ACCESO Y DESEMPEÑO: LAS DOS CLAVES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Esta Asociación ha puesto mucho énfasis, a lo largo de todos sus años de actividad, en el restablecimiento de la legalidad en materia de acceso a la función pública, al entender que la degradación del régimen de ingreso en la función pública constituía una estrategia deliberada de debilitamiento de los principios constitucionales de igualdad y mérito, en el que sumaban sus intereses sindicatos y partidos políticos, en una voluntad compartida de patrimonialización e instrumentalización de lo público.

Había un convencimiento, y se evidenció en los procesos judiciales promovidos por esta Asociación, en los que sindicatos y Gobierno hicieron causa común, de que alterar las reglas constitucionales del juego y suplantarlas por acuerdos o negociaciones podía producir beneficios para algunos, al permitir un control mayor sobre el personal al servicio de la Administración Pública, y, sobre todo, al crear una Administración de castas –con una clara diferenciación entre fijos e interinos-, en la que los primeros veían acrecentadas sus posibilidades de promoción, tanto en concursos como en procesos independientes de promoción interna, ante la falta de concurrencia, por el elevado número de personal interino.

Confiamos en que todas las patologías derivadas de un sistema degradado de ingreso en la función pública, como el que hemos venido sufriendo en estos años pasados, se vayan superando con el restablecimiento de la legalidad en materia de acceso al empleo público, tras las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, aunque seguiremos vigilantes para que no se produzcan nuevos retrocesos.

Pero, lógicamente, y aunque hay quienes, de forma equivocada, consideren que el haber superado una oposición justifica cualquier comportamiento posterior en el ejercicio de la función pública, el ingreso en la función pública no es el final de ningún proceso –más allá del propio proceso selectivo-, sino justamente el inicio de un desempeño profesional de la función pública que ha de ejercerse con sujeción a los principios de objetividad, servicio al interés general, legalidad, eficacia y eficiencia, entre otros. La condición de servidor público, tras la superación del proceso selectivo correspondiente, ha de ganarse en el correcto desempeño de la función pública, y solo este correcto desempeño justifica la conservación de la misma. Quien olvida los valores y principios de la función pública, a lo largo de sus años de desempeño, debería abandonar la función pública, y así ha de asegurarlo el régimen disciplinario. La inamovilidad no es un privilegio, sino una garantía para cumplir los principios que rigen el desempeño de la función pública, y quien abandona los principios y se acoge a la inamovilidad, como estricto privilegio de fijeza laboral, debería ser expulsado de la función pública.

Es decir, la igualdad y el mérito han de asegurar el ingreso en la función pública, pero la permanencia en la misma ha de estar condicionada al correcto desempeño de dicha función –al cumplimiento de los deberes del servicio público, al respeto del régimen de incompatibilidades, a la estricta neutralidad frente al poder político-, pues la función pública ha de actuar como contrapoder legal frente al poder político, pero desde el compromiso con el ordenamiento jurídico y no desde posiciones sectarias o partidistas que vulneran el deber de imparcialidad política de los funcionarios y el principio de “eficacia indiferente” al que han de quedar sometidos.

Por ello, ordenar las condiciones de desempeño de la función pública, los criterios de movilidad, de provisión de puestos de trabajo o la progresión en la carrera profesional, son esenciales para asegurar una función pública profesional y plenamente comprometida con la legalidad. En este ámbito, el uso abusivo de la libre designación o la proliferación de la comisión de servicios como mecanismo de acceso a puestos de jefatura, dentro de la estructura administrativa, han marcado también las condiciones de desempeño de muchos puestos de trabajo, agravando la situación que las altas tasas de interinidad habían ya generado en la función pública. Necesitamos, por lo tanto, una doble estrategia de regeneración de la función pública, que apunte tanto a las condiciones de ingreso como a las condiciones de desempeño, y en ambos casos los criterios a seguir vienen claramente determinados por la propia Constitución, de la que tanto sindicatos como responsables políticos han preferido olvidarse en todos estos años de continua degradación.