son
aspectos que preocupen ni interesen demasiado al actual Gobierno de Aragón, y la política
de personal que se aplica es un buen ejemplo de ello.
ResponderEliminarBueno, cualquier escenario era difícil de gestionar.
Siento discrepar, por una vez, de la Asociación. La D.G. de la Función Pública ha cumplido con su obligación al convocar los concursos, intentando reducir la escandalosa provisionalidad existente en la cobertura de puestos de la Administración General de la C.A. (¡un 48%!).
ResponderEliminarEsperemos que a partir de ahora se establezca un calendario fijo, estable, de convocatorias de concursos de méritos que imposibilite una situación tan desastrosa como la anterior.
ResponderEliminarPrecisamente por escandalosa, había que hacerlo con tiento. ¿Qué organización seria pone en danza el 48% por ciento de sus puestos de estructura?
Otras administraciones convocan macroconcursos en todo el país y no pasa nada porque el funcionamiento y la tramitación administrativa son igual en todo el territorio. Aquí existe una fragmentación tal que si se traslada un funcionario se hunde el Servicio, Sección o Negociado. Llevo una década en esta administración a la que fue transferido el organismo en el que estaba y sigo añorando el funcionamiento de mi administración de origen, con sus luces y sombras. Algo no funciona en nuestra actual administración, debe cambiar la cultura administrativa, hay que trabajar pensando que un día nosotros no estaremos en ese puesto y el compañero que nos sustituya debe tener toda la información y formación.
ResponderEliminarMucho trabajo tienen en la Dirección General de Función Pública. Los concursos son la forma normal de provisión y deben seguir adelante para que los funcionarios que estamos en nivel mínimo, que no pedimos o no nos dan comisiones de servicio y libres designaciones tengamos alguna posibilidad de progresar en nuestra escasa carrera profesional
Coincido totalmente con Luis.
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ResponderEliminar¿Y cuál era antes de los concursos?
ResponderEliminarNo creo que nadie sea capaz de defender que no se hagan concursos, pero el ir de un extremo al otro, de no hacer a convocarlo todo de golpe, es lo que estresa a una organización, o al menos es lo que me parecido que se quería resaltar en la nota del blog.
ResponderEliminar¿No se ha desatendido un poco la deseable continuidad de la gestión?
ResponderEliminarA mí me extraña la gran cantidad de puestos que han quedado desiertos.
Entiendo unos y otros comentarios. Pero creo que lo que ha querido destacar la nota es que, siendo absolutamente irrenunciable el concurso como forma normal y habitual de provisión, la absoluta ausencia de concursos en épocas anteriores puede provocar una disfunción indeseable en el momento presente. Lo de aquellos polvos y estos lodos.
ResponderEliminarA mí también me causa mucha, mucha sorpresa el encontrar taaaantos puestos desiertos. Puestos de técnicos de gestión o administradores superiores, de niveles 26. ¿todos los que han concursado han obtenido un puesto?
Estoy de acuerdo con el funcionario transferido. Yo también hecho en falta mi administración de origen. La Administración de la Comunidad Autónoma ha fomentado la comisiones de servico, como forma de tener al personal agradecido.
ResponderEliminarEl funcionario no tiene que estar agradecido a nadie, tiene que ser un servidor público y cumplir con su trabajo al margen de partidos políticos y sindicatos.
Además, claro que son necesarios los concursos y deben instaurarse cada dos años.
Lo que yo me pregunto, los puestos que queden vacantes en el concurso, se amortizaran o volveran a darse en comisiones de servicio a dedo.