La
provisión de puestos en la
Administración autonómica no deja de superarse día a día,
alcanzando nuevas cotas de arbitrariedad. Si recientemente, un funcionario de
prisiones, destinado en la cárcel de Daroca y vinculado al Partido Popular, pasaba a desempeñar el puesto de
Director Provincial de Zaragoza del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
en virtud de una injustificada y criticable comisión de servicios de carácter
interadministrativo, la última novedad es la incorporación de un hostelero
oscense, mediante contrato laboral de alta dirección, a un
centro de atención a menores, también adscrito al Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, precisamente a la Dirección Provincial
de Zaragoza.
La
política de personal se torna así disparatada e ilógica, pues sólo responde al
capricho de un ser superior, que se sitúa por encima de las normas de
funcionamiento de las instituciones públicas –fruto de la voluntad general- y
actúa como Deus ex machina, trayendo a escena personajes inverosímiles e imponiendo su voluntad personal. Quien no sabe dirigir una organización compleja y delicada como es la Administración
Pública de manera respetuosa –con sujeción a las normas-, pretende mandar e imponer su decisión política, logrando que toda la
organización se doblegue. No es posible, sin embargo, admitir esa forma de
dirección en el ámbito de los servicios públicos.
Es
preocupante que se generalice la utilización de la figura del contrato de alta
dirección, para colocar al frente de centros de servicios sociales de titularidad
pública a personas carentes de la cualificación más básica para su desempeño,
ya sea de titulación, especialización o experiencia.
Resulta,
además, claramente provocador para los empleados públicos, y en especial para
los profesionales de los servicios sociales, que simultáneamente a los
proyectos de cierre de centros residenciales, con despidos de trabajadores
verdaderamente cualificados, se contrate para dirigir un centro de atención a
menores –antes sucedió en centros de mayores- a una persona ajena a la función
pública, extraña al ámbito de los servicios sociales y sin cualificación para
desempeñar dicho puesto de responsabilidad. No se puede despedir a las personas
cualificadas –como sucede en diferentes ámbitos de los servicios sociales-,
alegando objetivos de contención de gasto, y a continuación colocar de forma
irregular y arbitraria a personas sin cualificación en puestos de dirección. El
desprecio a las personas y a la institución no puede ser mayor.
El
pasado 13 de mayo esta Asociación se dirigió al Consejero de Hacienda y
Administración Pública, José Luis Saz, para solicitar que se adopten las
medidas necesarias, en primer lugar, para garantizar la publicidad de los
contratos de alta dirección suscritos en el ámbito de los Departamentos y
organismos públicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma,
mediante la publicación de la provisión de los respectivos puestos en el
Boletín Oficial de Aragón, al igual que se hace en los restantes supuestos de
cobertura definitiva de puestos de trabajo; y, en segundo lugar, para que el
Departamento de Hacienda y Administración Pública revise el actual régimen de
utilización del contrato de alta dirección para la cobertura de puestos de trabajo de la Administración
autonómica, valorando la procedencia de su utilización y promoviendo en su caso la supresión de tal posibilidad o la estricta regulación de los supuestos y
de los requisitos a satisfacer para su utilización, al objeto de asegurar el
respeto a la legalidad y el cumplimiento de los principios de igualdad,
publicidad, mérito y capacidad.
Lo
sucedido en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales no hace más que
reforzar la inaplazable necesidad de reaccionar frente a un nuevo abuso por
parte de los miembros del Gobierno de Aragón para patrimonializar, a favor de
amigos o allegados, personales o políticos, puestos públicos, cuya provisión ha
de efectuarse por profesionales de la función pública, seleccionados por
principios de igualdad, mérito y capacidad.
ResponderEliminarDeus ex machina (lat. AFI: [ˈdeːus eks ˈmaːkʰina]) es una expresión latina que significa «dios de la máquina», traducción de la expresión griega «απò μηχανῆς θεóς» (apò mēchanḗs theós). Se origina en el teatro griego y romano, cuando una grúa (machina) introduce una deidad (deus) proveniente de fuera del escenario para resolver una situación.
ResponderEliminarEsta expresión latina, traducción de la griega απò μηχανῆς θεóς era una mera indicación técnica teatral, donde se indicaba el momento en el que un mecanismo de poleas introducía en escena un personaje divino para resolver un acontecimiento clave de la trama. Esta expresión ha sido retorcida hasta tal punto que ha acabado por adquirir diversos significados, empleándose para introducir un personaje o un elemento ajeno a la trama principal mediante el cual se acaba explicando una situación que aparentemente no tenía salida.
ResponderEliminarEn algunas tragedias euripideas al final de la obra suele aparecer la figura del deus ex machina: divinidad que resuelve la trama de la obra.
ResponderEliminarLo dice Comisiones Obreras:
El Gobierno de Aragón contrata como Director de la Residencia "Juan de Lanuza" del IASS al gestor hotelero José Manuel Lacasa Barrionuevo
ResponderEliminarSabíamos que los hoteles aragoneses pasan por un momento de crisis pero desconocíamos que fuera tan profunda como para exigir un plan de recolocaciones de sus directivos a través de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Hace unos meses fue la dirección de la Residencia “Sagrada Familia” la que recibía como Director a un conocido hostelero oscense en situación de desempleo y ahora es la Residencia de Menores “Juan de Lanuza” la que tiene la fortuna de contar con un hombre con amplia experiencia en la gestión de hoteles José Manuel Lacasa Barrionuevo (http://es.linkedin.com/in/jmlacasa).
Ignoramos si la decisión de contratarle para un puesto susceptible de ser ocupado por un funcionario de los grupos A1 y A2 de cualquier Administración Pública (RPT 10798) mediante el procedimiento de libre designación se debe a que no se ha encontrado a ningún funcionario capacitado para ocuparlo o más bien se debe a una total falta de respeto hacia los trabajadores públicos y los usuarios de los servicios públicos afectados.
Más bien creemos que se trata de lo segundo. Un paso más en la política de privatizaciones y colocación de amigos del Partido o de sus dirigentes con absoluto desprecio hacia la ciudadanía y hacia los trabajadores públicos.
Un puesto como el que nos ocupa (bueno a nosotros nos preocupa y él lo ocupa) requiere una experiencia en el servicio público que no consta en el curriculum de Lacasa Barrionuevo. Ignoramos cuáles son sus méritos pero desde luego no es la gestión de servicios públicos ni la experiencia en el trabajo con menores en situación de desprotección.
CCOO exige al Gobierno de Aragón que aclare de forma inmediata cómo se ha producido la contratación y en qué condiciones. Todo apunta a un estilo de producción de puestos desviado del propósito de legalidad y aprovechamiento de los recursos humanos de la Administración anunciado por los Responsables de Función Pública a comienzos de la legislatura.
CCOO solicita que proceda a proveer el puesto de Director de la Residencia “Juan de Lanuza” mediante el procedimiento previsto en la RPT y con absoluto respeto a los principios constitucionales.
CCOO
ResponderEliminarLa Junta de Personal del IASS está al tanto de esto?
ResponderEliminarHace algo por corregirlo?
ResponderEliminar¿Cómo se reacciona frente a esto? ¿Con una queja ante el Justicia de Aragón? ¿Una carta a la Presidentea?
ResponderEliminar¿Personajes inverosímiles?
Quieren acabar con los servicios sociales?
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ResponderEliminarMás de lo mismo, ¿a quién sorprende?
ResponderEliminarEsta nota, flojica.
Hay mucho más que sacar a relucir en este terreno, y habrá que hacerlo antes o después, para poner coto a la arbitrariedad y el sectarismo.
ResponderEliminarEn El Periódico de Aragón:
UN NUEVO colectivo, la Plataforma para la Defensa de las Personas Mayores de Aragón (Plademar), ha echado a andar para ser un referente en la defensa de los derechos y por la dignidad de las personas de avanzada edad. Su primera tarea consistirá en manifestar su rechazo a la intención del gobierno de cerrar la residencia de mayores de Movera. Consideran que sería una muestra más de los recortes aplicados a la ley de la Dependencia. Además, instan al gobierno a poner en marcha la residencia de Utebo y que sea íntegramente de gestión pública. Plademarparticipará en la carrera que se celebra hoy y cuya meta se encuentra en la residencia
ResponderEliminarVaya plaga:
Una de las causas de la ruina de la ciudad de Jerez ha sido el enchufismo inmisericorde de dos de sus ex alcaldes, el andalucista Pedro Pacheco que presumía de haber colocado a mil personas a dedo y, posteriormente, la ex alcaldesa socialista, Pilar Sánchez. Ahora, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez, Aránzazu Guerra, ha ordenado la apertura de juicio oral contra Pilar Sánchez (PSOE) por la contratación irregular de cinco compañeros de partido en el Ayuntamiento entre 2005 y 2011. De los cinco, dos fueron agraciados con contrato de alta dirección y tres con contratos laborales.
Dos informes de la Fiscalía solicitaban el archivo de la causa. Tres de estas supuestamente irregulares contrataciones fueron consideradas legales por el fiscal Anticorrupción de Cádiz por haber tramitado por la oficina municipal de contratación. Lasa otras dos las consideró adecuadas dentro del marco de confianza que asiste a una alcaldesa para contratar a personal cercano.
Pero la juez Guerra afirma en su auto de procesamiento que Sánchez "ordenó la contratación de determinadas personas afines política o personalmente sin que se cumplan los requisitos exigibles legalmente para tales contrataciones". Según la juez, los amiguetes de la ex alcaldesa carecían de capacitación y su proceso de selección contuvo importantes "irregularidades". Sánchez deberá responder de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Curiosamente, no fue el Partido Popular el que denunció los hechos sino el exalcalde jerezano y antiguo socio de gobierno de Sánchez, Pedro Pacheco. Su denuncia fue contra Sánchez por la contratación presuntamente irregular de 32 personas. La misma juez Guerra declaró legales 27 de estos contratos hace un año, incluyendo el contrato del propio marido de Pilar Sánchez que pasó de guardaespaldas a jefe de gabinete de Alcaldía. Ahora, considera irregulares los cinco contratos restantes.
Un caso lamentable: el 70 por ciento de los empleados no ha hecho oposición alguna
Tampoco es nuevo el asunto. La propia Pilar Sánchez, dice El País, ha salido indemne de otro proceso similar y denunció a Pacheco en los juzgados por colocar a dedo a dos compañeros de partido en sociedades municipales para realizar trabajos que no constan. La Fiscalía ha pedido 17 años de cárcel para el exalcalde. Los tres alcaldes de la democracia en Jerez se han acusado mutuamente de colocar a personal afín a dedo.
A nadie extraña en estas circunstancias que más del 70% de los empleados municipales en el Ayuntamiento de Jerez han accedido al cargo sin opositar.
ResponderEliminar¿Cómo denunciar ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?
Toda persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran constituir infracción en materias competencia de la ITSS (laboral, seguridad y salud laboral, seguridad social, empleo, etc.) puede reclamar los servicios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social . A estos efectos se consideran infracciones en el orden social las acciones y omisiones de los sujetos responsables (personas físicas o jurídicas y comunidades de bienes) tipificadas y sancionadas en la normativa del orden social. Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves y se sancionan a propuesta de la Inspección de Trabajo, previa instrucción del oportuno expediente y conforme al procedimiento administrativo especial establecido en el ico_pdf Real Decreto 928/1998 , por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social.
Dichos servicios se deben solicitar a través de denuncia por escrito en las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social. En ningún caso se admiten denuncias presentadas mediante el correo electrónico de esta WEB.
ResponderEliminarSegún el artículo 9.1.f del citado Real Decreto 928/1998, el escrito de denuncia deberá contener:
datos de identificación personal del denunciante y su firma
los hechos presuntamente constitutivos de infracción
fecha y lugar de su acaecimiento
identificación de los presuntamente responsables
demás circunstancias relevantes
ResponderEliminarEl citado artículo añade que las denuncias anónimas no se tramitarán así como las que se refieran a materias cuya vigilancia no corresponde a la Inspección, las que manifiestamente carezcan de fundamento o resulten ininteligibles, ni las que coincidan con asuntos de que conozca un órgano jurisdiccional.
El denunciante no tendrá la consideración de interesado en esta fase de actividad inspectora previa sin perjuicio de que, en su caso, tengan tal condición en los términos del artículo 31 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común una vez que se inicie el expediente sancionador o liquidatorio.
El artículo 10 del citado Reglamento señala el deber de los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de guardar secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo, así como sobre los datos, informes, origen de las denuncias o antecedentes de que hubieran tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar la actuación inspectora.
Parece que los amigos de Oliván tienen el IASS a su disposición. Cómo puede suceder algo así?
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ResponderEliminarEl colectivo Marea Naranja convocó ayer a un debate y posterior concentración en la Casa Amparo para "alertar" sobre la "situación de peligro que amenaza la Ley de Dependencia". Al acto acudió José Manuel Ramírez, de la asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Palmira Castellano de la plataforma de la Dependencia de Valencia así como personas afectadas por los recortes en el sistema de atención a la dependencia.
Crece la simpatía por la marea?
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