NACE UNA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN.

El pasado día 31 de mayo se presentó públicamente, en la Asociación de la Prensa de Madrid, una nueva organización de la sociedad civil promovida por destacados profesionales para la lucha contra la corrupción y la defensa de la regeneración social. Su presidenta es Elena Vicente Rodríguez, Subdirectora Técnica del Departamento de Empresas Estatales del Tribunal de Cuentas y Presidenta de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA).

Según se definen en su propia página web, ACCORS (Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social) es una asociación sin ánimo de lucro constituida para combatir la corrupción y las actuaciones irregulares detectadas en cualquier entorno y forma, para potenciar un ejercicio ético y responsable de la política, y para promover un control efectivo de la actividad pública.

Celebramos la aparición de entidades directamente comprometidas con la lucha contra la corrupción pública y privada y esperamos ser capaces de establecer mecanismos de colaboración en fechas próximas, que nos permitan avanzar en el desarrollo de un programa de refuerzo de la ética pública y en el establecimiento de una estrategia anticorrupción que incorpore a nuestra ordenación institucional elementos previstos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003.

Para todos los interesados, reproducimos aquí los objetivos de la nueva Asociación, tal como se enuncian en su página web (www.accors.es):

El objetivo prioritario es la lucha contra la corrupción y conseguir una regeneración social.

Para ello podrá:

1 - Denunciar todas aquellas situaciones de corrupción y prácticas irregulares de las que tenga conocimiento en todos los ámbitos.

2 - Exigir un ejercicio ético y responsable de la política y de las instituciones públicas y privadas a nivel local, autonómico, nacional y europeo y denunciar públicamente las que se conozcan en cada uno de estos ámbitos.

3 - Demandar de todos los órganos de los Partidos políticos un decidido, eficaz y sostenible posicionamiento contra la corrupción y sobreponer siempre los intereses generales de la nación por encima de los partidarios y personales.

4 - Verificar que las Organizaciones Empresariales y Sindicales en todos sus ámbitos y sectores, centran su labor institucional y operativa en la defensa de los intereses generales y que su actuación es transparente y contraria a cualquier tipo de corrupción.

5 - Reclamar de los empresarios, autónomos y trabajadores en su gestión profesional, relaciones laborales y en la de estos con sus clientes y proveedores, un permanente posicionamiento anticorrupción y de denuncia de tales prácticas.

6 - Instar iniciativas legislativas más eficaces para restringir, impedir las prácticas corruptas y que requieran un mayor control, vigilancia y transparencia incluida la exigencia de responsabilidades personales asociadas a las transacciones con dinero público entre empresas y entes privados y las Administraciones y empresas públicas, así como en la aprobación de los presupuestos de obras e inversiones públicas y sus posteriores ajustes y liquidación.

7 - Definir y promocionar códigos de buenas prácticas y sensibilizar a la sociedad civil para su asunción y cumplimiento a nivel social y personal.

8 - Reclamar de todos los servidores de las instituciones, entes y empresas públicas un decidido y permanente posicionamiento anticorrupción y así como la denuncia de tales prácticas, de descubrirse en su propio entorno profesional o de cualquiera de las Administraciones Públicas.

9 - Promover una participación social que permita garantizar la transparencia en la vida institucional y el control efectivo de la actividad pública.