SIN VOLUNTAD DE RECTIFICAR NO HAY REGENERACIÓN.

Uno de los signos más preocupantes de la situación actual de la función pública –más allá de los retrocesos en las condiciones de trabajo, muchas de ellas carentes de justificación social-, es la falta de voluntad de los responsables de función pública para corregir los reiterados incumplimientos de la ley en materia de selección o de provisión de puestos de trabajo, lo que evidencia, en última instancia, una negación u olvido del modelo constitucional de Administración Pública y de la necesaria ordenación de la función pública para hacerlo realidad.

No solo no se han ejecutado las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que condenaban al Gobierno de Aragón por vulnerar el derecho fundamental de acceso de los ciudadanos a la función pública, sino que, ignorando los pronunciamientos de ambos Tribunales,  no se ha aprobado oferta de empleo público en 2012 ni en 2013, reincidiendo en la citada vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como si la inaplicación de la Ley pudiera ser una opción posible en la gestión de la función pública. No puede extrañar que quien actúa así, desobedeciendo a los Tribunales, no dé valor alguno a las peticiones de los ciudadanos –así, las de esta Asociación- que demandan un respeto de la legalidad en materia de provisión de puestos de trabajo.

Ese es el signo más grave del momento actual que vivimos, pues los responsables políticos suelen barajar entre las opciones posibles a un problema el incumplimiento de la Ley, olvidando con ello cuál es su primera obligación como titulares de un poder público, al que se llama ejecutivo precisamente porque tiene como misión la de ejecutar o aplicar las leyes, y no inaplicarlas o incumplirlas. Tienen un pobrísimo concepto del Estado de Derecho aquellos que creen que éste se limita a la posibilidad de los ciudadanos de reclamar el amparo de los Tribunales ante una decisión de la Administración Pública contraria a la ley. El Estado de Derecho comienza, necesariamente, por la vinculación del Gobierno y de la Administración a las leyes y por su obligado respeto, algo que ya vemos no se da en el Gobierno de Aragón en lo que concierne al derecho de acceso a la función pública.

No hay regeneración política ni democrática posible que no pase, en primer lugar, por la restauración del principio de legalidad, por el pleno sometimiento de todos los poderes públicos al ordenamiento jurídico. La transparencia no es un sustitutivo de la legalidad, sino un obligado complemento, para que nuestras instituciones rindan cuentas de su gestión ante los ciudadanos y éstos puedan ejercer en forma debida el control del ejercicio del poder político.

No hay calidad posible, no hay credibilidad ni confianza viables si las instituciones públicas –y, en concreto, el Gobierno de Aragón- no comienzan por asegurar el respeto de la legalidad y garantizar la realización de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Administración profesionalizada y democrática que diseña nuestra Constitución pasa, necesariamente, por asegurar el reclutamiento de sus miembros por un principio de mérito y capacidad a través de procesos selectivos públicos, en los que se garantice la igualdad de acceso de todos los ciudadanos. Todo ello se ve negado de forma reiterada cuando se vulnera de manera sistemática la obligación de aprobar anualmente las ofertas de empleo público de las diferentes Administraciones Públicas o en ellas no se incluyen la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, como exigen tanto el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Se equivoca el Gobierno de Aragón, y en especial su Consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, si cree que con su contumacia en la vulneración de las normas va a conseguir el desistimiento de esta Asociación en su compromiso por hacer respetar el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública.  Si acaso algunos han olvidado su primera obligación como responsables públicos –cumplir la ley-, esta Asociación no va a olvidar su compromiso con la defensa de la legalidad y la profesionalidad de la función pública.